Concepto 18802 de 2026 SENA

CONCEPTO 18802 DE 2026

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

1-0020

Bogotá, D. C.

Cordial saludo.

Damos respuesta a la comunicación radicada con el consecutivo 17-9-2026-000752, mediante la cual consulta sobre el alcance de las restricciones de la Ley de Garantías en relación con el "uso de propaganda política al interior de las instalaciones del SENA Regional Caldas", considerando que "la ciudadela tecnológica Los Cerezos (...) es un campus que ofrece servicio de estacionamiento de vehículos", y que "en época preelectoral los vehículos de propiedad de particulares, contratistas y transporte público son utilizados como medio de propaganda política."

En ese contexto, pregunta: "¿Es posible autorizar el ingreso y estacionamiento en el campus del SENA Regional Caldas de vehículos de propiedad de contratistas, de particulares y de servicio público que cuentan con afiche o propaganda política adherida a estos? O esta situación (el estacionamiento de varias horas en las instalaciones de la regional) ¿se constituiría en un autorización de utilización de bienes inmuebles públicos para actividades de proselitismo o difusión de propaganda política?"

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.

PRECEDENTES NORMATIVOS

Ley 996 de 2005

Directiva 13 del 28 de agosto de 2025, de la Procuraduría General de la Nación Circular 10 del 8 de noviembre de 2025, de la Procuraduría General de la Nación Circular 3-2026-000004 del 5 de enero de 2026, del SENA

ANÁLISIS JURÍDICO

La Ley 996 de 2005, "por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República (...) y se dictan otras disposiciones", conocida como "Ley de garantías electorales", dispuso una prohibición general en el artículo 38, dirigida a los servidores públicos, en los siguientes términos, dentro de los cuales no se citan los apartados declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005:

"A los empleados del Estado les está prohibido: 1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. / 2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley. / 3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos. / 4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto. / 5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera. / La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima."

El parágrafo del citado artículo menciona, adicionalmente, unas prohibiciones expresas a "los Gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital", entre las que se incluye la siguiente: "No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. (...)"

Se observa que, en principio, la prohibición relacionada con el uso de inmuebles para actividades proselitistas se encuentra entre las que especialmente se establecen para las autoridades de entes y entidades territoriales. No obstante, como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C- 1153 de 2005, "todas las limitaciones previstas en el artículo 38 están claramente encaminadas a garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución, en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones. En esa medida, en términos generales, el artículo 38 no contraría disposición alguna de la Carta, sino que la desarrolla" y, en su interpretación, considera que este artículo "es enunciativo, pues no contiene expresiones como únicamente o solamente están prohibidas las conductas ahí enunciadas. En esa medida, en el ejercicio de la actividad política, los servidores públicos también pueden incurrir en conductas prohibidas si así lo señalan otras disposiciones de rango legal, en respecto del principio de legalidad y de reserva de ley en materia sancionatoria."

Además, como lo ha expresado el Consejo de Estado, entre las finalidades de la Ley de Garantías Electorales se encuentra la de "evitar que la voluntad de los electores sea influenciada por la acción u omisión de los servidores públicos". [Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00205-00 (2366), del 20 de febrero de 2018]. Según esta finalidad, puede interpretarse que los servidores públicos tienen un deber activo en la prevención de actos o conductas que puedan ejercer una influencia en la voluntad de los electores.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación, mediante Directiva 13 del 28 de agosto de 2025, impartió una serie de "recomendaciones respecto de la participación en actividades y controversias políticas y prohibiciones en relación con los procesos electorales para elegir Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República - Período 2026-2030".

En dicha Directiva se presenta la relación de normas y pronunciamientos jurisprudenciales aplicables al asunto, con base en las cuales exhorta y advierte que "los servidores públicos, particulares que ejercen funciones públicas y quienes manejen recursos públicos deben abstenerse de: (...) c) Usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral (...) k) Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas (...)."

Adicionalmente, dichas recomendaciones quedan sujetas al control social, pues la misma Directiva invita a la ciudadanía a ejercer tal control "sobre las diferentes autoridades e instituciones públicas, e informar a las autoridades en especial a aquellas que ejercen Ministerio Público, los hechos que comprometan la conducta de los servidores públicos y de los particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas o manejen recursos públicos, allegando en lo posible, lo soportes probatorios correspondientes."

En correspondencia con lo anterior, el SENA, mediante Circular 3-2026-000004 del 5 de enero de 2026 con el asunto "Cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales Elecciones 2026 y advertencias disciplinarias", dispuso "recordar y reforzar los lineamientos que deben observarse de manera estricta por todos los servidores públicos y colaboradores de la Entidad, con el fin de prevenir riesgos disciplinarios, fiscales y penales asociados a la participación indebida en política y al uso irregular de recursos públicos."

En tal sentido, señaló que "los servidores públicos deben cumplir, entre otras, con las siguientes prohibiciones generales. / a. Participación en política. Queda prohibido a los servidores públicos: Utilizar el cargo o los recursos del SENA para apoyar, directa o indirectamente, campañas políticas o proselitismo. (...) c. Uso de recursos públicos. Está prohibido destinar recursos, equipos, vehículos, instalaciones o tiempo laboral para actividades que favorezcan o perjudiquen cualquier campaña, candidato o partido político."

CONCLUSIONES

Conforme a lo anterior, consideramos que deben observarse las prohibiciones generales y las recomendaciones y advertencias que se han impartido sobre los deberes que le asisten a los servidores públicos en el marco de la Ley 996 de 2005 y la jurisprudencia para garantía de los principios que deben orientar el debate electoral.

En tal sentido, se aclara que esta Coordinación no tiene competencia para calificar si una determinada conducta constituye falta disciplinaria o penal, la cual está reservada para las autoridades investidas con esa facultad.

Por tanto, se recomienda tener en cuenta las advertencias de la Procuraduría General de la Nación y adoptar un enfoque preventivo, acorde al deber activo en la prevención de actos o conductas que puedan ejercer una influencia en la voluntad de los electores y, en consecuencia, tener en cuenta especialmente, lo advertido por el ente de control en el sentido de abstenerse de "autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas."

Cordialmente,

CAROLINA OSPINA VILLEGAS

Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos