ARTÍCULO 2.6.1.4.38. DECISIÓN. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar alegatos de conclusión, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica proferirá la resolución motivada que decida la investigación.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 38)
ARTÍCULO 2.6.1.4.39. SANCIONES. Una vez comprobadas las infracciones a las normas legales, o estatutarias, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica podrá imponer las sanciones establecidas en el artículo 47 de la Decisión Andina 351 de 1993, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 44 de 1993 y demás normas concordantes.
PARÁGRAFO. La suspensión o cancelación de la personería jurídica de que trata el artículo 38 de la Ley 44 de 1993, implica a su vez la suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, respectivamente.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 39)
ARTÍCULO 2.6.1.4.40. CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. La cancelación de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, se decretará si sobreviene o se pone de manifiesto algún hecho que no garantice la adecuada gestión de los derechos confiados, o cuando la sociedad incumpliere gravemente las obligaciones legales o estatutarias.
En el acto administrativo que cancele la personería jurídica y la autorización de funcionamiento a una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, se podrá fijar un plazo razonable para subsanar los hechos que dieron origen a la sanción, sin que dicho plazo sea superior a 12 meses, al término del cual y según proceda, se impondrá una sanción de menor grado o se confirmará la cancelación de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 40)
ARTÍCULO 2.6.1.4.41. MÉRITO EJECUTIVO. Las resoluciones que impongan sanciones de multa prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva en los términos que señale la ley.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 41)
ARTÍCULO 2.6.1.4.42. ACCIONES LEGALES. Sin perjuicio de las decisiones administrativas que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tome con fundamento en los resultados de la investigación, las sociedades de gestión colectiva deberán ejercer las acciones legales pertinentes cuando de los hechos de la investigación pudiere generarse algún tipo de responsabilidad en las personas involucradas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 42)
ARTÍCULO 2.6.1.4.43. TOMA DE POSESIÓN. El Director de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá ordenar, mediante resolución motivada, la toma de posesión de una sociedad de gestión colectiva o de una entidad recaudadora cuando se configure una o varias de las causales descritas en el artículo 31 de la Ley 1493 de 2011.
PARÁGRAFO. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán en lo pertinente a las entidades recaudadoras.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 43)
ARTÍCULO 2.6.1.4.44. OBJETIVO DE LA TOMA DE POSESIÓN. La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para la gestión de los derechos confiados a la sociedad.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 44)
ARTÍCULO 2.6.1.4.45. PRINCIPIOS DE LA TOMA DE POSESIÓN. La toma de posesión se regirá por los siguientes principios:
1. La toma de posesión sólo podrá adoptarse por las causales previstas en la ley.
2. La misma tendrá por objeto la protección de la gestión de los derechos de autor y derechos conexos y de los asociados.
3. Cuando se trate de toma de posesión para administración, las decisiones que se adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión.
4. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través de la persona designada para el efecto por el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si no se puede notificar personalmente al representante legal de la resolución de toma de posesión, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas del domicilio social de la sociedad o la entidad recaudadora. El recurso de reposición no suspenderá la ejecución de la medida.
5. El Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor designará a un administrador o liquidador, según fuere el caso, quien podrá ser una persona natural o jurídica, el cual podrá actuar tanto durante la etapa inicial, como en la administración o liquidación y podrá contar con una junta asesora. Si lo considera pertinente, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá encargar a una entidad fiduciaria para que se encargue, de forma temporal, de la administración de la sociedad.
6. La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la toma de posesión al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna.
7. El administrador o liquidador desarrollará las actividades que le sean confiadas bajo la inmediata supervisión de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
8. El administrador o liquidador designado ejercerá funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea del caso, de las reglas del derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la sociedad objeto de la toma de posesión.
9. Las medidas que se podrán adoptar incluyen, entre otras, separar del cargo de empleados y administradores de la sociedad, suscribir y dar por terminados acuerdos de representación recíproca con otras sociedades de gestión colectiva, suscribir y dar por terminados contratos con los usuarios, representar a la sociedad en las entidades recaudadoras, expedir o modificar los reglamentos internos que sean necesarios, así como todas aquellas que considere pertinentes y que estén directamente relacionadas con la gestión encomendada.
10. Los honorarios del administrador o del liquidador serán fijados por la Dirección Nacional de Derecho de Autor con cargo a los gastos administrativos de la sociedad y no podrán exceder el doble de la remuneración que se encuentre devengando el gerente general de la sociedad al momento de la toma de posesión.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 45)
ARTÍCULO 2.6.1.4.46. TOMA DE POSESIÓN PARA LIQUIDACIÓN. Dentro de un término no superior a dos (2) meses, prorrogables por dos (2) meses contados a partir de la toma de posesión para liquidación, el liquidador emitirá un informe sobre la situación de la sociedad, el cual deberá incluir las recomendaciones que considere pertinentes. Una vez rendido este informe, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor determinará dentro de los treinta (30) días siguientes, si la sociedad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto social o si pueden adoptarse otras medidas que permitan subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión.
En los dos últimos casos, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor determinará el programa que se seguirá con el fin de lograr el cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los plazos para su cumplimiento. Dicho programa podrá ser modificado cuando las circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a los interesados.
En el evento de que se disponga la liquidación de la sociedad, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado la Dirección Nacional de Derecho de Autor, una vez pagado el pasivo externo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 46)
ARTÍCULO 2.6.1.4.47. EFECTOS DE LA TOMA DE POSESIÓN PARA LIQUIDACIÓN. La toma de posesión para liquidación conlleva:
1. La disolución de la entidad.
2. La separación de los administradores y directores de la sociedad intervenida. En la decisión de toma de posesión el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá abstenerse de separar determinados directores o administradores.
3. La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente pueda ser removido por el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El reemplazo del revisor fiscal será designado por el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
4. Las actuaciones tendrán como finalidad la liquidación total del patrimonio social.
5. La formación de la masa de bienes.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 47)
INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA EN PROCESOS CIVILES DE DERECHO DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS, MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DERECHOS.
<Capítulo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026>
ARTÍCULO 2.6.1.6.1. INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA EN PROCESOS CIVILES DE DERECHO DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS, MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DERECHOS. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> En virtud de lo establecido por el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, el traslado de los beneficios obtenidos por la infracción al titular del derecho y el pago de la reparación o indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción a un derecho patrimonial de autor y/o a un derecho conexo, o de responsabilidad por las actividades descritas por el artículo 12 de la Ley 1915 de 2018, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre la prueba de los daños y perjuicios establecidas en el Código Civil, a elección del demandante.
Para los efectos del presente decreto, se entenderá que, si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, una vez probada la infracción al derecho de autor o conexo o la existencia de alguna de las conductas descritas en el artículo 12 de la Ley 1915 de 2018, no tendrá que probar los beneficios que obtuvo el infractor con su conducta ni las consecuencias económicas negativas sufridas; por lo tanto, la tasación del monto a pagar por estos conceptos queda sujeta a la determinación por parte del Juez, de un monto que se debe fijar de conformidad con la presente reglamentación.
Fijado por el juez el valor a pagar, se entenderá que este implica un restablecimiento de las cosas al estado anterior al ilícito, por lo tanto, no son procedentes medidas reparatorias ni indemnizatorias en dinero adicionales.
PARÁGRAFO. La reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, tendrá lugar aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
ARTÍCULO 2.6.1.6.2. CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA PARA EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, el monto a pagar por cada persona civilmente responsable individualmente considerado será equivalente a un mínimo de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada obra protegida por el derecho de autor y/o prestación protegida por los derechos conexos infringida. Esta suma podrá incrementarse a discreción del juez hasta máximo cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se demuestre el dolo, y/o la mala fe, y/o la reincidencia.
