PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
	CONSEJO DE ESTADO
		SECCIÓN SEGUNDA
			2017
				CE SII E 740 de 2017 - Las medidas cautelares juegan un papel preponderante en el proceso contencioso administrativo para garantizar que la sentencia y concretamente las órdenes que en ella se impartan, así como las consecuencias que de ella se deriven, tengan aplicación real y efectiva. Su esencia radica en el trámite que debe dársele a la solicitud como quiera que en estos casos no se requiere notificar o escuchar previamente a la contraparte, ni correr el traslado al que alude el artículo 233 del CPACA para que el juez pueda decidir, lo cual se explica por la imperiosa necesidad de que haya un pronunciamiento inmediato según la necesidad del caso concreto, siendo necesario que el peticionario asuma la carga argumentativa necesaria para lograr demostrar la urgencia en acudir a la protección cautelar de los intereses en juego - Decretar la medida cautelar de urgencia consistente en ordenar a la Procuraduría General de la Nación, que se abstenga de realizar la evaluación del desempeño laboral de quienes se encuentren en periodo de prueba como consecuencia de su participación en el proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales I y II a la que alude el artículo 22 de la Resolución 040 del 20 de enero del 2015, hasta tanto se profiera sentencia definitiva en el presente asunto.
			2016
				CE SII E 21502015 de 2016 - Régimen de transición entre Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo-las demandas y procesos que se instauren desde el día 2 de julio del 2012 (fecha de vigencia CPACA) estarán regidos por el CPACA y que a los procesos y actuaciones surtidos con antelación a esta fecha se les debe aplicar el Decreto Ley 01 de 1984, hasta su culminación
				CE SII E 12912014 de 2016 - Subsección del Consejo de Estado varía enfoque sobre imposición de costas en procesos administrativos, la Subsección A sostenía que el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 no implicaba la condena de manera automática u objetiva frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Lo anterior a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el operador judicial debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión. No obstante lo anterior, una sentencia reciente de la Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del consejero William Hernández Gómez, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas, incluidas las agencias en derecho, al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes como temerarias o de mala fe. Según el fallo, se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo establece el Código General del Proceso
		SECCIÓN TERCERA
			2022
				CE SIII E 60145 de 2022 - Carece de validez probatoria la declaración de representantes de entidades públicas en procesos en que estas son parte. "La declaración de parte y el testimonio son especies del género probatorio denominado declaración. Difieren en cuanto a la calidad de la persona que declara. El testimonio proviene de un tercero ajeno a la controversia y la declaración de parte de quienes conforman uno de los extremos del proceso, es decir, es una versión de parte interesada. […] La declaración de parte solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 CPC, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria. […] El artículo 199 CPC establece que no tendrá valor probatorio la confesión espontánea o provocada -mediante interrogatorio de parte- de los representantes de la nación, los departamentos, los distritos, los municipios y los establecimientos públicos. […] La prueba de confesión se opone al interés general que persiguen este tipo de entidades gobernadas fundamentalmente por el derecho público. Esta forma de declaración no es válida en esos eventos, porque no es compatible con la naturaleza eminentemente pública de estas entidades, pues afecta el interés colectivo que está en juego. En estos casos, los agentes del Estado no tienen disponibilidad objetiva o poder dispositivo sobre el derecho que resulte confesable (art. 195.1 CPC). En definitiva, por virtud de esta norma de orden público (arts. 16 CC y 6 CPC) la Administración -en estos casos- no puede comprometer su responsabilidad mediante confesión. Y ello es así, porque en este tipo de entidades es claro que no pueden renunciarse derechos, pues no miran solo el interés del renunciante (art. 15 CC). Conforme al artículo 199 CPC, al representante administrativo de las entidades previstas en ese artículo solo le podrá pedir que rinda un informe escrito. El Código General del Proceso, sin embargo, extendió la prohibición de confesión a todo tipo de entidad pública, sin importar el régimen jurídico al que estén sometidas (art. 195). Como [L.M.A.S.] era la secretaria de salud del Departamento de Antioquia -demandada en este proceso- su declaración no puede valorarse como testimonio, sino como declaración de parte. Se trata, entonces, de un medio probatorio sin validez alguna, pues la declaración de parte se aprecia si cumple los requisitos de la confesión judicial y la Administración no puede comprometer su responsabilidad mediante confesión."
