CONCEPTO 25122 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10020
| Para: | XXXXX |
| De: | Carolina Ospina Villegas - Coordinadora Grupo de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos, cospinav@sena.edu.co |
| Asunto: | Solicitud concepto modalidad contratación arrendamiento. Radicado No. 50-9-2026002756. |
En respuesta a su comunicación remitida y allegada a esta dirección jurídica mediante el NIS 202602-096138, mediante la cual solicita: "Es jurídicamente viable que una entidad estatal celebre un contrato de arrendamiento de inmueble mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, incluso durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, cuando el valor del contrato se encuentra dentro de los límites establecidos para dicha modalidad.", esta Coordinación procede a pronunciarse en los siguientes términos:
I. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Los Conceptos Jurídicos proferidos por las entidades públicas tienen su origen en el Derecho Fundamental de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A su turno, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con respecto al alcance de los conceptos jurídicos proferidos por las entidades públicas, establece en su artículo 28 que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución".
Conforme a lo anterior, los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
II. PRECEDENTES NORMATIVOS
En relación con el caso consultado es preciso indicar que las normas relacionadas con la presente solicitud están contempladas en la Constitución Política de Colombia, Ley 84 de 1873, Ley 80 de 1993, Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 08 de mayo de 2018. Exp. 2.382. C.P. Álvaro Namén Vargas, Conceptos Colombia Compra Eficiente C-969 de 2025 y C-136 de 2026.
III. ANÁLISIS JURÍDICO
1. Del contrato de arrendamiento.
En relación con el tema planteado, es importante señalar que las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP- tienen la facultad de celebrar contratos que comúnmente celebran los particulares como ocurre con los contratos de arrendamiento en virtud del principio de autonomía de la voluntad. En consecuencia, dentro del desarrollo normal de sus funciones, puede presentarse la necesidad de acudir a contratos de esta naturaleza para satisfacer requerimientos institucionales; contratos en los cuales, además de las disposiciones del EGCAP, resultan aplicables en mayor medida normas de derecho privado. Ello no implica, en ningún caso, que estos dejen de ser contratos estatales por su naturaleza o por la normativa que los complementa.
El artículo 1973 del Código Civil describe el contrato de arrendamiento como aquel por medio del cual dos partes asumen obligaciones recíprocas: una se compromete a otorgar el uso o disfrute de una cosa, ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar un precio fijado por dicho uso, obra o servicio. En esencia, es un acuerdo en virtud del cual el arrendador concede al arrendatario el derecho de usar y disfrutar un bien a cambio de una contraprestación periódica. A diferencia del contrato de compraventa, en este negocio jurídico no se transmite la propiedad del bien, sino únicamente su uso y goce.
Respecto de sus rasgos esenciales, la doctrina ha señalado que el arrendamiento constituye un contrato:
i) bilateral, porque genera obligaciones para ambas partes;
ii) consensual, ya que se perfecciona mediante el acuerdo de voluntades;
iii) oneroso, teniendo en cuenta que ambas partes obtienen beneficios –el arrendatario recibe el uso del bien y el arrendador la renta –;
iv) de ejecución sucesiva, puesto que sus efectos se despliegan de manera periódica y continua;
v) principal, porque no depende de otro contrato para existir; y
vi) nominado, al encontrarse regulado de manera expresa por la ley.[1]
Por otra parte, tratándose específicamente del arrendamiento de bienes inmuebles, el artículo 2o, numeral 4o, literal i) de la Ley 1150 de 2007 establece que esta clase de contratos se adelanta bajo la modalidad de contratación directa, al incluir dentro de sus causales "el arrendamiento o adquisición de inmuebles". A su vez, el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 prevé que las entidades estatales pueden contratar el alquiler de inmuebles mediante dicha modalidad, siempre que observen, entre otras, las siguientes reglas: (1) realizar una verificación de las condiciones del mercado inmobiliario del lugar donde se requiere el bien, y (2) efectuar un análisis comparativo de los inmuebles disponibles que respondan a la necesidad institucional, teniendo en cuenta los principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.
