Concepto 33008 de 2026 SENA

CONCEPTO 33008 DE 2026

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

1-0020

Bogotá, D. C.

Reciba un Cordial Saludo,

En atención a la consulta radicada ante esta Dirección Jurídica el día 03 de marzo de 2026, identificada con el N.I.S. 2026-02-084655, mediante la cual se solicita concepto jurídico respecto de la viabilidad de modificar contratos de interventoría en cuanto a su plazo y valor, la aplicabilidad de los límites de adición presupuestal, la procedencia del ejercicio de la vigilancia técnica sin contraprestación económica y el régimen de responsabilidades derivado de dichas actuaciones, nos permitimos emitir el presente concepto jurídico en los siguientes términos:

I.ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

Los Conceptos Jurídicos proferidos por las entidades públicas tienen su origen en el Derecho Fundamental de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A su turno, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con respecto al alcance de los conceptos jurídicos proferidos por las entidades públicas, establece en su artículo 28 que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución".

Conforme a lo anterior, los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.

II. REFERENCIAS NORMATIVAS

En relación con el caso consultado es preciso indicar que las normas relacionadas con la presente solicitud están contempladas en la Constitución Política de Colombia, ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015, Agencia de contratación pública Colombia compra eficiente Concepto C-1832 de 2025 y Concepto C- 711 de 2024 y demás normas concordantes.

III. ANÁLISIS JURÍDICO.

1.1. Procedencia de las modificaciones contractuales respecto de la adición y prórroga en los contratos de interventoría

Es jurídicamente procedente la prórroga en tiempo de los contratos estatales, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual permite la modificación contractual de mutuo acuerdo con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contratado. Al respecto, es preciso aclarar que el límite legal del cincuenta por ciento (50 %) consagrado en dicha disposición aplica exclusivamente a la adición presupuestal y no al plazo contractual.

No obstante de lo anterior, en el caso específico de los contratos cuya tipología contractual recaiga en la interventoría, debe atenderse lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, norma que establece que dichos contratos podrán prorrogarse por el mismo plazo del contrato objeto de vigilancia. En este escenario y bajo el mismo precepto jurídico, respecto de la modificación que requiera adición de recursos, el valor del contrato de interventoría podrá ajustarse para garantizar la continuidad del servicio, sin que le resulte aplicable la limitación del cincuenta por ciento (50 %) del valor inicial prevista en la Ley 80 de 1993.

Respecto de lo acá esbozado resulta pertinente y prudente referir que toda modificación contractual, ya sea en tiempo o en valor, debe estar debidamente justificada en hechos imprevisibles e irresistibles, ajenos a la voluntad del contratista y de la entidad contratante siendo importante referir que bajo ninguna circunstancia podrá utilizarse una modificación contractual para subsanar incumplimientos imputables al ejecutor contractual ni para evadir la imposición de sanciones en el marco de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales. En todo caso, cualquier ajuste deberá respetar rigurosamente el principio de planeación y garantizar la actualización de las garantías exigidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.

1.2. Viabilidad jurídica de que el contratista de interventoría ejecute el contrato sin cobro adicional ante la suscripción de una modificación contractual que implique ampliación o prórroga del plazo de ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son de naturaleza conmutativa y onerosa, lo cual implica la necesidad de mantener la equivalencia entre las prestaciones a cargo de las partes y la correspondiente remuneración. No obstante, en virtud de lo previsto en el artículo 13 de la misma ley, los aspectos no regulados expresamente en el régimen de contratación estatal se rigen por las normas civiles y comerciales, en las cuales prima el principio de la autonomía de la voluntad.

En este marco, corresponde a las partes, en ejercicio de su autonomía contractual, acordar las condiciones de ejecución y cumplimiento del contrato. La Dirección Jurídica no puede imponer un criterio particular sobre el acuerdo de voluntades, siempre que este se ajuste a la legalidad. Sin embargo, se advierte que la entidad debe velar porque no se configuren situaciones de desequilibrio económico que puedan derivar en reclamaciones futuras o en un eventual enriquecimiento sin justa causa en perjuicio del Estado.

Cualquier modificación al plazo o al valor contractual deberá estar debidamente justificada en hechos imprevisibles y ajenos a la voluntad del contratista, respetando de manera estricta el principio de planeación. En consecuencia, el ordenador del gasto y el supervisor del contrato son responsables de evaluar y avalar que las modificaciones contractuales garanticen la adecuada calidad de la vigilancia y el cumplimiento del objeto contractual, evitando la imposición de cargas prestacionales adicionales sin contraprestación, que puedan afectar la ecuación contractual o la transparencia del proceso.