			2016
				CE SIII E 55953 de 2016 - Jueces administrativos no pueden extralimitarse de su marco de discrecionalidad en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares les es exigible que la decisión judicial debe estar motivada, debe estudiar los elementos de procedencia de la medida y debe hacer un estudio de ponderación de los subprincipios integradores de idoneidad
		SECCIÓN QUINTA
			2023
				CE SV E 21 de 2023 - Delegación de la representación judicial de entidades públicas debe constar por escrito debidamente firmado, sin perjuicio de la posibilidad de conceder la oportunidad de subsanar dicho requisito omitido en el acto de contestación de la demanda. "[T]ratándose de poderes es posible otorgarlos a través de mensajes de datos sin necesidad de firma, basta con la sola antefirma para que se entiendan debidamente conferidos [Ley 2213 de 2022, art. 5], sin embargo, no ocurre los mismo con los actos de delegación los cuales, al ser actos administrativos deben cumplir con los requisitos de existencia y validez de aquellos para poder ser tenidos en cuenta. Por lo tanto, como en el presente evento la resolución de delegación de representación judicial del Consejo Nacional Electoral fue inicialmente radicada sin firma dentro del presente proceso, no se le podían conceder los efectos pretendidos por el recurrente en un inicio, independientemente de que de su lectura se dedujera que se trataba de la delegación efectuada por la presidente de la corporación a una abogada en este asunto. […] No obstante, se debe tener en cuenta que junto con el escrito de recurso se aportó la referida Resolución […] debidamente firmada, por lo que es claro que se subsanó la falencia formal que motivó la decisión bajo estudio. Frente a la oportunidad para "subsanar" la contestación de la demanda […], la parte actora cuenta con la oportunidad legal para enmendar los defectos formales con que presente su demanda e incluso, para corregir las falencias evidenciadas a través de las excepciones, mientras que para la parte demandada, en principio, no existe posibilidad, lo cual resulta por lo menos desequilibrado desde el punto de vista constitucional y procesal. Al respecto, la Corte Constitucional de tiempo atrás ha afirmado: "[S]e ha concluido que tener por no contestada la demanda por una deficiencia netamente procesal, significa un sacrificio desproporcional para el derecho de contradicción y para la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P. arts. 29 y 228), que compromete la igualdad procesal reconocida en la Constitución Política (C.P. art. 13)" [Sentencia T-1098 de 2005]. En tales condiciones, con el fin de garantizar los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal y el de igualdad entre las partes (artículos 228 y 13 superiores), hay lugar a reponer el auto […] a través del cual se tuvo por no contestada la demanda por parte del Consejo Nacional Electoral."
			2017
				CE SV E 637 de 2017 - El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 consagró la facultad en cabeza del juez de lo contencioso administrativo, para decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La nueva normatividad establece expresamente la finalidad de tales medidas cautelares, cuales son, la necesidad de garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, superando de esta forma la concepción tradicional de mera garantía de control de la legalidad de las actuaciones de la Administración, tal y como se circunscribió en su momento la única de aquéllas: la suspensión provisional. Ello, sin duda alguna, repercute favorablemente en la búsqueda de la materialización del denominado derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dentro de tales medidas, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con las voces del numeral 3° del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011. Esta institución se configura además como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, teniendo incidencia particularmente respecto de su carácter ejecutorio.

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"Normograma del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA"
ISSN [2463-0586 (En linea)]
Última actualización: 5 de diciembre de 2023 - (Diario Oficial No. 52.582 - 17 de noviembre de 2023)
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