2. De las restricciones y prohibición de la contratación directa en Ley de garantías electorales.
La Ley 996 de 2005 establece dos (2) tipos de restricciones en materia de contratación, las cuales coinciden parcialmente. En primer lugar, la restricción del artículo 33 que opera solo respecto de las elecciones presidenciales, en virtud de la cual queda prohibida la contratación directa dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las citadas excepciones. [...]
En segundo lugar, también se encuentra la prohibición del parágrafo del artículo 38, aplicable respecto de cualquier tipo de contienda electoral, y que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones.
Contratación directa - Prohibición.
[.] para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, la "contratación directa" es cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes. ( negrilla fuera de texto)[2]
De lo anterior se desprende que la restricción aplica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la misma ley, para celebrar cualquier contrato de forma directa, esto es, sin que exista un proceso abierto y competitivo. Por tanto, no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, razón por la cual en ese período preelectoral de que trata la disposición las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas.[3]
3. Modalidad de selección de mínima cuantía
La mínima cuantía es una modalidad de selección en virtud de la cual la entidad estatal realiza una convocatoria pública para recibir ofertas de bienes, obras o servicios cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de su menor cuantía.
El elemento central de esta modalidad de selección se encuentra exclusivamente en la cuantía, de manera que independientemente del objeto del contrato y siempre que su valor no excede el diez por ciento de la menor cuantía de la entidad, se deberá acudir a la modalidad de selección de mínima cuantía.
Las reglas aplicables a esta modalidad de selección son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, y el artículo 5 del Decreto 142 de 2023.[4]
Visto los considerandos expuestos en el desarrollo del presente concepto, se determina a criterio de esta coordinación, que la Ley de Garantías sí permite el desarrollo de procesos a través de la modalidad de selección de mínima cuantía durante el periodo de restricciones que establece la Ley de garantías electorales Ley 996 de 2005, siendo importante referir que si la entidad opta por haces uso de esta modalidad debe en primera medida tener en cuenta que: I). El valor estimado del arrendamiento se encuentre dentro de los límites de mínima cuantía definidos para la vigencia en el SENA. II). Exista pluralidad de posibles oferentes, condición indispensable para evitar que la figura sea interpretada como contratación directa encubierta. III). Se garantice un proceso público, abierto y competitivo, con invitación publicada en SECOP II. IV). Se elabore un estudio de mercado que estructure y arroje adecuadamente el presupuesto oficial del contrato a suscribir.
En consecuencia, si la entidad justifica adecuadamente la pluralidad de alternativas y cumple el procedimiento de mínima cuantía, el proceso no configuraría una modalidad prohibida durante este periodo.
IV. CONCLUSION
Visto todo lo anteriormente referenciado y de acuerdo a los interrogantes hechos en la solicitud, se deja de presente que la Dirección Jurídica del SENA a través de sus respuestas dadas, solo da orientaciones de carácter general y no en particular a un caso u hecho en específico.
No obstante lo anterior, y en atención a las inquietudes planteadas por el solicitante, esta Dirección Jurídica considera que Sí es jurídicamente viable suscribir un contrato cuya tipología es el arrendamiento mediante la modalidad de mínima cuantía durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, siempre que se cumplan las condiciones expuestas con anterioridad y de la misma manera se salvaguarden los principios de transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes, en el marco del procesos de selección a adelantar, esto en virtud de la necesidad con la que cuenta la entidad, la cual debe estar debidamente justificada, estructurada y cumpliendo con cada uno de los requisitos y documentos previos a la celebración del contrato objeto de consulta.
El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales, administrativas y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.
Cordialmente,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS.
Coordinadora Grupo Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica- Dirección General
1. (BONIVENTO FERNANDEZ, José. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. Vigésimo segunda edición. Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024. p. 524 p. 569 p. 570. Énfasis dentro del texto).
2. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 08 de mayo de 2018. Exp. 2.382. C.P. Álvaro Namén Vargas.
3. Concepto Colombia Compra eficiente C-969 de 2025
4. https://www.colombiacompra.gov.co/wp- content/uploads/2024/08/manual _de_la_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia.pdf