Cuando se pruebe en el proceso que el infractor tenía motivos razonables para creer y saber que su actividad no constituía una infracción a las normas que regulan el derecho de autor y los derechos conexos, el monto oscilará entre uno (1) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada obra, y/o prestación, infringida.
PARÁGRAFO. Para cada caso en particular, el juez ponderará en la sentencia el monto a pagar de manera razonable teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, tales como las relativas a la duración de la infracción, la cantidad de copias, los derechos infringidos, el grado de reconocimiento de la obra o prestación en el mercado al que pertenece, y el alcance geográfico de la infracción.
ARTÍCULO 2.6.1.6.3. CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA PARA LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS LITERALES a) Y b) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1915 DE 2018. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, el monto a pagar por cada persona declarada civilmente responsable individualmente considerada será equivalente a un mínimo de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada acto de elusión, producto elusivo, o servicio para la elusión, a los que hacen referencia los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 1915 de 2018.
El monto será mínimo de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada acto que sin autorización implique: a) Suprimir o alterar cualquier información sobre la gestión de derechos; b) Distribuir o importar para distribución, información sobre gestión de derechos que ha sido suprimida o alterada; c) Distribuir, importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, con información sobre gestión de derechos suprimida o alterada.
En ambos casos, la suma descrita podrá incrementarse a discreción del juez hasta máximo cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se demuestre el dolo, y/o la mala fe, y/o la reincidencia.
Si se comprueba en el proceso que el declarado civilmente responsable tenía motivos razonables para creer y saber que su actividad estaba enmarcada entre las excepciones de la responsabilidad consagradas en el artículo 13 de la Ley 1915 de 2018, el monto oscilará entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada acto de elusión, producto elusivo, servicio para la elusión o cada una de las conductas enunciadas en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 1915 de 2018.
PARÁGRAFO. Para cada caso en particular, el juez ponderará en la sentencia, el monto a pagar de manera razonable, teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, tales como las relativas al impacto de la conducta en los afectados, el tiempo durante el cual se desplegó, la magnitud y el alcance geográfico de las consecuencias de la conducta.
ARTÍCULO 2.6.1.6.4. TOPES MÁXIMOS. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, para reclamar múltiples reparaciones, indemnizaciones o beneficios, la tasación del monto a pagar por estos conceptos tendrá como tope máximo quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En el caso que el demandante sea una sociedad de gestión colectiva o una entidad recaudadora de las reguladas en el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, modificado por el artículo 35 de la Ley 1915 de 2018, el monto a pagar por estos conceptos no podrá ser mayor a las tarifas concertadas en los respectivos contratos cuando estos se encuentren vigentes. En ausencia de estos acuerdos, y de existir prueba en el proceso, el monto a pagar no podrá ser mayor al valor acordado para casos similares. En los demás eventos, así como cuando se demuestre el dolo, y/o la mala fe, y/o la reincidencia, el tope máximo a indemnizar será el correspondiente al reglamento de tarifas.
PARÁGRAFO. Ninguna estipulación de este capítulo puede entenderse en contravía de las normas relativas a las tarifas de las sociedades de gestión colectiva consagradas en este decreto.
ARTÍCULO 2.6.1.6.5. SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN RELACIONADAS CON INFRACCIONES DE DISTINTOS TIPOS. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> Si se pretende indemnización por infracciones a derechos patrimoniales de autor y/o conexos, la elusión de medidas tecnológicas y/o la supresión o alteración de información para la gestión de derechos, es posible acogerse al sistema de indemnizaciones prestablecidas por cada uno de estos conceptos.
También es posible acogerse al sistema de indemnizaciones prestablecidas y al régimen general de prueba de los daños, si en la demanda se alegan infracciones a derechos patrimoniales de autor y/o conexos, la elusión de medidas tecnológicas y/o la supresión o alteración de información para la gestión de derechos, siempre que no se hagan de manera simultánea por un mismo concepto.
ARTÍCULO 2.6.1.6.6. PROCEDENCIA DEL SISTEMA DE INDEMNIZACIONES PRESTABLECIDAS ANTE CUALQUIER JURISDICCIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 370 de 2026. El nuevo texto es el siguiente:> En todo proceso, sin importar su trámite o jurisdicción, en que se discuta la forma de reparar o indemnizar los perjuicios que resulten como consecuencia de una infracción a los derechos patrimoniales de autor y/o a un derecho conexo, o por las actividades descritas por el artículo 12 de la Ley 1915 de 2018, es posible acudir, a elección del afectado con la conducta, al sistema de indemnizaciones prestablecidas estipulado en el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 y en este decreto reglamentario.
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA.
DE LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA.
ARTÍCULO 2.6.2.1.1. NATURALEZA. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia es un organismo decisor de los recursos del Fondo Nacional de Bomberos y asesor de la Dirección Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 1o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.2. INTEGRACIÓN. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia estará integrada por:
1. El Ministro del Interior, quien la presidirá o su delegado, quien solo podrá ser un viceministro.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres o quien haga sus veces.
4. El Director General de la Autoridad Aeronáutica de Colombia o su delegado quien deberá ser el Jefe del Grupo de Bomberos Aeronáuticos a Nivel Nacional.
5. Un Alcalde elegido por la Federación Nacional de Municipios.
6. Un Gobernador elegido por la Federación Nacional de Departamentos.
7. El Presidente de la Confederación Nacional de Bomberos o su delegado.
8. Cuatro (4) delegados de las Juntas Departamentales de Bomberos del país.
9. Un (1) delegado de los Cuerpos de Bomberos Oficiales del país, elegido entre ellos mismos.
10. Un delegado de la Federación de Aseguradores Colombianos.
PARÁGRAFO. Cuando así lo requiera, la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, podrá invitar a cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, para escucharlo en sesión ordinaria o extraordinaria actuando, con voz y sin voto.
(Decreto 352 de 2013, artículo 2o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.3. FUNCIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS. Son funciones de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, las siguientes:
1. Aprobar los proyectos presentados a financiar o cofinanciar con recursos del Fondo Nacional de Bomberos.
2. Formular los lineamientos y los reglamentos generales de orden técnico administrativo y operativo, para que sean insumo para las determinaciones de la Dirección Nacional de Bomberos.
3. Formular los lineamientos generales de orden técnico, administrativo y operativo que deben cumplir los cuerpos de bomberos y sus integrantes, para la prestación del servicio público esencial de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.
4. Proponer la política general, los planes y programas del sector.
5. Establecer las directrices y criterios para la administración y ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley 1575 de 2012.
6. Emitir concepto sobre los planes anuales de acción que hayan sido remitidos por las Delegaciones Departamentales de Bomberos.
7. Aprobar los proyectos de que trata el artículo 34 de la Ley 1575 de 2012.
8. Reglamentar y unificar en el nivel nacional grados, insignias y distintivos de los Bomberos de Colombia.
9. Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados por la Junta Nacional de Bomberos.
10. Servir como organismo asesor, sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la Ley 1575 de 2012.
11. Las demás funciones que les asigne la ley o el gobierno.
PARÁGRAFO. El concepto que emita la Junta Nacional de Bomberos al Plan Anual de Acción no implica la aprobación automática de los proyectos en él contenidos. La aprobación de los mismos requiere la previa viabilidad técnica, pertinencia y viabilidad financiera y operativa emitida por la Dirección Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 3o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.4. SECRETARÍA TÉCNICA. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia tendrá como Secretaría Técnica a la Unidad Administrativa Especial -Dirección Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 4o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.5. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. Son funciones de la Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Bomberos, las siguientes:
1. Convocar a las sesiones de la Junta Nacional de Bomberos, previa instrucción del Presidente de la misma.
2. Preparar el orden del día de cada sesión y comunicarlo a cada uno de sus miembros, de manera previa a cada sesión.
3. Presentar a la Junta los insumos requeridos para el buen desarrollo de las sesiones de esta.
4. Responder por la gestión documental de las actas y demás documentos de la Junta Nacional de Bomberos, garantizando su adecuada administración y custodia.
