CONCEPTO 26675 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
| Para: | Victoria C. Ramírez González - Coordinadora Grupo de Vivienda (vramirez@sena.du.co) |
| De: | Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos |
| Asunto: | Concepto sobre proceso de insolvencia de persona natural no comerciante y pignoración de cesantías por crédito de vivienda |
Mediante comunicación electrónica de fecha 9 de marzo de 2026, radicada con el número 01-92026-018935, solicita concepto sobre el alcance de la declaración de insolvencia de persona natural no comerciante con la obligación de pignoración y aplicación de cesantías a la amortización del crédito.
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
ANÁLISIS
1°. El Código General del Proceso expedido por la Ley 1564 de 2012, modificada por la Ley 2445 de 2025, introdujo el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, contenido en los artículos 531 a 576.
El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, conforme con el artículo 531 del Código General del Proceso, tiene por objeto el reintegro de la persona natural que ha sufrido un quebranto económico a la actividad productiva nacional, mediante la normalización de sus relaciones crediticias a través de los siguientes mecanismos:
(i) Un acuerdo con sus acreedores o negociación de deudas y la convalidación de los acuerdos privados que obtenga con algunos de acreedores, lo que debe adelantarse ante un centro de conciliación debidamente autorizado del lugar de domicilio del deudor. (artículo 533)
(ii) Si fracasa la negociación mediante el trámite conciliatorio, es decir, el deudor y los acreedores no llegan a un acuerdo para el pago de las obligaciones, se deberá acudir al mecanismo de la liquidación patrimonial (artículo 563 y siguientes) ante la jurisdicción civil, es decir, ante el juez civil municipal del domicilio del deudor o del juez civil del circuito, según la cuantía de las obligaciones. (artículo 534)
(iii) También se podrá acudir a la liquidación patrimonial, por solicitud de la persona natural al juez competente, independientemente de si tiene o no bienes o de si estos son suficientes o no para cubrir su pasivo total.
Para que la persona natural no comerciante pueda acudir al procedimiento de régimen de insolvencia, debe encontrarse en las siguientes situaciones: Incumplimiento en el pago de dos o más obligaciones; las deudas deben ser a favor de dos o más acreedores (no importa si son personas jurídicas o personas naturales); tener una mora superior a los 90 días, o tener dos o más procesos ejecutivos en curso o de jurisdicción coactiva; las obligaciones atrasadas deben representar como mínimo el 50% de lo que debe el deudor.
Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 539 del Código General del Proceso, el deudor que se acoja al régimen de insolvencia deberá presentar y anexar a la solicitud que se presente ante el conciliador o ante el juez civil competente la siguiente información, en resumen:
- La relación actualizada y completa de todos los acreedores, con nombres, dirección del domicilio y electrónica e identificación en el orden de prelación de créditos contempladas en el artículo 2488 y siguientes del Código Civil.
- La naturaleza del crédito, su cuantía, donde se diferencie el capital y los intereses.
- Documentos en que conste el crédito u obligación, la fecha de otorgamiento y la fecha de vencimiento.
- Nombres y direcciones de los codeudores, fiadores o avalistas.
- Relación completa y detallada de sus bienes, si los hubiere, incluidos los que posea en el exterior.
Tanto en el procedimiento de negociación de deudas ante el centro de conciliación como en el proceso de liquidación del patrimonio ante el juez civil de conocimiento, se debe informar a los acreedores sobre la apertura de este trámite para que concurran al mismo, conforme lo disponen los artículos 548 y 564 del Código General del Proceso respectivamente:
En el procedimiento conciliatorio de negociación de deudas, el artículo 545 del Código General del Proceso (modificado por la Ley 2445 de 2025) establece que a partir de la aceptación de la solicitud se producirán, entre otros, los siguientes efectos:
"2. Se suspenderán los descuentos de nómina o de productos financieros, pagos por libranza o cualquier otra forma de prerrogativa relacionada con el pago o abono automático o directo del acreedor o de mandatario suyo que se haya pactado contractualmente o que disponga la ley, excepto los relacionados con las obligaciones alimentarias del deudor. (...)
4. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación del trámite de negociación de deudas el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos, en la que deberá incluir todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación, conforme al orden de prelación legal previsto en el Código Civil
Por su parte, en el proceso de liquidación patrimonial, el artículo 565 dispone que a partir de su apertura, se producirán, entre otros, los siguientes efectos:
1. La prohibición al deudor de hacer pagos, compensaciones, daciones en pago, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, ni sobre los bienes que a dicho momento se encuentren en su patrimonio. Tampoco podrán los acreedores ejecutar garantías.
2. La destinación exclusiva de los bienes que el deudor posea a la fecha a pagar las obligaciones anteriores al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial.
3. La incorporación de todas las obligaciones a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura, sin perjuicio de la continuación de los procesos por alimentos. Las obligaciones de carácter alimentario tendrán prelación sobre todas las demás.
2°. La Resolución 2682 de 2025 expedida por el Director General del SENA por medio de la cual se reglamentó el Acuerdo 0012 de 2014, establece en su artículo 19:
“Artículo 19. Pignoración y retiro de cesantías administradas por el fondo nacional de ahorro de los 'beneficiarios del fondo'. Las cesantías y sus intereses que cause un “Beneficiario del Fondo” a partir del desembolso del crédito hipotecario otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda del SENA, quedarán pignoradas a favor del SENA y el deudor deberá tramitar cada año de manera obligatoria ante el Fondo Nacional de Ahorro el retiro de estas bajo la modalidad de liberación de gravamen hipotecario, para su aplicación al crédito otorgado por el Fondo de Vivienda del SENA; el correspondiente trámite deberá ser adelantado por el deudor a más tardar el último día del mes de marzo de cada año, remitiendo copia al respectivo Administrador del Fondo, así como de los demás documentos del trámite
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta lo previsto en el Código General del Proceso, los acreedores de las personas naturales no comerciantes que inicien un proceso de insolvencia deberán concurrir tanto a la etapa de negociación de deudas como al proceso de liquidación patrimonial, de acuerdo con la comunicación que para el efecto se haya surtido por parte del conciliador o del juez civil competente, respectivamente.
En cualquiera de estas etapas, el deudor debe haber presentado la relación actualizada de las obligaciones a su cargo, discriminando cada una de ellas en cuanto a su origen, naturaleza y cuantía.
Pues bien, conforme con lo previsto en los artículos 545 y 565 del Código General del Proceso, al trámite de insolvencia, en cualquiera de sus dos etapas, habrán de incorporarse todas las obligaciones a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura, sin perjuicio de la continuación de los procesos por alimentos.
En consecuencia, el crédito de vivienda otorgado por el SENA y con ello la pignoración de cesantías debió haberse presentado por el servidor público en la relación de obligaciones a su cargo para su calificación y graduación en el proceso de insolvencia, de acuerdo con la prelación de créditos adquiridos por el deudor.
En la obligación contraída por el servidor público con el SENA que está respaldada con una garantía real, debe estar incluida no solo la forma en que se comprometió a realizar los pagos para la amortización del crédito, sino la obligación para que anualmente las cesantías fueran aplicadas al crédito otorgado por el Fondo de Vivienda del SENA, es decir, la obligación de pignorar las cesantías para su aplicación al crédito de vivienda otorgado.
Por tanto, si el deudor no informó sobre la aplicación de las cesantías al crédito otorgado por el SENA, se requiere que la entidad, al hacerse parte del proceso de insolvencia como acreedor, se informe tal circunstancia para que se tenga en cuenta esta obligación por parte del deudor, habida cuenta de la naturaleza del crédito.
Es necesario tener en cuenta que solamente harán parte del proceso insolvencia las obligaciones y los bienes adquiridos hasta la apertura de dicho trámite.
De otra parte, es importante que se informe a la dependencia competente bien sea en la Dirección General o en las direcciones regionales sobre el inicio del proceso de insolvencia por parte del servidor público, con el fin de que el SENA se haga parte en dicho proceso, se aporten las pruebas sobre la existencia del crédito y se presenten objeciones si a ello hubiere lugar.
De igual manera, por tratarse de asuntos relacionados con los préstamos de vivienda, consideramos que por parte del Grupo de Vivienda de Secretaría General deben darse las orientaciones para casos como el aquí planteado.
El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.
Cordial saludo,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora
Grupo Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General
