2019
	EXPEDIENTE No. 24286 de 2019 - Suspensión provisional de la expresión "ni a las cajas de compensación señaladas en el artículo 19-2 del Estatuto Tributario", contenida en el artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, sustituido por el artículo 2 del Decreto Reglamentario 2150 de 20171, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Norma que impedía que las Cajas de Compensación Familiar fueran exoneradas de realizar aportes a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Para la Sala, la disposición demandada, al reglamentar el artículo 114-1 del ET, desatendió que el parágrafo segundo de dicha norma, resulta aplicable, únicamente, para las entidades que pertenecen al RTE, dentro de las cuales no se encuentran las cajas de compensación familiar, así que incluirlas en el artículo demandado excede la potestad reglamentaria del artículo 189.11 Constitucional
	EXPEDIENTE No. 24286 de 2019 - Las cajas de compensación familiar se pueden beneficiar de la exoneración de aportes parafiscales y cotizaciones al régimen contributivo de salud prevista en el artículo 114-1 del ET. Para la Sección las cajas de compensación familiar están sometidas simultáneamente a dos regímenes tributarios. Por un lado, al régimen especial para los ingresos obtenidos por actividades relacionadas con los servicios de salud, educación, recreación y desarrollo social. Por el otro, al régimen general del impuesto sobre la renta y complementarios por los ingresos obtenidos de actividades industriales, comerciales y financieras. El artículo 1.2.1.5.4.9. del Decreto 1625 de 2016, estableció que la exoneración no se aplica para las cajas de compensación familiar, sin hacer ningún tipo de distinción respecto de si el ingreso está gravado (proveniente de una actividad industrial, comercial y financiera) o no (proveniente de una actividad meritoria prevista en el 359 del ET). Concluyo que la ley 21 no dispone expresamente que las cajas de compensación familiar no pueden exonerarse del pago de aportes parafiscales y cotizaciones al régimen contributivo de salud. En realidad, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982 se limita a establecer que las entidades públicas y los empleadores que ocupen trabajadores permanentes tienen la obligación de pagar el subsidio familiar y efectuar los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
	EXPEDIENTE No. 24126 de 2019 - Pago de los aportes en salud de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios. De acuerdo con la Ley 1753 de 2015, la Sala observa que esta disposición estableció dos sistemas de pagos de los aportes a la seguridad social y un ingreso base de cotización aplicable para los trabajadores independientes. Se dispuso que el pago de los trabajadores independientes sería a través de cotizaciones mes vencido y dispuso además un sistema de pago mediante retención por parte del contratante público o privado. Igualmente se definió que los contratos de prestación de servicios personales como aquellos relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no implicaban subcontratación alguna, compra de insumos o expensas para la ejecución del contrato. Seguidamente, la normativa dispuso que los contratantes públicos o privados deberían efectuar directamente la retención de la cotización de los contratistas. Es decir, en el caso de los contratos de prestación de servicios personales regulados en esa ley, el pago de los aportes a la seguridad social sería vía retención, mientras que, respecto de los trabajadores independientes señalados en el inciso primero del artículo 135 ibidem, el pago se realizaría mediante cotización por cada mes vencido
	EXPEDIENTE No. 24085 de 2019 - Conforme el artículo 128 del CST., no constituyen salario a) los pagos que recibe el trabajador ocasionalmente y por mera liberalidad de su empleador, b) lo que recibe en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones, c) las prestaciones sociales y d) los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie. Entre tanto, el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, dice que por efecto de lo dispuesto en el artículo 128 ídem, se entiende que los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario y los pagos por auxilio de transporte no hacen parte de la base para liquidar los aportes a la seguridad social establecida en la Ley 100 de 1993. Así las cosas, lo que recibe el trabajador de su empleador de manera ocasional por mera liberalidad de éste, y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, no para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte o elementos de trabajo, no se consideran salario
