CONCEPTO 2981 DE 2026
(enero)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Bogotá D.C., enero 2026
Señor
XXXXX
Ref.: Respuesta a consulta radicada bajo el número 01-09-2026-001124
Respetado Doctor,
Damos respuesta a su comunicación con radicado 01-9-2026-001124, mediante la cual solicita se absuelva la siguiente consulta:
“La consulta concreta es si el concepto celebración que expone el artículo 33 de la Ley 996 engloba los de perfeccionamiento y ejecución, caso en el cual aún las garantías de los contratos y convenios deben estar suscritas y cargadas antes del 31 de enero del 2026 para respetar la Ley de Garantías; o si por el contrario, puede entenderse que la celebración se equipara al perfeccionamiento pero no a la ejecución, con lo que si se llegase a dar la aprobación de una garantía con posterioridad al 31 de enero del 2026, no se estaría infringiendo la ley de garantías".
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
REFERENCIAS NORMATIVAS
-Ley 80 de 1993
-Ley 996 de 2005
-Ley 1150 de 2007
ANÁLISIS JURÍDICO
La Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece respecto del perfeccionamiento del contrato estatal, lo siguiente:
ARTÍCULO 41.- Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
(...)
Sobre el particular, ha sostenido el Consejo de Estado que “Desde el momento en que las partes firman el contrato, éste existe como tal en el mundo del derecho" (Consejo de Estado, Sección Tercera Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE tres (3) de febrero de dos mil (2000). Radicación número: 10399)
La celebración y el perfeccionamiento de un contrato estatal hace referencia al acuerdo de voluntades al que llegan las partes, el cual se eleva por escrito. Por su parte, la ejecución del contrato implica el cumplimiento de requisitos previstos en la Ley: (i) La aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, y (iii) La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa.
Ahora bien, la Ley 996 de 2005 por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, establece dentro de las medidas para asegurar condiciones de igualdad y transparencia entre los aspirantes y evitar la desviación de recursos públicos, algunas restricciones en materia contractual como las previstas en los artículos 33 y 38:
Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.
Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
La restricción definida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, señala que “queda prohibida la contratación directa" durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales. Para efectos de la Ley de Garantías Electorales por “contratación directa" se entiende cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes como lo ha sostenido la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en la Circular 006 de 2025.
De igual forma, la Circular Externa 006 de 2025 de la ANCP-CCE aclara que la Ley de Garantías no establece restricciones para las actuaciones derivadas de contratos suscritos antes del periodo electoral.
Es fundamental precisar que estas disposiciones contienen normas prohibitivas que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, son de aplicación restrictiva. Esto implica que no admiten interpretaciones analógicas ni extensivas; el intérprete debe limitarse exclusivamente a lo que la norma menciona de forma explícita.
Como quiera que el artículo 33 prohíbe la contratación directa, se hace referencia a la celebración de contratos resultado de esta modalidad de selección sin que medie pluralidad de oferentes, celebración del contrato materializada con el perfeccionamiento en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
CONCLUSION
En consecuencia, esta Coordinación, concluye que la aprobación de garantía única de cumplimiento con posterioridad al 31 de enero de 2026 no vulnera la Ley de Garantías Electorales, siempre que el contrato haya sido perfeccionado válidamente antes de dicha fecha.
Cordialmente,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