5. Prestar apoyo operativo a la Junta Nacional de Bomberos, en todas las acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.
6. Las demás que se consideren necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 5o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.6. REUNIONES. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia se reunirá de manera ordinaria cada tres (3) meses, previa convocatoria del Presidente, por conducto de la Secretaría Técnica y de forma extraordinaria, cuando las necesidades lo exijan; la citación se hará con la remisión del orden del día.
De cada sesión se levantará un acta, la cual es responsabilidad de la Secretaría Técnica, en donde deben quedar consignados todos los aspectos tratados en cada reunión y debe ser suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, la cual se aprobará dentro de la sesión inmediatamente siguiente.
PARÁGRAFO. Se podrá sesionar de manera virtual únicamente para sesiones extraordinarias, dejando constancia de la reunión en el acta correspondiente, donde se plasmarán las decisiones y demás asuntos tratados en la misma.
(Decreto 352 de 2013, artículo 6o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.7. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. La Junta Nacional de Bomberos requiere para deliberar de la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y para la toma de decisiones, la mayoría absoluta de sus asistentes.
(Decreto 352 de 2013, artículo 7o)
ARTÍCULO 2.6.2.1.8. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. Atendiendo la naturaleza de los recursos que integran el Fondo Nacional de Bomberos, la ejecución de los mismos, debe hacerse respetando los principios de la Contratación Estatal y de la Ejecución Fiscal, en consecuencia, los procesos de contratación se llevarán a cabo con base en lo establecido en el Estatuto General de Contratación Pública y sus normas reglamentarias.
(Decreto 352 de 2013, artículo 8o)
TRÁMITES Y REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO, LA CARNETIZACIÓN Y LOS SERIALES DE LAS PLACAS.
DEFINICIONES.
ARTÍCULO 2.6.2.2.1.1. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1575 de 2012, entiéndase por:
1. Certificado de Cumplimiento: Documento mediante el cual se acredita que un Cuerpo de Bomberos está capacitado para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas su modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, y cumple con los estándares determinados en la normatividad bomberil existente en Colombia.
2. Carné: Es el documento oficial que acredita a las unidades de los Cuerpos de Bomberos de Colombia, para prestar el servicio público esencial en los términos que establece la normativa bomberil en Colombia.
3. Placa de identificación: La placa de identificación bomberil es un troquel metálico, compuesto por un chip inteligente, que identifica a su portador como bombero de Colombia.
4. Seriales de las Placas: Es aquella codificación alfanumérica que identifica al portador de la misma como unidad de los bomberos de Colombia.
DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.
ARTÍCULO 2.6.2.2.2.1. AUTORIDAD COMPETENTE PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El certificado de cumplimiento será expedido por la Dirección Nacional de Bomberos, tendrá las características de seguridad en su impresión que Esta determine y no generará costo alguno para los Cuerpos de Bomberos.
ARTÍCULO 2.6.2.2.2.2. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los Cuerpos de Bomberos del país deberán cumplir los siguientes requisitos a fin de obtener o renovar el respectivo certificado de cumplimiento:
1. Certificado de personería jurídica vigente expedido por autoridad competente para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Para el caso de los Cuerpos de Bomberos Oficiales y Aeronáuticos, estos deberán soportar su solicitud con el acto administrativo de creación.
2. Certificado de representación legal y dignatarios debidamente registrados, para el caso de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.
3. Certificación expedida por el Coordinador Ejecutivo Departamental donde se acredite que el cuerpo de bomberos solicitante cuenta con la infraestructura, bienes inmuebles, muebles, parque automotor, equipamiento y personal técnico con experiencia y competencia necesaria para: i) operar y mantener la prestación del servicio público esencial de gestión integral de riesgo contra incendio; ii) los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades; y iii) la atención de incidentes con materiales peligrosos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Bomberos.
4. Registro de estadísticas de servicios de emergencias.
5. Manual de operaciones que contenga los procedimientos estandarizados para la prestación del servicio público esencial de gestión integral de riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.
PARÁGRAFO 1o. En los departamentos en donde no haya sido designado coordinador ejecutivo departamental, cumplirá la función descrita en el numeral 3 del presente artículo el delegado departamental de bomberos.
PARÁGRAFO 2o. Para el caso de Bomberos de la ciudad de Bogotá Distrito Capital, la verificación sobre el cumplimiento será realizada por la Dirección Nacional de Bomberos.
PARÁGRAFO 3o. Los Cuerpos de Bomberos que realicen las labores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en los términos del artículo 42 de la Ley 1575 de 2012, deberán contar con el personal idóneo para tal fin, conforme al reglamento que expida la Junta Nacional de Bomberos.
ARTÍCULO 2.6.2.2.2.3. VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El Certificado de Cumplimiento tendrá una vigencia no mayor a dos (2) años.
Los Cuerpos de Bomberos que se creen con posterioridad a la expedición del presente decreto, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, a partir de la resolución de reconocimiento de personería jurídica otorgada por la Secretaría de Gobierno Departamental o quien haga sus veces, para solicitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la expedición del certificado de cumplimiento.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los Cuerpos de Bomberos en operación al momento de la expedición del presente decreto, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses para solicitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la expedición del certificado de cumplimiento.
DE LOS CARNÉ DE BOMBEROS.
ARTÍCULO 2.6.2.2.3.1. AUTORIDAD COMPETENTE PARA EXPEDIR EL CARNÉ DE BOMBEROS. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El carné de bomberos será otorgado por la Dirección Nacional de Bomberos.
ARTÍCULO 2.6.2.2.3.2. ATRIBUCIONES DEL TITULAR DEL CARNÉ DE BOMBEROS. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El titular de un carné de bomberos estará facultado para ejecutar labores en la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, siempre y cuando el citado documento se encuentre vigente y su titular no haya sido objeto de una medida proferida por autoridad competente que le impida prestar el servicio.
ARTÍCULO 2.6.2.2.3.3. SOLICITUD PARA LA EXPEDICIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud para la expedición del carné deberá realizarse por el interesado ante el cuerpo de bomberos al que se encuentra adscrito, incluyendo mínimo la siguiente información:
1. Identificación del solicitante.
2. Cuerpo de Bomberos al que pertenece.
3. Grado que ostenta.
4. Licencia y Certificado Aeromédico vigente, para el caso de los Bomberos Aeronáuticas.
PARÁGRAFO. El aspirante a cualquier carné de bomberos acreditará una edad mínima de dieciocho (18) años.
ARTÍCULO 2.6.2.2.3.4. CONTENIDO DEL CARNÉ. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El carné que otorga la Dirección Nacional de Bomberos establecerá como mínimo la siguiente información:
1. Nombres y apellidos.
2. Autoridad que expide el carné.
3. Número de serie.
4. Grado de la unidad bomberil.
5. Cuerpo de Bomberos al que pertenece.
6. Grupo sanguíneo.
7. Firma del funcionario que lo expide y fecha de expedición.
ARTÍCULO 2.6.2.2.3.5. VIGENCIA. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Decreto 638 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El carné expedido al personal bomberil tendrá vigencia indefinida, siempre y cuando su titular no sea objeto de suspensión o expulsión del Cuerpo de Bomberos, o cuando cumpla los requisitos para ascender a un nuevo grado dentro de la carrera bomberil.
PARÁGRAFO 1o. Aquel carné que requiera de un certificado médico o aeromédico, estará vigente por el término fijado en el respectivo certificado.
PARÁGRAFO 2o. El titular de un carné sólo ejercerá las atribuciones correspondientes al mismo y en ningún caso se encontrará facultado para ejercer atribuciones ni funciones distintas de las que le confiere tal credencial.
PARÁGRAFO 3o. El carné de bomberos es personal e intransferible. Su titular deberá asegurar que no se haga uso indebido del mismo.
DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN BOMBERIL.
