CONCEPTO 18686 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-0020
Bogotá, D. C.
| Para: | XXXXX |
| De: | CAROLINA OSPINA VILLEGAS, Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos, cospinav@sena.edu.co |
| Asunto: | Respuesta radicado No. 7-2026-091677 del 16 de febrero de 2026. - Celebración de contratos simultáneos por contratistas y multiplicidad de contratos en un mismo Centro de Formación. |
Se emite respuesta a la comunicación del asunto, relacionada con una consulta sobre celebración de contratos simultáneos por contratistas y multiplicidad de contratos en un mismo centro de formación:
(...)" 1. Regla general y marco aplicable: ¿Es jurídicamente viable que un contratista del SENA tenga dos (2) o más contratos simultáneos, incluso en el mismo Centro de ¿Formación? En caso afirmativo, precisar condiciones y límites; en caso negativo, indicar la prohibición y su fundamento normativo (legal, reglamentario o interno). 2. Estándar mínimo de supervisión y coordinación: ¿Cuál es el estándar institucional mínimo que debe aplicar el SENA para el control de supervisión cuando un contratista ejecuta contratos simultáneos (p. ej., coordinación entre supervisores, segregación de funciones, verificación de no duplicidad del objeto y de productos, y trazabilidad de evidencias)? 3. Verificación de dedicación/cumplimiento contractual: ¿Qué mecanismo(s) y soportes deben exigirse para acreditar que no existe traslape de horarios ni incompatibilidad de agendas y que hay dedicación efectiva (cronogramas, plan de trabajo, bitácoras, reportes, registros de asistencia/presencialidad o equivalentes), especialmente cuando el objeto implica actividades con horario definido o presencia en sede? 4. Instrumentos internos vigentes: ¿Existe actualmente una guía, circular, manual, instructivo o lineamiento (nacional o regional) que regule la simultaneidad contractual y, en particular, los controles de supervisión y verificación de dedicación/cumplimiento? En caso afirmativo, remitir copia o enlace e indicar su vigencia; en caso negativo, certificar la inexistencia y señalar el criterio institucional aplicable. (...)"
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
La Ley 1437 de 2011 respecto al alcance de los conceptos jurídicos proferidos por las entidades públicas, establece en su artículo 28 que “Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución".
Conforme a lo anterior, los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
REFERENCIAS NORMATIVAS
En relación con el objeto de la consulta, se tendrá en cuenta para el análisis:
Constitución Política de Colombia de 1991.
Ley 80 de 1993.
Decreto 1082 de 2015.
Concepto No. 1344 de 2001 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil.
Concepto No. 4201912000006692 del 12 de noviembre de 2019. CCE.
Concepto Jurídico CI 7-2024-276272- SENA.
Concepto Jurídico 91559 de 2024-SENA.
Concepto Jurídico 15416 de 2023- SENA.
Sentencia del 28 de mayo de 2012- Numero interno (21.489). C.P: Ruth Stella Correa Palacio / Consejo de Estado.
ANÁLISIS JURÍDICO
Con fundamento en el contenido de las normas, jurisprudencia y doctrina citadas, se procede a responder la solicitud formulada, en los siguientes términos:
En primer lugar, es preciso señalar que los conceptos citados en las referencias normativas del presente pronunciamiento ya han desarrollado de manera amplia los cuestionamientos relacionados con la viabilidad contractual planteada en su solicitud. En consecuencia, se sugiere su consulta, especialmente el emitido por esta Coordinación bajo el número CI 7-2024-276272, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/concepto sena 0078876 2024.htm?resaltar=CI+7-2024-276272
En dicho concepto se concluye:
(...) “En este orden de ideas, y en atención puntual de su interrogante, en criterio de esta Dirección Jurídica, se permite concluir que el particular contratista puede tener varios contratos de prestación de servicios con una entidad pública por cuanto la prohibición contenida en el artículo 128 Constitución Política está dirigida a servidores públicos, personas que tienen un vínculo laboral con el estado. Los particulares contratistas, no tienen este vínculo y, en tal virtud, no les es aplicable la prohibición. Adicionalmente, el Estatuto de Contratación, la Ley 80 de 1993, no contiene una inhabilidad o incompatibilidad que indique a los particulares que no pueden tener más de un contrato con una entidad oficial.” (…)
Esta coordinación sostiene la postura transcrita en el entendido que no existe prohibición constitucional o definición legal de inhabilidad o incompatibilidad para la celebración de varios contratos de prestación de servicios con la misma entidad.
Reiterada la postura recién enunciada, resulta indispensable mencionar que toda actuación contractual debe enmarcarse en los principios de la función administrativa y de la contratación estatal. Entre ellos, el principio de economía, del cual se deriva el deber de planeación (Ver sentencia citada en las referencias normativas - No. 21.489), que exige una estructuración de los procesos contractuales con rigor técnico, definiendo de manera previa, cierta y verificable la necesidad que se pretende satisfacer (Verificación jurídica, técnica y financiera). En este sentido, cada contrato deberá obedecer estrictamente a una necesidad justificada coherente que permita cumplir con los fines del estado.
De igual forma, en cualquier trámite contractual debe garantizarse el cumplimiento del principio de selección objetiva, el cual exige verificar que el proponente cuente con las condiciones de idoneidad, experiencia, capacidad y disponibilidad necesarias para ejecutar de manera adecuada las obligaciones derivadas de cada uno de los contratos. En consecuencia, corresponde a la entidad establecer, dentro del análisis de planeación y durante el proceso de selección, que el contratista tiene la capacidad real de atender todas las actividades contratadas, garantizando el cumplimiento de los plazos, calidades y cargas contractuales.
Esta selección objetiva implica que, incluso cuando la naturaleza del servicio (profesionales o de apoyo a la gestión) requiera una dedicación intensiva, disponibilidad permanente o incluso prestación presencial, la entidad está obligada a verificar si el contratista posee las condiciones materiales para cumplir con tales exigencias.
Por último, sobre sus preguntas relacionadas con las herramientas o lineamientos en la supervisión de los contratos, en la fase de ejecución contractual, la labor de supervisión se rige por las obligaciones establecidas en el Estatuto General de Contratación, la Ley 1474 de 2011 y por los procedimientos definidos en el Manual de Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002 V07). Este marco normativo impone un seguimiento soportado en evidencias, sin que la existencia de uno o varios contratos suscritos por el mismo contratista modifique el estándar institucional aplicable. La supervisión debe velar porque las actividades se desarrollen conforme al contenido obligacional del negocio jurídico.
CONCLUSIÓN
En consecuencia, se concluye que no existe prohibición para que un particular suscriba varios contratos de prestación de servicios, por cuanto la restricción prevista en el artículo 128 de la Constitución recae exclusivamente sobre servidores públicos. Cada contratación debe responder a una necesidad debidamente soportada, cumpliendo con los principios de planeación y economía. Así mismo, corresponde a la entidad verificar la capacidad real del contratista para atender las obligaciones asumidas. Finalmente, la supervisión se rige estrictamente por la ley y por el Manual de Supervisión e Interventoría vigente de la entidad (GCCON-M-002 V07), cuyo estándar permanece invariable sin importar la simultaneidad contractual.
Cordial saludo,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
