CONCEPTO 35009 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-0020
Bogotá D.C.
| Para: | XXXXX |
| De: | Carolina Ospina Villegas, Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos, cospinav@sena.edu.co |
| Asunto: | Respuesta a consulta formulada a través de radicado 01-9-2026-017736- NIS 2026-02089159 |
Respetada Doctora,
En ejercicio de la competencia atribuida a esta Coordinación por el artículo 3, numeral 1, de la Resolución 3329 de 2025, la Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos emite respuesta a la consulta radicada bajo el número indicado en el asunto, mediante la cual se solicita conceptuar:
"...quiénes son las personas obligadas a presentar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, de conformidad con la Ley 2013 de 2019, dentro de la estructura organizacional del SENA, y de manera puntual, establecer la obligación aplicable a los contratistas."
I.ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Los Conceptos Jurídicos proferidos por las entidades públicas tienen su origen en el Derecho Fundamental de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, los conceptos jurídicos emitidos por las autoridades en respuesta a consultas formuladas en ejercicio del derecho de petición no son de obligatorio cumplimiento ni ejecución, salvo disposición legal en contrario.
En consecuencia, los conceptos proferidos por la Dirección Jurídica del SENA constituyen orientaciones de carácter general, cuyo propósito es facilitar la interpretación y correcta aplicación de las normas vigentes. En tal sentido, no resuelven situaciones particulares ni suplen la competencia de las autoridades encargadas de adoptar decisiones administrativas específicas.
II. REFERENCIAS NORMATIVAS
Para el análisis de la consulta, se tienen en cuenta las siguientes disposiciones:
Constitución Política de Colombia, artículo 209.
Ley 2013 de 2019.
Circular Externa No. 100-019 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la incorporación de lineamientos de integridad en la contratación de prestación de servicios, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Resolución 2811 de 2025, mediante la cual se adopta el Manual de Contratación del SENA.
III. ANÁLISIS JURÍDICO
El artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, eficacia, imparcialidad y publicidad, los cuales obligan a todas las autoridades públicas y a quienes intervengan, directa o indirectamente, en el ejercicio de funciones públicas.
Estos principios constituyen un eje estructural del derecho administrativo colombiano y exigen estándares reforzados de integridad, transparencia y rendición de cuentas, particularmente en la gestión y administración de recursos públicos.
En desarrollo de tales postulados constitucionales, el legislador expidió la Ley 2013 de 2019, cuyo objeto es garantizar los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
El artículo 2 de la citada ley establece su ámbito de aplicación e identifica como sujetos obligados: " ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:
a) Los servidores públicos electos mediante voto popular;
b) Los magistrados de las Altas Cortes, Tribunales y de la Justicia Especial para la Paz, el Fiscal General de la Nación, fiscales locales, seccionales y jueces de la República;
c) Los magistrados del Consejo Nacional Electoral;
d)EI Procurador General de la Nación, el Auditor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil;
e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado;
f) Las personas naturales y jurídicas. públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público;
g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función;
h) EI Presidente de la República;
i) Al Gerente General del Banco de la República, de las CAR y los Consejos Directivos y Rectores y Directores de Universidades Públicas;
j) Los Directivos de las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios y Departamentos Administrativos, con personería jurídica;
k) Embajadores y Cónsules de Colombia en el Exterior." Subrayas fuera de texto original.
Ahora bien, la Ley 2013 de 2019 distingue claramente las obligaciones de declaración entre servidores públicos y particulares. Para los primeros, el parágrafo 1 del artículo 2 dispone que la presentación de las declaraciones constituye requisito para la posesión, el ejercicio y el retiro del cargo.
En el caso de los particulares –entre ellos los contratistas–, el mismo parágrafo referido líneas arriba, establece que la obligación surge antes, durante y al término del ejercicio de la función pública, la prestación del servicio público o la administración de bienes o recursos públicos, siempre que se configuren los supuestos previstos en la ley.
Sobre este punto, la Circular Externa No. 100-019 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública precisó que, por regla general, los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no son automáticamente sujetos obligados por la Ley 2013 de 2019. Sin embargo, aclaró que cada contrato debe analizarse de manera particular, a fin de determinar si el contratista: ejerce función pública, presta un servicio público, o administra bienes o recursos públicos.
A su turno, y en aras de garantizar la integridad y moralidad en materia contractual, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la incorporación de lineamientos de integridad en la contratación de prestación de servicios, recomienda a las entidades estatales adoptar mecanismos efectivos para la identificación, prevención y gestión de conflictos de interés, con el fin de mitigar riesgos de corrupción.
Dentro de dichos mecanismos, se resalta el uso del Aplicativo por la Integridad Pública, herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la cual los servidores públicos, contratistas y demás sujetos obligados registran la información exigida por la Ley 2013 de 2019.
IV. CONCLUSIÓN
De acuerdo a los considerandos expuestos en el desarrollo de lo acá tratado, se concluye que la Ley 2013 de 2019 establece la obligatoriedad de presentar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para:
Los servidores públicos expresamente señalados en la ley, y
Los particulares que, conforme al artículo 2 ibidem, ejerzan función pública, presten servicios públicos o administren bienes o recursos públicos.
En el caso específico de los contratos de prestación de servicios, corresponde a la entidad verificar, con base en el objeto contractual a ejecutar y las actividades efectivamente desarrolladas, si el contratista se encuentra dentro de los supuestos legales que generan la obligación.
En el SENA, como mecanismo institucional para el cumplimiento de estos deberes de integridad, se ha dispuesto el uso del Aplicativo por la Integridad Pública, a través del cual deberá verificarse, antes de la suscripción del contrato y durante su ejecución, el cumplimiento de las obligaciones de declaración y registro que resulten aplicables en cada caso concreto.
El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales, administrativas y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.
Cordial saludo,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