	EXPEDIENTE No. 23599 de 2019 - Para la Sala, de la lectura armónica de los artículos 132 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 18 de la Ley 100 de 1993, 49 de la Ley 789 de 2002 y 5 de la Ley 792 de 2003, es claro que del 100% de lo que recibe como remuneración el trabajador que ha pactado con su empleador un salario integral, el 30% es factor prestacional que no tiene carácter salarial, y sobre el resto, esto es, sobre el otro 70% se calculará la base de los aportes parafiscales para el Sistema de la Protección Social. Por esa razón, para la Sala es desacertado el entendimiento de la UGPP, de considerar que el IBC en caso de trabajadores con los que se tiene pactado salario integral, no puede ser inferior a 10 smmlv. Para el caso en estudio, resulta ajustado a derecho, que el Tribunal haya rechazado las glosas en relación con quienes devengaron salario integral, por los periodos de agosto a diciembre de 2011
	EXPEDIENTE No. 23364 de 2019 - Contratistas independientes en aportes parafiscales al SENA. En reiterada Jurisprudencia la Sala ha sostenido que, conforme con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982 (artículos 7, 11, 12 y 17), dentro de los sujetos obligados a efectuar aportes al SENA, se hallan los empleadores privados que ocupen por lo menos uno o más trabajadores permanentes, lo cual implica un deber que surge del vínculo laboral entre el empleador y el trabajador. La Sección ha entendido que el artículo 34 del CST establece que los contratistas independientes son verdaderos empleadores, y no representantes ni intermediarios de las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras, por un precio determinado. Y que, si bien esa disposición establece a cargo del dueño de la obra y - o contratante una responsabilidad solidaria con el contratista, lo es únicamente con relación a los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, pero no está consagrada igual responsabilidad en relación con los aportes parafiscales, como son los que corresponden al SENA
	EXPEDIENTE No. 22015 de 2019 - La Sala señala que si bien es cierto la Ley 488 de 1998 no excluyó a los vehículos de propiedad de las entidades públicas, como sujeto pasivo del impuesto de vehículos, se debe observar que el artículo 145 del mismo ordenamiento jurídico no dispuso una tarifa para los vehículos de uso oficial, ni autorizó a las entidades territoriales a hacerlo. Por lo tanto, estos no se encuentran gravados con el impuesto sobre vehículos automotores debido a la ausencia de uno de los elementos esenciales del tributo [tarifa], y en caso de haberse realizado su cobro le asiste el deber al ente Territorial a cargo de su recaudo, de devolver a la entidad pública propietaria del vehículo oficial, lo que este pagó por dicho concepto. Insistió en que la ausencia de regulación normartiva frente a uno de los elementos esenciales del tributo para que este se configure, (en este caso la tarifa), no puede ser suplido por las entidades territoriales, dado que su autonomía tributaria se encuentra sujeta a la Constitución y a la ley (artículos 150, 287, 300, 313 y 338 de la Constitución Política)
	EXPEDIENTE No. 21825 de 2019 - La relación jurídica entre el trabajador afiliado al sindicato que participa en la ejecución de un contrato sindical deriva de la afiliación de dicho trabajador al sindicato, que participa en un plano de igualdad frente al sindicato en relación con la ejecución del contrato sindical. Si la relación jurídica entre el sindicato y el trabajador partícipe no es de índole laboral individual, dicha relación jurídica no está sujeta a las obligaciones que recaen sobre empleadores y trabajadores en una relación laboral. Así, en la medida en que las contribuciones parafiscales contenidas en las leyes 21 de 1982, 27 de 1974 y 89 de 1988 recaen sobre quienes tienen la condición de empleador, y se liquidan sobre el pago de la nómina de trabajadores, no hay lugar al cobro de las mismas sobre las erogaciones que resultan a favor de los afiliados partícipes en la ejecución de un contrato sindical. La posibilidad de la concurrencia del contrato laboral con otro tipo de relación jurídica que contempla el artículo 25 del C.S.T. supone que sí es posible que el sindicato y los afiliados partícipes acuerden, en virtud de la autonomía de la voluntad, una relación laboral de carácter individual en el marco de un contrato sindical, regida por las reglas propias del contrato de trabajo. Si bien el Decreto 1429 de 2010 no contempla la posibilidad de que pueda pactarse un contrato laboral al interior de un contrato sindical, el Código laboral sí lo permite, por lo que cabe contemplar en la planilla de liquidación de aportes el supuesto del pago de aportes parafiscales, para el caso eventual en que haya lugar a su reconocimiento en el marco de un contrato sindical

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"Normograma del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA"
ISSN [2463-0586 (En linea)]
Última actualización: 5 de mayo de 2022 - (Diario Oficial No. 52010 - 19 de abril de 2022)
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