1.3 Resulta jurídicamente viable que la prestación del servicio de Interventoría se ejecute sin remuneración de tiempo adicional.

En términos generales, la interventoría debe garantizar una vigilancia permanente e integral del contrato objeto de supervisión, conforme al marco de control y prevención de riesgos en la ejecución contractual previsto en la Ley 1474 de 2011. En este sentido, cuando se requiera la prórroga del contrato principal, corresponde al ordenador del gasto y al supervisor del contrato de interventoría evaluar, con el debido soporte técnico y jurídico, la forma en que se asegurará la continuidad de dicha vigilancia y si ello requiere, o no, la adopción de ajustes contractuales.

Para este análisis, deberá verificarse, en particular, que no se configure un desequilibrio económico del contrato en perjuicio del contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, el cual pueda ser alegado posteriormente en sede administrativa o judicial a través de la acción de controversias contractuales.

Ahora bien, existen escenarios en los cuales no resulta necesario adicionar recursos; por ejemplo, cuando el contrato de interventoría no ha ejecutado la totalidad del presupuesto y el saldo disponible es suficiente para cubrir las obligaciones durante el término adicional, evento en el cual podría tramitarse la prórroga sin incremento del valor, mediante el correspondiente ajuste contractual. En contraste, si la prórroga implica la asunción de mayores cargas no cubiertas con el saldo contractual, deberá evaluarse el ajuste del valor del contrato de interventoría para garantizar la adecuada ejecución de sus obligaciones, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, incluida la regla según la cual, tratándose de contratos de interventoría, el ajuste del valor no se encuentra sujeto al límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y siempre con el correspondiente respaldo presupuestal.

Finalmente, aceptar o propiciar la ejecución de actividades de interventoría sin la debida contraprestación económica, sin el análisis y los soportes técnicos, financieros y jurídicos del caso, puede generar riesgos de enriquecimiento sin justa causa, deficiencias en la planeación y eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales, además de incrementar la probabilidad de reclamaciones posteriores por parte del contratista.

IV. CONCLUSION

Visto todo lo anteriormente referenciado y de acuerdo a los interrogantes hechos en la solicitud, se deja de presente que la Dirección Jurídica del SENA a través de sus respuestas dadas, solo da orientaciones de carácter general y no en particular a un caso u hecho en específico.

Del análisis normativo y conceptual desarrollado se concluye que es jurídicamente procedente la modificación de los contratos de interventoría en cuanto a su plazo y, de ser necesario, a su valor, con el fin de garantizar la continuidad de la vigilancia del contrato principal, siempre que dichas modificaciones se encuentren debidamente justificadas en circunstancias imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes, y se adopten en estricto respeto de los principios que rigen la contratación estatal, en especial los de planeación, equilibrio económico, responsabilidad y transparencia.

Así mismo, se concluye que no resulta jurídicamente viable exigir la prestación del servicio de interventoría sin remuneración durante un tiempo adicional, salvo en aquellos eventos en los que existan saldos presupuéstales no ejecutados que permitan cubrir razonablemente las obligaciones derivadas del plazo adicional, sin afectar la ecuación económica del contrato. En los casos en que la prórroga implique mayores cargas no amparadas con el saldo contractual disponible, deberá tramitarse el correspondiente ajuste del valor del contrato de interventoría, con el respaldo presupuestal respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, sin sujeción al límite del cincuenta por ciento (50 %) previsto para la adición presupuestal en la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, aceptar o propiciar la ejecución de actividades de interventoría sin la debida contraprestación económica, sin un análisis técnico, financiero y jurídico suficiente, expone a la entidad a riesgos de desequilibrio económico, enriquecimiento sin justa causa y eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales, además de incrementar la probabilidad de reclamaciones posteriores por parte del contratista. Por tanto, corresponde al ordenador del gasto y a los responsables del seguimiento contractual (supervisor de la interventoría) adoptar las decisiones que garanticen la adecuada ejecución del contrato, la continuidad de la vigilancia del contrato principal y la preservación del equilibrio económico contractual, conforme al ordenamiento jurídico vigente

Cordialmente,

CAROLINA OSPINA VILLEGAS

Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos