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Radicado: 25000-23-36--000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: Demandantes: Demandado: Referencia:

25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Consorcio CILOYD

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Controversias contractuales

Temas: ^{Tema 1:} Cómputo del término de caducidad en controversias contractuales. Subtema 1.1: Norma procesal aplicable según tránsito legislativo. Tema 2: Equilibrio económico del contrato. Contrato de obra a precio global. Tema 3: Deber de declarar la nulidad del contrato. Subtema 3.1. Prohibición de adiciones al contrato que excedan el cincuenta por ciento (50%) del precio inicial. Subtema 3.2. Alcance de la declaración de nulidad. 3.3. Restituciones mutuas. Tema 4: Dictamen pericial contable. Tema 5: Carga y necesidad de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 29 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda.

l. SINTESIS DEL CASO

El contrato núm. 163 de 2006 tenía por objeto la construcción de la Avenida Los Comuneros entre la Avenida Circunvalar y la carrera 8ª de la ciudad de Bogotá. El contrato fue prorrogado y su precio fue incrementado en múltiples ocasiones, algunas de las cuales busc.3ron restablecer el equilibrio económico del contrato, que fue afectado por las graves falencias en los disei'\os de construcción. El consorcio contratista persigue el reconocimiento de lo que, en su criterio, corresponde al desequilibrio contractual no reconocido por la administración contratante.

11. ANTECEDENTES

La demanda

El veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013), las sociedades Obras y Diseños S.A. y Cilas E.U., integrantes del Consorcio Ciloyd (en adelante, el Consorcio) demandaron\ en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en procura de que: (i) sea declarada la nulidad de la qesolución 1593 del 24 de mayo de 201O en la que fue decidido unilateralmente el incumplimiento del contrato núm. 163 de 2006 por parte de la demandante, al comriderar que contradijo normas superiores, e incurrió en falsa motivación, desviación de poder y violación del derecho de defensa; (ii) se declare el desequilibrio económico del contrato mencionado en desmedro de la parte actora; (iii) en consecuencia, se condene al IDU al pago del restablecimiento

del equilibrio consistente ,m el mayor valor costeado por el contratista para la

¹ F. 1-53, c. 1.

1

ejecución del contrato; y que (iv) el contrato núm. 163 de 2006 sea liquidado judicialmente.

En el escrito de demanda, la actora relata que, luego de concluir el procedimiento licitatorio adelantado por la demandada, el Consorcio y el IDU celebraron el contrato de obra núm. 163 del 29 de diciembre de 2006, que tuvo por objeto la construcción de la Avenida Los Comuneros desde la Avenida Circunvalar hasta la Carrera 8 en la ciudad de Bogotá, mediante el sistema de precio global con ajustes, que ascendía a $8.306'148.832, previendo uri plazo de ejecución de 7 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación. Que, una serie de falencias respecto a los diseños y estudios previos de la obra impidió el inicio de la ejecución en los términos proyectados, lo que condujo a la celebración de múltiples modificaciones y adiciones al negocio, e igualmente dio lugar al rompimiento de la ecuación financiera contractual en perjuicio del Consorcio.

Trámite procesal relevante en primera instancia·

El veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) el Tribunal admitió² la demanda y ordenó notificar el admisorio al IDU, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al agente del Ministerio Público.

El IDU contestó la demanda³ y se opuso por completo a las pretensiones formuladas por la demandante.

El veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), en la audiencia inicial⁴ el litigio fue fijado en torno a: (i) la nulidad de la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2010; (ii) el desequilibrio contractual que se habría presentado con "/os diseflos ejecutados, el valor de un andén construido en el costado de la vía, la excavación de toca, la mayor pennanencia en obra por causas no imputables al contratista, el periodo de improductividad de maquinaria, equipos y personal, las adecuaciones de la urbanización Santa Bárbara, la pérdida de la sub base granular que el interventor obligó a retirar, la construcción de cárcamos de redes de servicio, los sobrecostos financieros, y trabajos ejecutados y reconocidos por la interventoría cuyos precios unitarios nunca fueron aprobados por el IDU'; y (iii) la liquidación del contrato de obra núm. 163 del 29 de diciembre de 2006⁵?

En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en primera instancia, la demandante⁶ y la demandada⁷ dieron a conocer sus argumentos de cierre. El agente del Ministerio Público, para ante el Tribunal, rindió conceptoª.

La sentencia recurrida

En sentencia⁹ del veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), el Tribunal negó las pretensiones. Inicialmente, descartó el error grave del dictamen pericial tramitado en el asunto, denunciado por el extremo demandado. Posteriormente, consignó la siguiente motivación:

² F. 67, c.1.

³ F. 217-240, c. 1.

⁴ F. 355-362, c. 1.

⁵ Transcripción desde el 1:24:11 al 1:25:10 de la audiencia.

⁶ F. 432-446, c. 1.

'F. 447-460, c. 1.

⁸ Rol asumido por el Procurador Judicial 136 Administrativo, Carlos Alberto Bohórquez Yepes.

⁹ F. 463-481, c. ppal.

En cuanto al acto administrativo demandado, consideró que no se configuró ninguna de las causales de nulidad señaladas porque: (i) no se violaron normas superiores, toda vez que la entidad demandada declaró el incumplimiento conforme a derecho, y en ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias; (ii) fue respetado el debido proceso y el derecho de defensa, habiéndose comunicado al contratista las consecuencias del incumplimiento contractual; (iii) la resolución demandada fue soportada en medios de prueba que reflejaron la realidad de lo acontecido en la ejecución del contrato, y (iv) los supuestos fácticos y jurídicos invocados por la administración en dicho acto no fueron desvirtuados por la demandante.

En relación con el desequilibrio económico del contrato, el Tribunal observó que las múltiples modificaciones, actas y otrosíes al contrato alcanzaron acuerdos, en los que se zanjaron las controversias relativas a los diseños y a las mayores cantidades de obra. Consideró el órgano colegiado que las obras adicionales fueron reconocidas al contratista, quien consintió sin objeción sobre su precio ni los costos que implicaban, y que fue restablecido consensualmente el desequilibrio contractual al punto de no pérdida, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.

El a qua liquidó el contrato con reconocimiento al Consorcio del pago de

$8'297.798,70, "extrayendo lo consignado en el acta No. 100 de recibo final de obra del contrato 163 de 2006". Dicho balance fue consignado tanto en la parte motiva como en la resolutiva de la providencia así:

Radicado: 25000-23-36--000-2013-00211-01 (54114)

Demandante: Consorcio C/LOYD

Por último, la providencia de primera instancia condenó en costas, fijando por concepto de agencias en derecho la suma de $18'214.933, a favor de la parte demandada.

Uno de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal presentó "adición de voto", en la cual consignó que ,el contrato debió anularse oficiosamente porque sobrepasó el limite de adiciones. al precio del contrato, que fue superior al 50% del precio originalmente pactado.

El recurso de apelación

El diez (10) de junio de dos mil quince (2015), la demandante¹⁰ interpuso recurso de apelación¹¹ en contra de la sentencia de prim r grado. Los motivos de inconformidad con la decisión fueron los siguientes:

El Tribunal erró en el fallo, al pasar por alto que hubo fallas en los diseños entregados por el IDU, lo que generó retrasos en el cronograma inicialmente delineado, e hizo necesaria la elaboración de nuevos diseños y la ejecución de obras imprevistas, por la afectación de redes de servicios públicos domiciliarios, con lo que el precio del 'contrato pasó de cerca de

$8.000'000.000 a más de $40.000'000.000, y el _plazo, pactado inicialmente en 8 meses se aproximara a los 4 años. ·

Al liquidar el contrato, el a quo se habría equivocado, dejando al demandante en estado de pérdida, y permitió así "un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y en contra del particu/pr'', en cuanto: (i) incluyó el valor de una multa impuesta al contratista a través de la Resolución 1593 de 2010, pese a que ya había sido pagada a través de la póliza de cumplimiento, por lo que generó un "doble pago de la sancióq"; (ii) se produjeron costos adicionales evidenciados por el perito en su dictamen, por un monto de

$16'278.058.433, "por Reconocimiento Precio (3lobal por $3.346.458.239, por valor diseños $0, por anden costado norte $45.544.018, por excavación en roca $4.670.962.882, por mayor permanencia n la obra $5.174.578.328, por periodo de improductividad $0, por adecuaciones urbanización Santa Bárbara $140.966.368, por pérdida sub-base granular $255.402.520, por construcción de cárcamos redes de servicio $0, por sobrecostos financieros

$2.106.000.000, por obras ejecutadas y no reconocidas $130.146.075"¹².

El juzgador de primera instancia, a pesar de considerar que la prueba

pericial practicada tenía valor probatorio, estimó .gue los valores habían sido conciliados por las partes en los otrosíes y actas q^'ue suscribieron, con lo que

habría errado, ya que los gastos por cerca de $24.000'000.000 referidos en el dictamen no fueron reconocidos por el IDU.¡ Así las cosas, la censura apunta a que debieron reconocerse las sumas no establecidas en los otrosíes y las actas, dado que estas no llevan al punto de no pérdida del contratista.

¹0 La parte actora presentó el nueve (9) de junio de dos mil quince (2015) un escrito de recurso (f. 491-502, c. ppal.) a través del abogado Juan Pablo Orjuela Vega, facultado para ello conforme al poder conferido (f. 503, c. ppal.). Sin embargo, un día después, y mediante un apoderado diferente -el abogado Manuel Antonio Alarcón González- la demandante presentó poder (f. 522, c. ppal.) y recurso diferente al del anterior (f. 507- 521, c. ppal.). En virtud del articulo 76 del Código General del Proceso, vigente para la fecha de interposición del recurso, deberá entenderse que la demandante revocó el poder de su abogado inicial y, en su lugar, designó al profesional Alarcón González como su nuevo apoderado en esta instan¡:ia. Por ello, solo tendrá en cuenta lo plasmado en el escrito presentado por este abogado.

11 F. 507-521, c. ppal.

¹² Esta es una transcripción literal. Los errores, erratas, énfasis y mayúsculas que en este puedan encontrarse forman parte del texto original. ·

La diferencia entre lo evidenciado por el perito y lo reconocido por el IDU en actas y otrosíes, respecto de los ítems de excavación en roca, mayor permanencia en obra de 20,5 meses, sobrecosto financiero y reconocimiento del precio global, S(!ma un total de $14.177'846.304 por rubros que no fueron aceptados por la entidad contratante, por lo que no cabría afirmar que se encontrara en un punto de no pérdida. Recalca, además, que los sobrecostos se debieron, en buena parte, a "/a falta de estudios y planeación de la entidad" por lo que le son enteramente imputables.

Trámite relevante en segunda instancia

A través del auto del doce (12) de agosto de dos mil quince (2015), el Despacho instructor admitió el recurso de apelación presentado por la actora el diez (1O) de junio de dos mil quince (2015) y reconoció personería al apoderado de la demandante, Manuel A(ltonio Alarcón González¹³.

En la oportunidad destinada a la presentación de alegatos de conclusión en segunda instancia¹⁴, las partes presentaron sus respectivos argumentos¹⁵. El agente del Ministerio Público ante esta Corporación guardó silencio.

111. PROBLEMAS JURÍDICOS

Vistos los argumentos de la decisión, y los reproches formulados por la apelante,

la Sala acotará, en virtud de su competencia como órgano colegiado de segunda instancia¹⁶·¹⁷, la temática que será tratada en esta providencia. Para tal efecto, cabe destacar que el apelante:

No persiste en atacar la legalidad de la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2010, que declaró el incumplimiento contractual del Consorcio, y únicamente mantiene como protesta que en la liquidación judicial haya sido incluida la suma impuesta por dicho acto, que ya fue pagado a través de la aseguradora garante, según la actora.

No discute que se produjo un desequilibrio económico del contrato durante la ejecución de la obra estipulada entre las partes del proceso, como lo reconoció el IDU, y lo ratificó el Tribunal. No obstante, mantiene la controversia acerca de si este fue restablecido por completo mediante las actas y otrosíes suscritas durante el desarrollo contractual, en concordancia con el pronunciamiento recurrido o si, por el contrario, este subsiste en las magnitudes reclamadas judicialmente por el extremo actor.

Precisado lo anterior, la Colegiatura deberá dilucidar los siguientes problemas jurídicos:

¹³ F. 532-533, c. ppal.

¹⁴ F. 537, c. ppal.

¹⁵ F. 538-541 (Consorcio); f. 546-549 (IDU), c. ppal.

¹⁶ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060.

¹⁷ CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. "Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine fa cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para qu9 el superior revoque o reforme fa decisión. [... ] Articulo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de fas decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. [... ]".

¿En las actas y otrosíes suscritos entre el Consorcio y el IDU durante la ejecución del contrato 163 de 2006 quedó 9ompletamente zanjado el restablecimiento del desequilibrio económico que afectó al contratista?

¿La liquidación judicial del contrato debe incluir la suma por la que fue declarado el incumplimiento contractual del, Consorcio, mediante la Resolución 1593 del 24 de mayo de 2010?

Antes de evaluar estos aspectos, y con ocasión del voto disidente consignado por uno de los miembros del colegiado a quo (aptdo. 2.3.5), la Sala deberá verificar si hay lugar a declarar la nulidad del contrato por excedl!lr el 50% del valor original, conforme al deber del juzgador¹⁸ previsto en el artículo 1?42 del Código Civil (CC)¹⁹,

en concordancia con el artículo 45 de la Ley 80 de 1993²º y el artículo 141 del

CPACA²¹, tomando en consideración que el contrato núm. 163 de 2006 fue suscrito el veintinueve (29) de diciembre de dos mil seis (2006)²² y la demanda fue presentada el veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013)²³, con lo que se interrumpió²⁴-²⁵ el termino decenal de prescripción extintlya, previsto en el artículo 6 de la Ley 791 de 2002. '

Estos interrogantes deberán ser respondidos éon referencia al régimen sustantivo del contrato y al Estatuto General de Contra\ación de la Administración Pública {Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007), en tanto el IDU es un establecimiento público²⁶ al que le son aplicables las disposiciones contenidas en dicha normativa²⁷.

HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA L-6.RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ENUNCIADOS

¹⁸ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia dei 15 de octubre de 2020, exp. 48784, fundamento jurídico 4.2. '

¹⁹ Articulo 1742. Subrogado por el art. 2°, Ley 50 de 1936. "La nulidad abS{)luta puede y debe ser declarada

por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa'/lícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria".

²⁰ "Articulo 45. De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser aleg;,da por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.[ ... ]". .

²¹ CPACA. Articulo 141. "[... ] El Ministerio Público o un tercero que acredite··un interés directo podrán pedir que

se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podfá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intei:venido las partes contratantes o sus causahabientes".

²² Hecho 4.2.

²³ Apiado. 2.1.1. .

²⁴ CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL "Artículo 90. Interrupción dff',/a prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el ténnino para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del ténnino de un (1) año contado a partir del dla siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este ténnino, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado:"[ .. .]".

²⁵ LEY 153 DE 1887. "Artículo 40. Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los ténninos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvjeren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. [... ]". .

²⁶ Conforme al Acuerdo Distrital 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, el IDU es un "establecimiento público, con

personería jurldica, autonomía administrativa y patrimonio independiente." ·

²⁷ Ley 80 de 1993: "ARTICULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS

PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales:// a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos IJSpeciales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indlgenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industria/es y comerciales del Estado, las sociedades de econoinla mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), as/ como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurldicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles." (Se subraya).

Según el extracto del pliego de condiciones de la licitación pública IDU-LP-DTC- 038-2006, aportado al expediente²⁸, el objeto del procedimiento era elegir al contratista encargado de construir la

"AVENIDA DE LOS COMUNEROS ENTRE LA CARRERA 8ª (K0+450) HASTA LA

AVENIDA CIRCUNVALAR (K1+530), INCLUYE la intersección con la Avenida Circunvalar, confinamiento del andén costado norte (bordillo); NO INCLUYE: 1. Construcción de plazoletas en los dos costados (norte y sur), 2. Anden del costado norte, conforme a los estudios y diseños realizados bajo el contrato IDU-146-2004 por la firma CONSORCIO AVENIDA COMUNEROS". (Negrillas originales del texto).

Al describir las obras que serían contratadas, el pliego indicó que:

"Previo al inicio de las·obras, El Contratista contará con un mes para adelantar con la Jnterventoría la Etapa de Preconstrucción, donde el Contratista apropiará los diseños realizados por la firma GMC ingenieros Llda., suministrados por el IDU, para lo cual después de revisar y verificar las memorias de cálculo, planos de diseño y demás documentación relevante, efectuará la apropiación de los diseños y tomará como suyos los tales. Esto deberá realizarse mediante la expedición de un acta de apropiación de los diseños suscrita entre el Contratista y la lnterventoría de Obra. La motivación de la apropiación de los diseños deja constancia que el Contratista conoce y acepta totalmente los diseños y está en capacidad de asumir la responsabilidad total por la obra y garantizará la estabilidad de las obras independientemente de que los diseños sean entregados por el IDU

El Contratista de la obra tendrá un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir del primer día (inclusive) de iniciada la etapa de preconstrucción, para revisar los estudios y diseños y pronunciarse ante la Jnterventoría bien sea apropiándose de dichos estudios y diseños, o presentando las observaciones que tengan sobre los mismos. Una Vez se pronuncie el Contratista, la lnterventoría tendrá un plazo máximo de 5 días calendario para responder al contratista sobre las observaciones que este presentó. A partir de la respuesta de la lnterventoria, el Contratista tendrá un plazo máximo de 3 días para acatar de ser el caso, las observaciones de la lnterventoria y apropiarse de los estudios y diseños. No obstante lo anteriormente expuesto, el Contratista deberá incluir dentro de su metodología todo el proceso y cronograma de revisiones, los pronunciamientos de la interventoria de obra, y en caso de requerirse aclaraciones por parte del consultor e interventor de diseños, prever los tiempos para dichos trámites, hasta la apropiación de los estudios y diseños por parte del Contratista, en un plazo máximo al estipulado en los presentes pliegos para la etapa de apropiación de los estudios y diseños.

Se aclara que la etapa de apropiación de los diseños se ciñe a definir que los diseños suministrados por el IDU se encuentran dentro de los lineamientos establecidos por las Normativas y Códigos existentes que regulan el estado del arte del diseño. En caso de efectuarse discrepancias conceptuales por incumplimiento de alguna normativa de diseño que ameriten una revisión por parte del Diseñador Principal, después de verificadas por la Jnterventoría de obra deberán ser remitidas al IDU para que la Entidad adelante las acciones pertinentes ante el Diseñador Principal. Mientras se adelantan las revisiones o se ejecutan los ajustes, complementaciones o modificaciones a los diseños para apropiación de los mismos, y si a ello hubiere lugar, podrá considerarse una suspensión de la preconstrucción, sin costo alguno de ningún tipo para el IDU por concepto del contrato.

[... ] Una vez revisados, aprobados y/o modificados los diseños que el JDU puso a disposición de los Proponentes durante la Licitación y previa verificación por parte de la lnterventoría. de que estudios y diseños estén orientados a que las obras a construir cumplan en un todo lo establecido en las Especificaciones Generales, las

²⁸ F. 24-38, c. 3.

Radicado: 25000-23-36--000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

Especificaciones Particulares de Construcción, los line,amientos establecidos por las Normativas y Códigos existentes y las empresas de servicios públicos al IDU, el Contratista iniciará la ejecución de las obras (sic) objeto del contrato. mediante la suscripción del acta de iniciación del Contrato para la ejecución de la Obra.

En todo caso, durante la etapa de preconstrucción el contratista debe efectuar las siguientes actividades:

Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico Específico con la propuesta de señalización, desvíos y tipo de tráfico afectado, radicación de dicho PMT ante la STT de Bogotá para su revisión y hasta su a¡jrobación por parte de dicha Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá. '

Revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación al diseño geométrico, para garantizar un empalme adecuado de las obras a ejecutar con las construidas en los extremos y a lo largo del corredor de la Avenida.

Revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación al Espacio Público, para garantizar una integración de los ,andenes a construir con los existentes en las zonas aledañas y una adecuada accesibilidad y drenaje a los predios que presentan diferencias de nivel con respecto a la rasante.

Revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación de los diseños hidrosanitarios.

Incorporación de redes gas natural y telefónicas proyectadas (COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES, EPM BOGOTA, EMTELCO) por las diferentes empresas.

Revisión, verificación, actualización, ajustes, corr¡plementación de los diseños de las redes eléctricas de CODENSA y telefónicas de la ETB.

Revisión verificación, actualización, ajustes, complementación a los diseños de señalización y demarcación. ·

En general, la revisión, verificación, actualización, ajustes, complementación de

todos los Estudios y Diseños que conforman el proyecto objeto de la presente licitación".

Más adelante, el mismo documento señaló:

"Si el CONTRATISTA, como resultado de la revisión, verificación, actualización, ajustes y complementación de los Estudios y Diseños, con la verificación respectiva de la lnterventoría, y cumpliendo con las especificaciones, normatividad y códigos vigentes, estima conveniente modificar los diseños originales, el valor global del contrato deberá ser revisado con los nuevos diseños propuestos y deberá ser aprobado por la lnterventoría y el IDU. De acuerdo con lo anterior, en el evento que el CONTRATISTA modifique los diseños no podrá iniciar la construcción de las obras con los diseños modificados, sin que previamente se haya revisado el valor global del contrato y realizado la modificación contractual correspondiente, el trámite correspondiente deberá ser adelantado por la interventoría al IDU dentro del plazo estipulado para la etapa de preconstrucción. En el evento de que se modifiquen los diseños dentro de la etapa de construcción la interventoría deberá realizar el proceso indicado para la etapa de preconstrucción, y tendrá un plazo máximo de ocho días para gestionar ante el IDU el respectivo trámite. En todo caso cualquier modificación que se realice, no modificará los plazos establecidos contractualmente.

Si como resultado de la modificación de los diseños resulta un menor valor, comparado con los diseños originales, calculado con los precios unitarios topes del IDU y el AIU presentado en la propuesta por parte del contratista, esta diferencia será a favor del IDU. Bajo ninguna circunstancia el IDU reconocerá mayores valores al precio global de las obras que fueren objeto de modificación en sus diseños originales.

Es importante resaltar que el CONTRATISTA dentro de la etapa de preconstrucción, debe ajustar la totalidad de los planos y los estudios y diseños del proyecto, de

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio C/LOYD

acuerdo con las bocacalles cruces semaforizados tanto vehiculares como peatonales, definidos. en los planos de señalización que hacen parte de la entrega final del componente tránsito y transporte realizada por la firma CONSORCIO AVENIDA COMUNEROS".

El 29 de diciembre de 2006, el Consorcio y el IDU, representado por el Director Técnico de Construcciones, suscribieron el contrato de obra²⁹ núm. 163 de 2006, que tuvo el siguiente objeto:

"1. OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete para con el IDU, a ejecutar a precio global con ajustes las obras de CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LOS COMIJNEROS DESDE LA AVENIDA CIRCUNVALAR HASTA LA

CARRERA 8 EN BOGOTÁ D.C., de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en especial Jo dispuesto en el Capítulo 4, la propuesta presentada el 30 de noviembre de 2006 y los apéndices, los cuales hacen parte integral de este contrato". (Negrillas originales del texto).

El precio del contrato fue plasmado en la cláusula segunda del contrato, en estos términos:

"2. VALOR. Para efectos legales el valor del presente contrato es hasta la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS  MICTE  ($8.306.148.322,oo),

equivalentes a 20.358,2079 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006 discriminadO de la siguiente manera:

²⁹ F. 5-28, c. 3.

Radicado: 2500/l-23-36..()()().2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio C/LOYD

(Negrillas originales del contrato)

De acuerdo con la cláusula tercera del contrato, .el IDU pagaría a modo de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total para la construcción, que seria amortizado en el mismo porcentaje de cada acta mensual de obra. Así mismo, pagaría:

"A) Hasta un Noventa y Cinco por ciento (95%) del valor total para la construcción, se pagará mediante presentación [de] actas mensuales por parte del Contratista, según porcentaje de obra ejecutada, de acuerdo con el programa de ejecución de obra y de pagos[...] ·

B) El 5% restante del valor total para la construcción, una vez se suscriba por las partes el acta de liquidación del contrato, previo recibo final por parte del IDU y de las Empresas de Servicios Públicos y suscrita por las partes el acta de recibo final y liquidación de la etapa de construcción.

(... ] Las obras afectadas por predios, que no se puedan reprogramar dentro del plazo contractual, se pagarán dentro de las remuneraciones previstas, en concordancia con la programación aprobada por la lnterventoría y et /DU para el contrato, y serían ejecutadas una vez se cuente con el respectivo predio o predios, considerándose que con este mecanismo se equilibra económicamente el contrato.

Valor para Obras de Construcción. Se pagará a precio Global (Con ajustes), mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la lnterventoría.

Valor para Gestión Ambiental. Se pagará a precio Global fijo (Con ajustes). El pago al contratista por el valor ambiental se pagará proporcionalmente al valor facturado mensualmente según avance de la obra, y esproporcional al cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del contrato en materia ambiental.

Valor para Gestión Social. Se pagará a precio Global fijo (Con ajustes). Este valor será dividido en el número de meses de la etapa de construcción y se pagará una parte en cada Acta mensual, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la interventoría [... ]

Valor para Manejo de Tráfico, Señalización en la ·etapa de Construcción. Se pagará a precio Global (Con ajustes). Este valor será dividido en el número de meses de la etapa de construcción y se pagará una parte en cada Acta mensual, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la lnterventoría.

Valor de Redes. Se pagará a precios Unitarios (Con ajustes), mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la Interventor/a.

Valor desvío calle 3ª. Se pagará a precio global (con ajustes) mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la Interventor/a.

Para la etapa de preconstrucción, los costos asociados requeridos para la revisión, ajuste o modificación de los diseños, deberán ser tenidos en cuenta en su propuesta, dado que .el Contratista asume responsabilidad de los diseños y los riesgos derivados". (N grillas originales del contrato).

El plazo de ejecución del contrato, según la cláusula quinta, era de "siete (7) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del acta de iniciación que suscriba el Director Técnico de Construcciones, desglosados de la siguiente manera: a) Preconstrucción: UN (1) mes; b) Construcción: SEIS (6) meses".

Además, el texto del contrato indicó: "Cuando el último día del plazo total pactado coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer Día Hábil siguiente".

El contrato contempló la posibilidad de su prórroga. Siguiendo la cláusula decimosegunda, si:

"[... ] por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el interventor y el área coordinadora, se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán un contrato adicional en plazo de acuerdo con las disposiciones legales.

Pero si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad y no se considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista, incluyendo el valor del período adicional de interventor/a, el cual será descontado de las actas de obra y/o actas de liquidación".

Según la cláusula decimocuarta, el contrato se liquidaría "dentro de los ocho

(8) meses siguientes a su terminación de conformidad con lo estipulado (sic) en el artículo 60 de la ley 80 de 1993".

El 2 de mayo de 2007, las partes suscribieron el acta de iniciación de las obras³⁰, que darían inicio el día 9 del mismo mes y año, y terminarían el 9 de diciembre de 2007.

Según el acta núm. 1 ^'de anticipo³¹ del 16 de febrero de 2007, el IDU pagó al contratista la suma de $2.246.653.045 por concepto de anticipo.

Durante la ejecuciól'l contractual fueron suscritas las siguientes actas, contratos adicionales, adiciones y otrosíes:

¹ Aptdo. 1 Acto ¹ Folios I Contenido 1 Motivo

'º F. 1-3, c. 4.

³¹ F. 196, c. 3.

Radicado: 25000-23-36.(J()(}.2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

Radicado: 25000-23-36--0CJ0.2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio C/LOYD

Radicado: 25000-23-36.000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

'

El 17 de marzo de 201O, las partes y el interventor suscribieron el acta núm. 96 de terminación del contrato de obra³² 163 de 2005. En esta ocasión, fueron compendiadas las diversas situaciones por las que atravesó la construcción.

En particular, quedó plasmado que el contrato fue ejecutado en 31 meses, contados desde el 9 de mayo de 2007 y, además, que fue objeto de los siguientes acuerdos modificatorios:

"A. PRÓRROGAS

B. SUSPENSIONES

Allí mismo quedó constancia de que la fecha de terminación contractual fue el 18 de febrero de 2010, y que su valor final fue de $24.752'717.037, circunstancias reflejadas en el documento así:

"C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL ^VALOR $

1 ^{$3.000.000.000,00}

³² F. 45-47, c. 4

Radicado: 25000-23-36-000-2013.00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

En las observaciones del acta constó que, en criterio del interventor ''faltó ejecutar obras para cumplir con las metas físicas del proyecto" lo que hace que el contrato haya sido incumplido, a pesar de que "e/ objeto sustancial del contrato", era "la construcción de Avenida Comuneros entre las carreras JE y 9 con su espacio público". Mientras tanto, el contratista expresó haber "cumplido con la totalidad de la obra, habiéndose excedido en la ejecución presupuesta/, tal como se propone demostrar su oportuno reconocimiento y pago en el proceso de liquidación del contrato".

El 30 de enero de 2012, las partes y el interventor firmaron el acta núm. 100 de recibo final de obra³³ donde se reflejó, como valor global de la obra, la suma de veinticuatro mil trescientos' sesenta y cuatro millones cuarenta mil cincuenta y siete pesos ($24.364'040.057,83). En esta ocasión, el contratista entregó un cuadro resumen y varias observaciones que, en su criterio, debían ser tenidas en cuenta en la respectiva acta de liquidación:

Lo anterior, junto con el perjuicio de improductividad, mayor permanencia en obra, cofinanciación, pago tardío de los valores, las reposiciones de elementos del objeto del contrato por hurto y/o vandalismo, los elementos robados ya denunciados, así

como la diferencia entre el valor total del contrato y el valor del acta de recibo final

[... ] serán reclamados y estudiados previamente a la suscripción del ACTA DE LIQUIDACIÓN por el IDU o en su defecto ante autoridad competente. Esperamos la suscripción bilateral de la misma y que la entidad reconsidere restableciendo la ecuación contractual, consignando las diferencias".

³³ F. 48-63, c. 4.

Mediante la Resolución³⁴ 1593 del 24 de mayo de 2010, el IDU declaró el incumplimiento contractual del Consorcio por obras dejadas de ejecutar, tasadas en la suma de ciento treinta y cinco millones setecientos treinta y siete mil dos pesos ($135'737.002). Según la constancia de ejecutoria³5 del acto, este quedó ejecutoriado el 28 de diciembre de 2010.

Conforme a la constancia³⁶ expedida por la Procblraduría Tercera Judicial 11 para asuntos administrativos, el Consorcio presentó solicitud de conciliación prejudicial el 13 de diciembre de 2012, y su trámite fue declarado fallido por falta de ánimo conciliatorio el 21 de febrero de 2013.

(

El contador público Víctor Hugo Castellanos Correa;rindió dictamen pericial3⁷. En el informe asegura que tuvo como fuente la información documental proporcionada por la parte actora, en particular:

"- Copia simple de la demanda del consorcio Ciloyd cpntra el IDU.

Copia magnética de la totalidad de archivos del contrato 163 de 2006.

Balance de prueba del año 2007 al 2012.

Pagos realizados por el Consorcio Ci/oyd a la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPEMER. ·

Balances Certificados del Consorcio CILOYD años 2006 y 2007.

Declaraciones de impuestos de /VA y Retención en la Fuente del Consorcio Ciloyd, correspondientes a los años 2007 a 201O. '

Facturas y comprobantes de egresos de los proveedores de los años 2007 a 2010.

Libros Auxiliares de la Retención en la Fuente de los años 2007 a 2012.

Libros auxiliares de los gastos financieros de los añós 2007 a 201?'.

J

Con este sustento documental, el dictamen señaló q e debían reconocerse los siguientes sobrecostos, conforme a las pretensiones de)a demanda:

,

El perito advirtió que "/a documentación aportada ponla parte actora es la base fundamental para realizar la presente experticia, el cual se fundamentó principalmente en las actas de obra suscritas y acepta·das por los representantes del IDU, de la lnterventoría ETA y del Consorcio".

³⁴ F. 70-99, c. 1.

³⁵ F. 100, c. 1.

³⁶ F. 209-210, c. 1.

37 c. 6.

La justificación de este cu dro fue presentada así:

Los sobrecostos en el "Componente Global del Valor del contrato de Obra [...], DEL CONTATO (sic}'ADICIONAL 1 y del Acta de Mayores cantidades No. 2, conforme a lo actuado en el Acta No. 99 de Obra ejecutada y pagada por el IDU; suma calculada por el consorcio siguiendo el procedimiento aplicado al Global Original aprobado por el IDU y la lnterventoría y que asciende a $3.346.458.239". Tal cifra la encontró acreditada en la discrepancia de cifras entre las presentadas por el IDU y las plasmadas por el Consorcio. Y agrega que:

"Para confrontar algunos de los costos y gastos en que incurrió el consorcio y forman parte integral de esta reclamación, aplicamos a una base de datos y aleatoriamente

se hicieron alguna,s selecciones para confrontarlos con los comprobantes de

egresos los cuales se relacionan y adjuntan al presente dictamen".

Acto seguido, el dictamen exhibe un cuadro con varios egresos de los años 2007 a 2010.

El valor del andén del costado norte que, de acuerdo con el dictamen, no fue reconocido por el IDU, afirmación justificada y valorada así:

\

"Una vez verificados los planos entregados por el IDU, se constató el alcance de

esta actividad en espacio público costado norte. Revistada la descripción de la actividad y la descripción de la especificación técnica, y por omisión en los documentos de adición y mayores cantidades de obra a pesar de haberse previsto las obras de construcción de los Andenes en el Costado Sur, el proyecto para efectos de funcionalidad no podía ser afectado por la no ejecución de estas mismas obras en el costado norte, por lo que se hizo necesaria la construcción de 7.399.76 M2 de andenes en dicho costado, los cuales no han sido cancelados al Consorcio.

El costo directo estimado (valor unitario del costado sur, aplicable para el costado norte) de conocimiento pleno de la lnterventoría, es de $47.500 M2 para un Costo total de $351.488.600, que incluyendo A.I.U., asciende a la suma de $453.544.018".

Respecto de la excavación de obra, quedó plasmado que debía reconocerse una suma equivalente a $4.656'653.266 por estas razones:

"Esta excavación en roca se desarrolló durante la ejecución del contrato, pero en acta de acuerdo del 22 de Julio de 2009, el constructor se comprometió a presentar los soportes según lo. establecido en el Manual de lnterventoría, para acreditar la cantidad de roca excavada, situación que llevó a que el precio fijado para este ítem se estableciera en el mes de febrero de 201O en la suma de $129.336 M3. No obstante lo anterior, la lnterventoría solo reconoció la suma de $128.630,78 M3, argumentando que esta actividad fue adelantada en el año 2009 por lo que representaba una leve disminución en su valor.

Ahora bien, en el Acta de Recibo Final ítem NP12 la lnterventoría solo reconoció la cantidad de 929 M3, cuando la cantidad real ejecutada durante el desarrollo del contrato asciende a 28.984,68 M3, lo cual arroja un saldo de 28.055,68 M3 para un valor de $3.608.824.000 costo directo más el porcentaje de A.I.U., por lo que estimamos que se encuentra pendiente de reconocer la suma de $4.656.653.266".

Por mayor permanencia en obra, representada en costos de personal y de administración, la suma de $5.174'578.882. Expuso que en este aspecto aplicó la multiplicación del costo mensual por los 20,5 meses de mayor permanencia.

En torno a las adecuaciones ejecutadas en la Urba_nización Santa Bárbara, el perito aseveró:

: l.

"Al confrontar los documentos contables del consorcio se constató que realizó un contrato de mano de obra por valor de $264.924.000 los cuales incluían:

'

Demolición de pisos, muros y puertas. Resevo [sic], arena, cemento, ladrillo y bloque Construcción de muros en mampostería

Instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias

Instalación de ventanas, marcos y puertas Arreglos en general (Goteras y Bajantes) Instalaciones de Vidrios y Acabados ,

Construcción de Andenes, sardineles e instalación de tapas Arreglo en general- mano de obra".

En relación con la pérdida de subbase granular, po{valor de $255.402.519,79, indica que se produjo por una orden impartida por la-,.interventoría que dispuso "levantar el material extendido y compactado entre la yarrera 7 y Carrera 9", que ocasionó "perjuicios" no reconocidos por la mencionada suma.

Exhibe un cuadro donde calculó los sobrecostos fihancieros en desarrollo del contrato, y los calculó en $2.106.000.000.

Sobre obras no reconocidas por valor de $130.146.075, el peritaje dice citar la parte final del acta núm. 100, suma "aceptada por la iriterventoría y no cancelada por el IDU". '

CONSIDERACIONES

Presupuestos para la sentencia de mérito

Siguiendo lo prescrito³⁸ por el artículo 40 de la Lel_153 de 1887, es necesario analizar la vigencia de las normas procesales aplicables para estudiar los presupuestos necesarios para adoptar sentencia. Ello, p·orque, si bien este tipo de preceptos tienen generalmente efecto inmediato y carácter irretroactivo, la ley prevé ciertos eventos en que opera la ley anterior, especificando las actuaciones y circunstancias que se rigen por la norma vigente cuando iniciaron, por tratarse de situaciones consolidadas que están amparadas por la' ultractividad de la norma anterior o porque, debido a la aplicación de la favorabilidad, el interés público o social, deban entenderse concluidos bajo la misma ley con la que dieron inicio³⁹. Por ello, por regla general, en los asuntos judiciales, la._mayor parte de preceptos

adjetivos rigen para el momento de la presentación de la demanda. Sin embargo,

,,

³⁸ La fecha de presentación de la demanda fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso (1º de enero de 2014). Por ende, en este punto el siguiente precepto será tomado en su redacción original: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación'y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren inic,adas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación." .,

³⁹ Sobre el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se ha dicho: "Esta disposición:consagra las reglas sobre aplicación de la ley respecto de las denominadas situaciones en curso, en virtud de lo cual señala: i) el primer inciso consagra la regla sobre el efecto general inmediato de las leyes procesales y la irretroactividad de la ley; ii) establece la_s reglas de ultractividad de las normas procesales para aquellas situaciones consolidadas al momento en que entra a regir la nueva legislación y señala algunas actuaciones que se entienden deben agotarse con base en las normas bajo las cuales se iniciaron y; iii) fija una regla sobre competencia en la que da prevalencia a los principios de juez natural y de legalidad". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección  Tercera,  Subsección  C. Auto  unitario del 6  de agosto  de  2014. Rad.

88001233300020140000301 (50408).

existirán otros aspectos excepcionales que, en virtud del tránsito legislativo, han de analizarse bajo la óptica oe la norma antigua.

Así, la jurisdicción competente para definir este asunto sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"), vigente para la fecha de presentación de la demanda⁴⁰. En tal sentido, la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca⁴¹, proferido en el marco del medio de control contencioso­ administrativo de controversias contractuales⁴², en el que una de las partes es el IDU, un establecimiento público, dentro de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia⁴3.

Sobre la presentación oportuna de la demanda, el mencionado artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que los términos que hubieren empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación, siendo este el momento en que el contrato sea liquidado bilateral o unilateralmente, o sea incumplida la obligación de liquidarlo, por tratarse de un contrato de obra cuya ejecución se prolonga en el tiempo⁴⁴, de acuerdo con el artículo 135.8.d) del Código Contenciosos Administrativo (CCA), así como los artículo 164.j.iii), 164.j.iv) y 164.j.v) del CPACA. . :

Está última norma prevé, además, un término supletivo para la liquidación bilateral y unilateral de dos (2) y cuatro (4) meses, que en su sumatoria se asemeja al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007⁴⁵. Este artículo buscaba limitar la facultad de las partes de liquidar el negocio jurídico, es decir, del ajuste final de cuentas en el que las partes contratantes definen quién debe a quién y cuánto⁴⁶,  y zanjan sus

⁴⁰ El CPACA entró en vigor el 2 de julio de 2012, según lo expresa el Artículo 308.

⁴¹ CPACA: "Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de

apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia".

⁴² De acuerdo con el artículo 75 de Ja Ley 80 de 1993, por regla general, "el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa."lgualmente, el artículo 77 de la misma, en su inciso segundo, señala que "Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán

susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.··

⁴³ Conforme al artículo 152 numera[ 4 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos l--1relativos a los contratos, cualqúiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por

cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes". Para la fecha de presentación de la demanda, el tope mencionado equivalía a la suma de $294'750.000. De acuerdo con la demanda, las pretensiones fueron·estimadas en $18.214'933.213, guarismo que supera ampliamente el límite fijado por la norma procesal. ,

⁴⁴ LEY 80 DE 1993."Artfculo 60. De.ta ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. [... ) Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilida{;ide la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato".

⁴⁵ «(6) El articulo 11 del pliego de modificaciones que establecía las reglas que regularán la liquidación de los contratos estatales, fue objeto de µna proposición supresiva para eliminar el inciso final de la nonna, que establecía la posibilidad de liquidar:'por mutuo acuerdo el negocio jurfdico, en aquellos casos en que habfa caducado la acción contractual. [... ]' (7) El artículo 11 referente a fa liquidación de los contratos, se modifica en su penúltimo inciso para establecer la posibilidad de liquidación durante el ténnino de caducidad bien sea por mutuo acuerdo o unilateralmente, ¡,in que esta última opción sea subsidiaria de la primera. Igualmente, se corrige la redacción para darle más claridad a la nonna". Gaceta del Congreso, año XV, núm. 90, 28 de abril de 2006.

⁴⁶ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 1260.

divergencias, para poder declararse a paz y salvo⁴⁷. El artículo 11 es, así, una norma que tiene un carácter sustantivo y, como tal, se entiende incorporada al contrato, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887⁴⁸.

Por lo tanto, como lo ha determinado la jurisprudencia unificada de la Sección⁴9, es a partir del vencimiento del plazo para la liquidación, cuando debe iniciar el cómputo del término de caducidad. Así, pese a la confusa redacción del artículo 164.j.v) del CPACA, es ese mismo momento en el que se define el régimen jurídico aplicable para la determinación de la presentación oportuna d ,.la demanda, conforme al

artículo 40 de la Ley 153 de 1887. :

?

Dicho esto, en el sub judice no hay prueba de que el contrato núm. 163 de 2006 haya sido liquidado, a pesar de que la ley del contrato establece⁵⁰ que los contratos de tracto sucesivo, como el de obra pública,·'son objeto de liquidación. Ahora, las partes adoptaron un término inicial de ocho (8) meses siguientes a la terminación del contrato para efectuar la liquidación '.bilateral (aptdo. 4.2.5). El negocio jurídico en cuestión terminó, por expiración de su vigencia, el dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (201O) (aptdo. 4.5.26.2). Por ende, los plazos de liquidación bilateral y unilateral del contrato, de ocho (a) meses acordados por las partes y de dos (2) meses previsto por ley⁵¹ finaliza,ron el diecinueve (19) de diciembre de (2010). A partir del día siguiente empez9 a correr el plazo para la presentación oportuna de la demanda, plazo que, d_,e ser desconocido, causa

caducidad de la acción. La caducidad, en este asunto,.se rige consecuentemente

por la normatividad vigente para el veinte (20) de dicieml;>re de dos mil diez (2010), es decir, el artículo 136, numeral 1O, literal d) del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

Sin solución de continuidad, el término bienal esiablecido en el precepto en mención habría concluido el veinte (20) de diciembre de dos mil doce (2012), día de vacancia judicial, por lo que el término se habría extendido hasta el día hábil

⁴7 LEY 80 DE 1993. "Artículo 60. [...] En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias présentadas y poder declararse a paz y salvo". . .

⁴⁸ LEY 153 DE 1887. "Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorpor.pdas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. 11 Exceptúanse de esta disposición: 11 1. Las leyes concem,entes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y 11 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido".

⁴⁹ "En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años

siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto a los cuales, se impone el trámite adicional de

liquidación, dicho bienio para accionar iudicialmente comenzará a contarse desde cuando seconcluya el trabaio de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que·se hubiere efectuado, bien sea de manera coniunta por las partes o unilateralmente por la administración" (set-destaca). CONSEJO DE ESTADO.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 8 de junio de 1995. Rad. 10634.

⁵⁰ LEY 80 DE 1993. Articulo 60, inciso primero, modificado por la Ley 1150 de 2007: "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación" l

⁵1 LEY 1150 DE 2007. "Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fiiado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la li uidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la fii'cultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. // Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. // Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento fa liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que   hayan sido objeto de acuerdo."

(Subrayas añadidas). ·

siguiente a la finalización del período de vacancia: el once (11) de enero de dos mil trece (2013). No obstante, el trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012), a falta de site (7) días para finalizar los dos años, el Consorcio presentó solicitud de conciliación judicial. Dicho trámite, suspensivo del término de caducidad, finalizó el veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013) (aptdo. 4.7), por lo que la demanda, presentada al día siguiente de concluir infructuosamente el intento conciliatorio, fue formulada en tiempo.

5.1.4. Por último, las partes están legitimadas en la causa para actuar en este asunto. De una parte, las sociedades demandantes están legitimadas por activa dado que conformaron el Consorcio⁵², celebraron bajo esta forma asociativa el contrato 163 de 2006 con el IDU (aptado. 4.2), entidad ésta que, consecuentemente, está legitimada por pasiva.

Características relevantes del asunto sub judice: la modalidad del precio pactado, sus incidencias en la demanda por desequilibrio económico, y las adiciones al contrato

La resolución de los problemas jurídicos planteados demanda una caracterización previa de la modalidad de precio pactada en el contrato de obra núm. 163 de 2006, por cuanto esta estipulación incide en la evaluación de las adiciones proscritas por el parágrafo del artículo 40de la Ley 80 de 1993,⁵³, así como en los riesgos previstos y asumidos por el constructor, lo que repercute en el estudio del desequilibrio económico cuyo restabletimiento es deprecado en el sub lite, pues, como ha señalado la Jurisprudencia de esta Corporación⁵⁴, no puede modificarse el régimen de riesgos acordado so pretexto del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, con la exclusión o incorporación de derechos u obligaciones que se originaron para cada una de las partes al contratar.

La modalidad de precio pactado en la obra

Si bien en el objeto contradtual quedó plasmado que la obra fue estipulada a "precio global con ajustes" (aptdo. 4.2), el resto del clausulado muestra que, desde el inicio, ese aspecto del contrato fu , enparte, matizado. En efecto, si bien los componentes destinados a las obras de construcción, gestión ambiental, gestión social, manejo de tráfico, señalización y1desvío de vías aledañas fueron pactados bajo esa modalidad de precio, el re(ativo al valor de redes fue acordado "a precios unitarios (con ajustes)", según la cláusula atinente a la forma de pago (aptdo. 4.2.2). Además, para regular el restablecimiento del equilibrio económico contractual -admitido por el IDU, en el otrosí núm. 2' al contrato- se acordó que esta sería la modalidad de pago acordada para canceJar dicho concepto (aptdo. 4.5.22).

A pesar de no contar con, normas legales específicas sobre las modalidades de precio, como sí ocurría en los estatutos contractuales anteriores, a partir de la vigencia de la Ley 80 de ¹1993 son las partes quienes, en virtud del reconocido margen de autonomía de voluntad (artículos 32 y 40), regulan este y otros aspectos del contrato. Empero, no es menos cierto que en el contexto jurídico y económico de los contratos de obra, hablar del precio unitario, el precio global, la administración delegada, la modalidad "llave en mano", entre otras tantas expresiones propias de este tipo contractual, trae consigo un contenido preciso y determinado por el tráfico

⁵² F. 1-4, c. 3.

⁵³ Aptado. 3.3.

⁵⁴Consejo de Estado, Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 25000- 23-26-000-1994-09660-01, exp. 14.389

jurídico, ampliamente conocido por quienes convienen y ejecutan negocios jurídicos de esta índole.

1

En esta oportunidad, la Colegiatura reitera⁵⁵ la distinción entre las modalidades de precio global y precios unitarios, que viene relevante al wesente caso:

.-

"Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a

cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija siendo el único responsable de la vinr;:ulación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales, mientras que en el contrato a precios unitarios la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas comptometiéndose el contratista a realizar las obras especificadas en el contrato⁵⁶.

Esta distinción resulta fundamental, porque, como lo l1a señalado la jurisprudencia, en el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obr.!J y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas, en tanto en el contrato a precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser reconoc/da, aunque, de todos modos, en uno y otro caso, el contratista tiene el derecho a reclamar en oportunidad por las falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en.el proceso de selección o en

el contrato, o por hechos que la administración debe conocer, que desequilibran la ecuación financiera y que están por fuera del control del contratista, cuando quiera que no se hayan adoptado las medidas encaminadas a restituir el contrato a sus condiciones económicas iniciales"⁵⁷.

La influencia del precio estipulado en el reclamo por desequilibrio económico contractual

Ahora, el hecho de que el contratista haya accedido a construir una obra a precio global, comprometiéndose a la confección entera de la cónstrucción a cambio de un valor determinado, no implica que este deba asumir todos los riesgos anormales y extraordinarios que se concreten durante la ejecución d I contrato, ni soportar a su costa las circunstancias que agraven la prestación pact da que no obedezcan a su actuar o escapen de su control⁵⁸. Pero tampoco puede ignorarse que, en este

l

⁵⁵ Entre otras, en: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección

C. Sentencia del 28 de octubre de 2019. Rad. 07001-23-31-000-2000-00448-01 (29054).

⁵⁶ "Algunos autores "la llaman contratos por ''precio unitario · otros le denominan contratos por "series de precios". Pero es de advertir que este sistema comprende dos sub-tipos: unidad simple; unidad en el conjunto. En la "unidad de medida simple" el cocontratante se obliga a ir ejecutando partes, unidades o piezas de obra por un precio unitario determinado, sin que se haya establecido el núme,í;, de partes, unidades o piezas que realizará. En virtud de ello, cada parte, unidad o pieza constituye una obra independiente o separada. (. ..) El cocontratante cumple su obligación entregando cualquier cantidad de unidades, piezas o partes cuyo precio unitario se convino, pero dentro de cada trabajo, unidad, parte o pieza a efectuar (terraplenamiento, mampostería, asfaltado, etc.), debe entregar el trabajo, parte o pieza, completo, y no sólo parte o porción del mismo (asl: todo el terraplén, toda la mampostería, todo el asfaltado, etc): si se convino la construcción de un determinado camino a tanto por metro, debe entregar el camino completo·-desde el punto inicial convenido al terminal-, cuyo costo luego le será pagado a tanto por metro./ En el sub tipo "unidad en el conjunto", cada unidad no se considera como una obra independiente; si se tiene en cuenta el conjunto total de la construcción, que resultará integrado por la suma de unidades o partes. Cada una de éstas tiene fijado su precio. El precio de toda la obra es el que resulte de la suma de todas las unidades, iezas o partes, realizadas. Como consecuencia de este tipo de contratación, el cocontratante debe entregar Úna obra completa, y no una o varias unidades, piezas o partes, de ésta, independientes, como ocurre en el fipo de unidad simple. " Marienhoff, Miguel Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, edit. Abeledo-Perrot, 1983, Tercera edición, Tomo 11/

-B, Contratos Administrativos, págs. 543 y 544". (Cita original núm. 5 de la' sentencia).

⁵⁷ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 31 de agosto de 2011. Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080)

⁵⁸ «No es dable tampoco considerar que por tratarse de un contrato de obra pública a "precio global" el

contratista estaba impedido para reclamar y obtener el reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra que ejecutó en cumplimiento de lo ordenado por la entidad contratante. [... ] En aplicación del principio

/f.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

contexto, el particular debe incluir en su ofrecimiento un margen de solvencia que le permita asumir la confección íntegra de la obra pactada a cambio de ese precio único⁵⁹. Dicho de otro modo, al contratista de obra a precio global:

"[...] le concierne estructurar con mayor rigor el valor de su oferta, bajo la comprensión de que en ella debe quedar amparado un margen de riesgo superior a la hora de calcular el costo directo e indirecto de la ejecución de la obra, incluyendo varias eventualidades, tales como el posible incremento de los costos directos y cantidades de obra previstas"⁶º.

La teoría de la imprevisió . que es el supuesto de desequilibrio debatido en este asunto, presupone la ocurrencia de un suceso exógeno a las partes, que altere el alea normal del contrato y que no haya sido razonablemente previsible para las partes contratantes al momento de la celebración del contrato⁶¹. Por lo tanto, quien haya suscrito un contrató bajo la modalidad de precio global fijo y busque el restablecimiento del equilibrio contractual con base en la teoría de la imprevisión, tendrá una carga de la prueba más exigente⁶², ya que al suscribir el contrato este asume los riesgos propios de la actividad a la que se dedica, que son así previsibles y forman parte del alea normal del negocio⁶³. En consecuencia, debe probar que se produjeron riesgos anormales y extraordinarios que superaron cualquier previsión contractual, y que fueron de una magnitud capaz de alterar la equivalencia

contractual proyectada al inicio del negocio; y a lo que tendría derecho un contratista

)

general de la equidad, no puede atribuirse de manera exclusiva al contratista los efectos que produce la presencia de aleas en un contrato .estatal, entendidas estas como los riesgos que pueden alterar la economía original de los contratos. El derecho moderno reconoce y protege los intereses legales y justos que movieron al particular a suscribir el contrato con la administración. Por otra parte, cabe afirmar que la modalidad de "precio global" lo que pone de presente son los elementos o aspectos que él envuelve o comprende, pero nunca podrá

entenderse como la rigidez .inmutable que impida llevar a cabo los desajustes de contenido económico, originados en causas sobrevinientes, eso sí, no imputables al contratista». CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo

Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 1999. Rad. 14855.11"Esta modalidad del contrato de obra pública, cuya remuneración consistía en una suma global fija y mediante la cual el contratista asumía la responsabilidad por aquellas actividades propias de la ejecución de la obras, como lo son la vinculación del personal, la celebración de subcontratos, la obtención de materiales y que para el cumplimiento de estas actividades ctuaba bajo su propia cuenta y riesgo, dejando a salvo la responsabilidad de la Administración por los actos de su contratista, no significaba que éste tuviera la obligación de asumir o soportar todos los riesgos o cargas que se derivaran del contrato a precio global por circunstancias que no eran imputables a su conducta y que se,salfan del ámbito de su control[ ... ]": CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci6p Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2007. Rad. 25000-23-26-000- 1994-09845-01( 14854). .

⁵⁹ CONSEJO DE ESTADO. Sala de' lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 2 de marzo de 2020. Rad. 05001-23-31-000-1997-03054-01(41376)

⁶⁰ CONSEJO DE ESTADO. Salad loContencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de noviembre de 2021. Rad. 25000-23-36-000-2013-02201-01(56023)

⁶¹ CONSEJO DE ESTADO. Secciór> Tercera. Sentencias del 20 de septiembre de 1979, exp. N2742; y del 29 de mayo de 2003, exp. 14577, entre otras.

⁶² "Y si bien el valor del contrato fue pactado a través de un precio global, ello no quiere significar que no se pudiera llegar a desequilibrar el contrato, como lo ha reconocido expresamente la jurisprudencia de esta Corporación. No obstante, la carga'de la prueba en cabeza del Consorcio se hacía más exigente, por cuanto en este-tipo de remuneración se asumen mayores riesgos por parte del contratista y, por tanto, se hace más exigente la·acreditación del rompimiento grave y anormal del equilibrio económico del contrato". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2020. Rad. 20001-23-31-000-2010-Ó0489-01(46881).

⁶³ "[ ??? ) habrfa que concluir entonces que las variaciones que eventualmente podrían sucederse dentro de una operación normal, bien sean fa-vorables o desfavorables a los intereses económicos del concesionario, corresponderían a su riesgo negociéjl, es decir, al álea normal de los negocios y, por lo tanto, en manera alguna podría trasladarse los déficit respectivos a la entidad pública contratante, ni tampoco podría exigirse/e al concesionario la entrega del superávit a la entidad concedente cuando los resultados superaren las

proyecciones iniciales, puesto que tales medidas no resultan congruentes en un negocio en el cual los riesgos que cada una de las partes asurrie₁deben quedar definidos desde antes de la celebración del contrato, para que, de esta manera, cada una de ellas tenga suficiente claridad sobre los mismos y adopte los mecanismos necesarios para cubrirlos". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de octubre de 2007. Rad. 25000-23-26-000-1996-02098-01(15475).

en estas circunstancias, es a ser llevado a un "punto de no pérdida", que no equivale a la reparación integral de las pérdidas padecidas⁶⁴.

Las "adiciones" al contrato

Una vez apreciada la estructura económic;a del negocio en torno mayoritariamente al precio global, y lo que en principio esto conlleva, resulta llamativo que el contrato, inicialmente proyectado a ejecutarse en siete (7) meses (aptdo. 4.2.3), tuviera siete prórrogas (aptados. 4.5.3, 4,5.7., 4.5.9, 4.5.10, 4.5.13,

4.5.19, y 4.5.25), y cuatro suspensiones (aptados. 4.5.15, 4.5.16 y 4.5.23), generando que la obra fuera desarrollada en treinta y un {31) meses, con un exceso en más de cuatro veces el tiempo previsto inicialmente.

Más aún, no parece congruente con el nivel de estrictez de esta modalidad de precio en la proyección de la obra, y con el carácter -en princ¡pio- intangible del precio global, que un contrato pactado por una suma total de $8,306'148.322 (aptdo. 4.2.1) haya concluido con un precio de $24.364'040.057,83, según el acta de recibo final de obra (aptdo. 4.5.27), es decir, casi tres veces el precio originalmente pactado.

Sobre esto último, para verificar si es procede·nte arribar a la conclusión consignada en el voto disidente de primera instancia (ap o. 2.3.5), se debe precisar el alcance de la prohibición consignada en el segundo párrafo del artículo 40, parágrafo, de la Ley 80 de 1993 que, además de estar vi.9ente para la fecha en que se celebró el contrato sub examine, constituye la única .norma positiva consignada en el EGCAP relacionada con la posibilidad de adicionar en precio los contratos estatales:

"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legale,s mensuales".

Esta norma comporta una prohibición de adiciones al precio del contrato. Sin embargo, de las adiciones proscritas, en la jurispru encia administrativa -que a continuación es reseñada- se han excluido las estipulaciones enderezadas a reajustar los precios pactados y aquellas con las que se busca restablecer el equilibrio económico del contrato. '

En primer lugar, no son considerados como adiciones·los pactos de revIsIon o reajuste de precios, cuyo propósito es mantener las c6ndiciones económicas del contrato existentes al momento de proponer o de contratar6⁵, y garantizar el derecho

⁶⁴ "Dicho en otras palabras, sólo nace el deber legal de llevar al contratista  un punto de no pérdida, no surge la obligación de reparar la integridad de los perjuicios. Según Riveró: "A diferencia de lo que ocurre en la teoría del príncipe, esta indemnización no es nunca igual a la totalidad de las pérdidas sufridas, o carga extracontractual."; para Bercaitz el contratista afectado tiene derecho a·reclamar "sólo un aumento de su contraprestación" y, para Jeze, "La teoría de la imprevisión tiene por finalidad hacer participar a la Administración, en cierta medida y temporariamente, en las pérdidas experimentadas por el contratante. No tiende a reparar un daño. Nunca conduce a mantener el beneficio del contratante, ni aún a preservarlo de cualquier pérdida. El hecho del príncipe, en cambio, tiene por resultadq,'..cuando influye sobre la situación económica del contratante, otorgar a éste el derecho de exigir la reparaciói'J,definitiva del perjuicio causado por la Administración, en forma de un suplemento de precio; la equidad exige que el contratante no sufra una pérdida, ni aún una disminución de sus beneficios, a raíz del hecho de: la Administración". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2004. Rad. 25000-23-26-000-1991-07391-01(14043) ·.

⁶⁵ LEY 80 DE 1993. Artículo 4º, núm. 8: "Articulo 4o. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales:[...] 8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hybiere realizado licitación [... ), o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los rri canismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios."

del contratista a que el valor intrínseco de su remuneración no se vea alterado⁶⁶-⁶⁷. Ha dicho la jurisprudencia que, dada su justificación, las variaciones en los costos presupuestados en función del ajuste de precios no entrañan una modificación del contrato, sino un desarrollo normal de lo pactado⁶⁸.

En la misma dirección, las medidas adoptadas para restablecer el equilibrio económico del contrato por situaciones imprevistas tampoco son, en estricto rigor, adiciones al contrato. La ley prevé⁶⁹ que los particulares contratistas tienen derecho al restablecimiento de la ecuación económica, al tiempo que ordena el mantenimiento de la equivalencia prestacional surgida al momento de elevar la propuesta o de celebrar el contrato, indicando que la ruptura no imputable al afectado debe generar la adopción de mutuo acuerdo de medidas tendientes al restablecimiento⁷⁰.

Pues bien, de acuerdo con:la doctrina7¹, cuando el EGCAP ordena que los eventos de alteración sobreviniente de la ecuación contractual sean atendidos mediante los recursos de la apropiación global incluida en los presupuestos anuales de las entidades contratantes⁷², distingue estos eventos de restablecimiento del equilibrio contractual de otras modificaciones contractuales, como lo son las adiciones, en las que no se utilizan estos·recursos, sino que requieren disponibilidad y registro presupuesta! previos a su estipulación. A esto cabría agregar que, si el desequilibrio económico del contrato es·caracterizado como anormal y extraordinario, mal haría la ley en imponer límites cuantitativos al deber de reequilibrar el sinalagma contractual por algo que, '.de forma inmanente, es superior a cualquier margen previsto.

⁶⁶ LEY 80 DE 1993. Articulo 5º, núm. 1, inc. 1: "Artfculo 5o. de los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: 1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato". ,

⁶⁷ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 12924.

⁶⁸ "La cláusula de ajuste de precios se justifica como mecanismo para asegurar la equidad real de las prestaciones entre las partes, toda vez que en la etapa precontractual el contratista presenta su oferta de precio con base en un presupuesto de costos, estimando los precios al momento de la propuesta y claramente se entiende que esos costos presupuestados sufrirán variaciones respecto de la fecha de ejecución y pago de la obra contratada, de manera que la'Ley permite que las partes acuerden la fórmula de ajuste, cuya aplicación no implica una modificación al contrato estatal sino que se realiza en desarrollo del mismo". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Rad. 47001-23-31-000-1993-03570-01(17431).

⁶⁹ LEY 80 DE 1993. Articulo 5º, núm. 1, inc. 2: "En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por

la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato."

⁷⁰ LEY 80 DE 1993: "Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes

adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. // Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos

adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en fa siguiente vigencia de que se trate."

⁷¹ BENAVIDES, José Luis. "Adición de Contratos Públicos" (pp. 357-398), en "Contratos Públicos: Estudios",

Universidad Externado de Colombia, Bogotá o.e.,2014, p. 363-364.

⁷² LEY 80 DE 1993: "Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio:[... ) 14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, as/ como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados."

Ahora, para esta Corporación⁷³, la referencia las adiciones al contrato supone una modificación, en la que son agregados al objeto, elementos o metas físicas no previstas inicialmente por las partes, y que resultan indispensables para la consecución de los intereses inmersos en el negocio,..sin que ello pueda derivar en la mutación del tipo de contrato⁷4. Bajo estos supu stos, las actas o acuerdos sobre mayores cantidades de obra en contratos celebrá os a precios unitarios, en los que el valor indicado en el contrato supone apenas un estimativo de lo que será el precio final de la obra cuando esta concluya, no seríah propiamente una adición sino una inyección de recursos presupuestales prevista para sortear las imprecisiones que haya podido tener la formulación ini_·cial del precio.

Por el contrario, en contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual y, por lo tanto, adición, toda vez que en este escenario la estimación inicial del costo de la obra en su totalidad es vinculante a lo largo del acuerdo de voluntades como el precio determinado que el contratista percibirá como contraprestación por su labor⁷⁵. En estas palabras lo ha tjicho esta Sección:

"La mayor cantidad de obra que resulte por encimii,del estimativo inicial en los contratos de obras celebrados a precios unitarios, no írhplíca, en principio, en forma alguna, cambio de objeto ni cambio en su valor, porque en este tipo de contrato sólo podrá hablarse de este último cambio, cuando la modificación se hace en alguno o algunos de los precios unitarios convenidos. Sucede en esto algo dderente a lo que

se observa en los contratos a precio alzado, en los qué la variación en su valor tiene en cuenta el valor global del mismo"⁷⁶.

Sobre la nulidad del contrato por adiciones que excedieron el 50% del precio inicial

En este asunto, de acuerdo con las consideraciones anteriores, del precio final, plasmado en la entrega de la obra (aptdo. 4.5.26.2), no pueden considerarse adiciones las actas generales de ajustes (aptdo. 4.5.5. y 4.5.21), el acta de reconocimiento por desequilibrio económico del contrato (aptdo. 4.5.20) y el otrosí núm. 2 al contrato de obra (aptdo. 4.5.22), ya que, con efü:1s, las partes contratantes buscaron mantener el valor representativo del precia ·pactado o restablecer el equilibrio contractual, por lo que no suponen una adición.

Advierte la Sala, además, que con el acta núm. 1·;de mayores cantidades de obra (aptdo. 4.5.4) fueron incrementadas las cantidades necesarias para la construcción de las redes de servicio público, puntualmente de acueducto, aspecto que desde sus inicios el contrato había previsto bajo la modalidad de precios unitarios (aptdo. 4.2.2); y con el acta de acuerdo del 22 de julio de 22 de julio de 2009 (aptado. 4.1.17) se acordó el ajuste de precios po( incremento de los costos de algunos insumos y la cancelación de mayores cantidades de obra a precios

⁷³ En este aspecto, la Sala acudirá a los planteamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto del 18 de julio de 2002. Rad. 1439.

⁷4 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012.

⁷⁵ La mayor cantidad de obra que resulte por encima del estimativo inicialn los contratos de obras celebrados a precios unitarios, no implica, en principio, en forma alguna, cambio de objeto ni cambio en su valor, porque en este tipo de contrato sólo podrá hablarse de este último cambio, cuando la modificación se hace en alguno o algunos de los precios unitarios convenidos. Sucede en esto algo diferente a lo que se observa en los contratos a precio alzado, en los que la variación en su valor tiene en cuenta el valor global del mismo". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 6 de agosto de 1987. Rad.

3887.

⁷⁶ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección',Tercera. Sentencia del 6 de agosto de 1987. Rad. 3887.

unitarios, por lo que tampoco será tenido en cuenta como una de las adiciones

proscritas en parágrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

En lo restante, deben tenerse en consideración los precios del contrato y de sus adicionales, representados en salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a su celebración: el precio original del contrato ($8.306.148.322) equivalía a 20.458,49 SMLMV a 2006, y el 50% de ese valor era de 10.229,24 SMLMV; el precio del contrato adicional núm. 1 (aptado. 4.5.3) fue de 6.917,22 SMLMV a 2007 ($3.000'000.000); y el acta núm. 2 (aptado. 4.5.6) representó un incremento de 6.917,22 SMLMV a 2007 ($3.000'0000.000).

Pese a que esta última acta fue denominada "de mayores cantidades", en ella se pactó la ejecución de obras de excavación mecánica y rellenos, de un terraplén sobre el lecho de una antigua cañada, de muros de contención para la protección de construcciones existentes y de instalaciones de concreto en el espacio público, siendo estas obras de construcción -y  no de redes- que se habían pactado bajo la modalidad de precio fijo (aptado. 4.2.2). Además, la inclusión de estas obras, así como de las pactadas en el adicional núm. 1, dentro del "valor de la construcción", fue convenida de forma expresa en el otrosí núm. 1 (aptado. 4.5.11).

Observa la Sala, por demas, que en los referidos convenios modificatorios las partes contratantes siguieron "la misma formalidad que se exige para la existencia del contrato administrativo o estatat⁷⁷. En este caso, el contrato de obra núm. 163 de 2006 fue elevado a escrito, el cual fue suscrito por el Director Técnico de Construcciones del IDU (DTC), de acuerdo con la delegación conferida mediante resolución núm. 1473 del 28 de marzo de 2006, y por el representante (suplente) de la Consorcio Ciloyd (aptado. 4.2), de acuerdo con lo establecido en el articulo 41 (inciso 1°) de la Ley 80 de 1993. De igual forma, el adicional núm. 1, el acta núm. 2 de mayores cantidades y el otrosí núm. 1 fueron elevados a escrito en el que se alcanzó un acuerdo sobre el precio y el objeto contratado, suscritos por los representantes del IDU y del Consorcio (aptados. 4.5.3, 4.5.6 y 4.5.11).

En este orden de ideas, la Sala encuentra que al suscribir el acta núm. 2 de mayores cantidades de obra (aptdo. 4.5.6), destinada a regular las cantidades adicionales de ítems pertenecientes al valor para obras de construcción, pactado a precio global, las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm,¹163 de 2006 fue sobrepasado en 3.605,2 SMLMV. Con ello, fue celebrado un contrato contra expresa prohibición legal, configurándose la causal de nulidad prevista ·en el numeral 2° del articulo 44 de la Ley 80 de 1993.

En el voto disidente al fallo de primer grado se mencionó que, al transgredir los principios de legalidad·y de planeación, en relación con un elemento esencial del contrato de obra, como lo es el precio, tal variación "contamina la integridad del contrato original ocasionando su nulidad absoluta". Esta apreciación, sin embargo, no es compartida por la Sala.

⁷⁷ Sentencia de 27 de junio de 2013, ya citada (supra. núm. 76), reiterada en: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2021. Rad. 41001- 23-31-000-1999-01493-01(50371).

39

De acuerdo con los artículos 1494 y 1495 del Código C,ivil ("CC")⁷⁸ y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993⁷⁹, un contrato es el acto jurídico generador de obligaciones, que surge del concurso de la voluntad autónoma de. dos o más personas. El contrato, según el artículo 1602 del CC, tiene fuerza vinculante para las partes contratantes, "y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"ªº· No obstante, tomando en consideración que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, al contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración -salvo en lo atinente a su reclamación en juicio y a las penas por sanción de lo estipulado- se ha considerado que el examen de la validez del contrato debe realizarse verificancfo el cumplimiento de los requisitos legales en el momento de su perfeccionami nto⁸¹, que no pueden ser derogadas por acuerdo de partes⁸², con la excepción de las normas expedidas por motivos de utilidad pública o interés social que, de acuerdo con el artículo 58 constitucional⁸³y el artículo 18 de la Ley 153 de 1887, t\ene carácter retrospectiva,

que afecta las prestaciones pendientes, como lo han precisado la jurisprudencia⁸⁴ y la doctrina⁸⁵-⁸⁶. ·

'

Ahora bien, como fue expuesto anteriormente (aptado·.·s.2.3.4), en los contratos a precio global, cualquier adición, bien sea en elementos o metas físicas, supone la modificación de su objeto, que, en un principio, era inalterable. Tal modificación supone, así, el surgimiento de nuevas obligaciones, por lo que es en el momento en el que estas surgen, en el que debe verificarse su adecüación a la ley, sin que ello afecte las prestaciones cuyo cumplimiento está aún pen iente.

En este orden de ideas, la violación a la prohibición legq.l de adicionar los contratos estatales en más del 50% de su precio inicial, que da lusiar a la nulidad del acto por trasgredir una prohibición legal expresa⁸⁷-⁸⁸, debe verificarse en el momento en el que surgen las obligaciones que, en un contrato a precio global, se produce con cualquier adición al objeto primigenio.

t

⁷⁸ CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1495. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa,, Cada parte puede ser de una o de muchas personas". ·

⁷⁹ LEY 80 DE 1993. "Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomfa de la voluntad, asf como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: [... )". '

⁸⁰ Subrayado anadido.

⁸1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre¹de 2007, exp. 20969.

⁸² CÓDIGO CIVIL. "Articulo 16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres·.

⁸³ CONSTITUCIÓN POLÍTICA. "Articulo 58. Se garantizan la propied d privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos 'de utilidad pública o interés social. resuftaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad pbr ella reconocida, el interés privado

deberá ceder al interés público o social. (... )". ·

⁸⁴ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del¹9 de mayo de 2011, exp. 17836,

⁸⁵ HINESTROSA, Fernando, Tratado de las Obligaciones 11, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015,

pp. 145-150, y 733-735. .,

⁸⁶ OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, y OSPINA AGOSTA, Eduardo, Teoríl:JG_eneral del Contrato y del Negocio Jurídico, 7ª edición, Temis, Bogotá, 2018, p. 306 a 311. ·

⁸⁷ CÓDIGO CIVIL. "Artículo 6. (...) En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de

la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, asf como la validez y finneza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos".

⁸⁸ LEY 80 DE 1993. "Artfculo 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:[... ) 2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;[...)".

40

Demandante: Consorcio CILOYD

Esta es la interpretación acuerde a la naturaleza del contrato celebrado bajo la modalidad de precio global⁸⁹, así como al tenor gramatical⁹º del parágrafo del

artículo 40 de la Ley 80 de'1993, que prohíbe el acto de adiciona ¹ el precio de un contrato estatal en más del 50% de su precio inicial. Esta interpretación permite, además, conservar la eficacia de las estipulaciones anteriores a la adición, por lo

que se ajusta al precepto de la hermenéutica contractual previsto en el artículo 1620 del CC⁹². .

No pasa por alto la Sala, por demás, que la mentada prohibición de adición al precio, que en nuestro ordenamiento tiene antecedentes remotos⁹³?⁹⁴, surge ante la necesidad de preservar I estructura de los procesos de selección, que ha sido definida históricamente de' acuerdo con el monto del contrato cuya celebración se prevé. Esta estructuración:no es burlada en la selección del contrato con su precio primigenio, sino con la variación que se produce con los adicionales, por lo que la afectación de la validez de·aquel se apartaría del espíritu de la norma, que orienta su interpretación⁹⁵. Así ha sido entendida, además, la nulidad que se desprende de dicha prohibición en esta Sección⁹⁶.

En consecuencia, será declarada la nulidad del acta núm. 2 de mayores cantidades, suscrita el 17 de diciembre de 2007, y la nulidad parcial del otrosí núm. 1 al Contrato de Obra Púb.lica IDU-163 de 2006, en cuanto prevé que: "Dentro del valor de la construcción entiéndanse incluidos los valores[ ... ] las Actas No. [... ] 2 de mayores cantidades de obra aprobadas por la lnterventoría y el IDU'.

j

Solución al primer problema jurídico: La reclamación por desequilibrio económico

En el sub judice, la Colegiatura observa que, al inicio del contrato, el Consorcio asumió los riesgos derivados de la revisión, ajuste y modificación de los diseños (aptdo. 4.2.3), para lo cual se destinó la llamada "etapa de preconstrucción", en la que el contratista "apropiaría" los diseños, a tal punto que asumiría la responsabilidad total de la obra y garantizaría la estabilidad de la construcción al margen de que los diseños fueran entregados por el IDU (aptdo. 4.1.1). Sin embargo, al reconocer el desequilibrio económico por las fallas en los diseños, el IDU terminó asumiendo ese riesgo, que consideró anormal por las serias falencias que tuvieron los diseños y estudios de la obra (aptados. 4.5.17 y 4.5.20), y reconoció

⁸⁹ CÓDIGO CIVIL. "Arlfculo 1621. E  aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. [... )".

⁹⁰ CÓDIGO CIVIL. "Arlículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. [.. )".

⁹¹ "[A]dicionar 11 1. tr. Hacer o poner adiciones". REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, edición tricentenario, 2021.

⁹² CÓDIGO CIVIL. "Arlículo 1620. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de prqducirefecto alguno.[... )".

⁹³ DECRETO 150 DE 1976 "Arlículo 45. Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenidos, y no se tratare del reajuste de precios previsto en este Estatuto, la entidad

interesada suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada

más los reajustes que se hubieren efectuado[ ... )".

⁹⁴ DECRETO 222 DE 1983."Arlículo 58. Salvo lo dispuesto en el titulo IV, cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicionar'.

⁹⁵ CÓDIGO CIVIL. "Arliculo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espfritu. 11 Pero bien se puede. para interpretar una expresión oscura de la ley. recurrir

a su intención o espíritu. claramente.manifestados enella misma o en la historia fidedigna desu establecimiento"

(subrayado añadido).

⁹⁶ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2021, exp. 40452.

41

..

dos sumas: la del acta de reconocimiento, por $1.387.07,3.861, y del otrosí núm. 2 (aptdo. 4.5.22) por $4.788.906.042,00.

En esta instancia, el extremo demandante sostiene que el desequilibrio contractual sobrepasó las sumas reconocidas por el IDU, sobre las cuales efectuó reservas (aptdo. 2.4.2 y 2.4.3). Para ello, se soporta en lo consignado en las actas y en el dictamen pericial practicado dentro del asunto·(aptados. 4.8 a 4.8.8). La primera instancia, por el contrario, consideró que todo 131 desequilibrio contractual fue absorbido por los acuerdos a los que llegaron las paq:es para restablecerlo pese a que, a su juicio, el desbalance estaba probadó al ser admitido por la Administración, y que el dictamen pericial tenía valor prqbatorio.

1

Sin embargo, es en este último aspecto, relativo al peso persuasivo del peritaje, que esta Sala discrepa del recurrente, ya que,, aunque, en un análisis de desequilibrio económico contractual, la pericia contable.contribuye a determinar la relevancia que el rompimiento del equilibrio tuvo en la ·finanzas de la contratista, esta no da cuenta de la inversión de recursos en la ejecución del contrato, por ser este un aspecto que excede su campo de conocimiento.'Valga reiterar⁹⁷ que, como lo ha considerado la Sala: ·

?.

"En criterio de la jurisprudencia, el contador público :¡-quien ejerce la ciencia de la contabilidad- concentra sus funciones en asesorar y colaborar a los particulares obligados a llevar el registro pormenorizado de sus actividades, así como una

relación de sus estados financieros. Luego, en el ámbito de la comprobación de la ruptura de la ecuación contractual, las pruebas técnicas contables en las que intervienen estos profesionales se dirigen a demostrar: la gravedad y el impacto que el desarrollo del contrato tuvo para las finanzas internas del extremo que alega el desequilibrio en su contra, siendo pertinente para evicfenciar el grado de afectación que tuvo, en sus intereses jurídicamente tutelados, la ejecución excesivamente gravosa de los compromisos contractuales. En otras palabras, la prueba pericial contable se encamina a acreditar el daño contractual.

Empero, el dictamen contable de la parte que alega el desequilibrio no puede ser tomado como prueba directa ni exclusiva de los sobrebostos de la obra. En sintonf a con lo anteriormente expuesto, la reparación del desequilibrio financiero del contrato, cualquiera sea su motivo, exige probar que·;1os valores suplicados fueron efectivamente invertidos en la confección de la obra, 'en cada uno de los ítems y cantidades de obra que se reclaman, en la construoción que constituyó el objeto contractual. Así las cosas, la prueba pericial contable podrá dar cuenta de la trascendencia perjudicial que tuvo el desarrollo del contrato en el desempeño económico interior del contratista, pero no necesariamente dará cuenta, por sí sola, de la inversión real y efectiva de las sumas denunciaqas como sobrecostos en los trabajos contratados, ya que un ejercicio contable qué arroje pérdidas del particular contratista no necesariamente tiene relación o nexo pon la ejecución del contrato supuestamente desbalanceado".

En este asunto, al analizar el componente global del contrato de obra núm. 163 de 2003, cuyo incremento se produjo con el contrat adicional núm. 1 y el acta de mayores cantidades núm. 2 -anulada en esta provitjencia-  el perito relacionó las otras modificaciones en el objeto que tales acuerdos implicaron, de acuerdo con el acta de obra núm. 99 y, luego de transcribir los costos que ello implicó para el IDU y el Consorcio, "[p]ara confrontar algunos de los costos y gastos en que incurrió el consorcio y forman parte integral de esta reclamación, aplicamos a una base de

⁹⁷ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci6·1 Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de agosto de 2020. Rad. 76001-23-31-000-2008-00453-01(51833).

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?

datos y aleatoriamente se hicieron algunas selecciones para confrontarlos con los comprobantes de egresos los cuales se relacionan y adjunta al presente dictamen".

Tal selección aleatoria, sin embargo, no permite determinar que las sumas y conceptos referidos en los·comprobantes de egresos aportados por la actora hayan sido efectivamente invertidos en las obras adicionales que fueron llevadas a cabo como resultado de lo convenido en el contrato adicional núm. 1 y el acta de mayores cantidades núm. 2. La confrontación aleatoria realizada, a lo sumo, permitiría corroborar que las inversiones realizadas por la demandante fueron canceladas, mas no que hayan sido·invertidas .en los rubros del contrato que, según la demandante, generaron un desequilibrio económico, siendo esta una inferencia que requiere conocimientos adicionales a los contables.

Aparte, la pericia no dio respuesta al punto 2 del cuestionario, por desconocer las tarifas de los estudios y diseños que el Consorcio afirmó haber realizado. Tampoco respondió los puntos 6 y . correspondientes a los sobrecostos por el periodo de improductividad en la ejecución del contrato y la construcción de cárcamos de servicios, por exceder el marco del dictamen o carecer de elementos.

En los puntos 3, 4, 7 y 8, sobre obras ejecutadas y no pagadas de andenes, excavaciones, adecuaciones en la urbanización Santa Bárbara y pérdida de subbase granular, el perito.simplemente asumió la ejecución de tales obras, lo que no podría constatar, por'parecer de los conocimientos de ingeniería para ello requeridos (aptados. 4.8.2,?4.8.3, 4.8.5 y 4.8.6). Así, al determinar las excavaciones realizadas, el perito afirmó simplemente que se habían reconocido 923 m³ de los 28.984,68 m³ que habrían sido realmente ejecutados (aptado. 4.8.3) sin dar cuenta alguna de la forma en que conoció y calculó tal volumen de ejecución real. Mientras, al estimar los costos de la subbase granular perdida, el perito se limitó a referir las circunstancias en las que =la interventoría ordenó retirar la subbase existente, sin precisar, en forma alguna, la manera en la que corroboró los costos que de ello afirmó haber incurrido el demandante (aptado. 4.8.6). Aparte, para determinar los costos de las adecuaciones en la urbanización Santa Bárbara, el perito se fundó en una referencia imprecisa a un contrato de mano de obra, que no permite determinar que, en efecto, corresponda a tales adecuaciones (aptado. 4.8.5). Además, las cifras sobre los costos de .andenes se fundaron en estimaciones de precios de la interventoría (aptado. 4.8.2), sin constatar que ello hubiera sido invertido por el Consorcio.

Es claro así que, en este·asunto, el dictamen contable practicado no da cuenta suficiente de la existencia de un desequilibrio económico del contrato de obra núm. 163 de 2003, ni que el IDU;mediante las sumas reconocidas en el acta y en el otrosí núm. 2, no haya logrado restablecer el equilibrio contractual al punto de no pérdida exigido por el EGCAP. Ningún elemento arrimado al expediente, y menos el dictamen, logran establece,r cuál era ese punto de equilibrio, y en cuánto difirió con los valores reconocidos de mutuo acuerdo. Tampoco está claro que este haya sido

imprevisible dentro del m uco del precio global que reguló mayoritariamente el contrato.

En ese sentido, con el solo señalamiento de sumas que supusieron sobrecostos en la obra, no resulta discernible cuáles de esos guarismos serían pertinentes para la reclamación por desequi!ibrio económico, que, contrario a lo sugerido por el recurrente (aptdo. 2.4.3), no son los relacionados con la pérdida o disminución de utilidades para el contratist::i, como se rememoró líneas atrás (aptdo. 5.2.2).

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?

No puede pasar esta Sala por alto, por demás, qu .el dictamen practicado no permite diferenciar las obras ejecutadas en cumplimiento del acta de mayores cantidades núm. 2 y el otrosí núm. 1, con las cuales fue superado el monto de las adiciones que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 d 1993 proscribe y que, por ser consecuentemente nulos -como se determinó previamente- no dan lugar al restablecimiento del equilibrio económico, que presupone la existencia de un contrato válido. ·

Así, la Sala mantiene la denegación de las pretensiones por valores mayores por desequilibrio contractual, aunque por razones difer ntes a las de la sentencia apelada. ·

Solución al segundo problema jurídico: La inclusión de la suma impuesta por el IDU en la Resolución 1593 ·

La apelación censura (aptdo. 2.4.2) que el fallo:de primera instancia haya incluido, dentro de las sumas de la liquidación judicial defcontrato, aquella contenida en la Resolución 1593 de 201O que declaró el incumplimiento parcial del contrato, porque esta suma ya había sido pagada por la as guradora que amparó el cumplimiento contractual.

De acuerdo con el artículo 212 del CPACA, la oporjunidad de solicitar pruebas en segunda instancia, cuando ellas versen sobre hect,os acaecidos después de trascurrida la oportunidad para pedirá pruebas en primera instancia, precluye en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso. Eñ este asunto, el término de ejecutoria del auto con el que fue admitido el recurso d'e apelación corrió desde el 24 de agosto hasta el 26 de agosto de 2015, conforme al artículo 302 (inc. 3°) del Código General del Proceso ("CGP"), sin que las partes se pronunciaran al respecto⁹⁸? No fue, sinembargo, hasta el 5 de noviembre de 2015, cuando -adjunto a sus alegaciones de segunda instancia⁹⁹-  la parte actora allegó los documentos con los que pretende demostrar el pago de la multa impuesta con la Resolución 1593 de 2010. ¹

Pues bien, como lo ha considerado la Sala previamente¹⁰⁰, de conformidad con los artículos 1757 del Código Civil ("CC")¹º¹ y 1T] del CPC¹º², así como el artículo 167 del CGP¹º³, incumbe a las partes probar eí supuesto de hecho de las

normas que consagran el surgimiento o extinción de las obligaciones en pugna.

La carga de la prueba, que establecen las normas referidas, es una regla procesal que impone a las partes y al juzgador un papel en el proceso judicial¹º⁴. Con la dialéctica se busca la comprensión de un problema a partir de la tesis y su antítesis,

cuyo éxito depende, en parte, de una construcción ade uada de cada uno de esos extremos. Si bien no es este el único método cognitivo, ha sido adoptado en el proceso judicial adversaria! desde tiempos remotos, por ajustarse a la naturaleza del conflicto en el que una parte depreca algo a otra que se opone. Este sistema depende, en buena medida, de la labor activa que en la defensa de los intereses en litigio asuman las partes procesales, lo que, en el plano fáctico, implica desplegar el

⁹⁸ Según informe de secretaría obrante a folio 536 del c. ppal.

⁹⁹ Folios 538 a5 45, c. ppal.

¹⁰⁰ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia d l 7 de octubre de 2020, exp. 50160.

¹⁰¹ "Artfculo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta".

¹⁰² "Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de l s nonnas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen".

¹⁰³ "Artículo 167. fncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las nonnas que consagran el efecto

jurídico que ellas persiguen". ?

¹⁰⁴ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero qe 2019, exp. 17720., FJ 2.3.2.

poder de probar derivado·del debido proceso1°⁵. Deben las partes, por virtud del principio de la carga de la·prueba que rige en materia contencioso-administrativa,

solicitar y facilitar la práctica de la prueba de los hechos que esgrimen como fundamento de su posición¹º⁶.

Como regla procesal, la carga de la prueba impone, también, un rol al juzgador, que, como tal, es una regla de juicio que determina el sentido de una decisión ante la incertidumbre sobre los hechos en contienda y, de esa forma, permite zanjar un conflicto jurídico evitando el non liquet¹07. Así, en razón al principio de la carga de la prueba, corresponde al juzgador adoptar una decisión desfavorable a aquel que no haya conseguido acreditar con certeza los hechos que esgrimió.

Esta regla, sin embargo, se flexibiliza en el ámbito contencioso-administrativo, en cuanto el artículo 169 del CCA faculta al ad quem para que, antes de dictar sentencia, disponga "que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda". No obstante, esta norma no impone un sistema inquisitivo en lo contencioso-administrativo, ni se propone soslayar la inactividad de las partes que no hayan desarrollado el papel procesal que les corresponde en el procesó contencioso-administrativo, para la comprensión de los intereses en disputa y, con ello, del conflicto.

Como, en este asunto, la parte actora, sin justificación alguna, omitió la carga de solicitar las pruebas que daban cuenta de la extensión de la obligación de pagar la multa impuesta mediante la Resolución 1593 de 2010 en la oportunidad procesal dispuesta para ello, el qecreto oficioso de pruebas únicamente soslayaría el incumplimiento de esta carga que la ley le impone, resultando así improcedente. Al no existir, entonces, prueba legal y oportunamente allegada en la que se funde el cargo de la alzada bajo examen, se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico.

Sobre las sumas decretadas a favor del contratista en la liquidación judicial de primera insta cia

Como la decisión que se adopta en este proveído involucra la declaración de nulidad de la totalidad del acta núm. 2 de mayores cantidades de obra, y la nulidad parcial del otrosí núm. 1 al contrato de obra (aptados. 5.3. a 5.3.6), viene necesario evaluar las repercusiones de esta medida en la liquidación judicial que solicitó el extremo demandante.

En el régimen aplicable al contrato de obra núm. 163 de 2006 (aptdo. 3.4) el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 define el efecto de la declaración de nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, que lo son las restituciones mutuas derivadas de la decisión de nulidad¹⁰⁸, el cual ha sido entendido por la jurisprudencia administrativa de la siguiente manera: ·

¹⁰⁵ CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-640 de 2002, C-331 de 2012 y C-146 de 2015.

¹⁰⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de mayo de 201O, rad. núm. 23001-31-10-002-1998-00467-01, FJ 1. Reiterada en: CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-733 de 2013, FJ 8.1.1.

¹⁰⁷ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2019, exp. 17720., FJ 2.3.2.

108 "ARTICULO 48. DE LOS EFl=CTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. // Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones eiecutadas del contrato nulo por obieto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público." (Se subraya)

«[ ... ]para la Sala el inciso segundo del articulo 48 de la ley 80 de 1993 establece efectivamente una regla distinta a la del Código Civil, consistente en que el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo por objeto o causa ilícita, solo tienen lugar cuando se pruebe que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio obtenido. Se trata, pues, de una regla diferente a la prevista en la legislación civil en tanto que condiciona el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas al beneficio del Estado y solamente hasta el monto del mismo. La especialidad de la norma de la ley 80 no radica, entonces, en impedir las sanciones que se derivan por violación del orden jurídico a sabiendas y así evitar un enriquecimiento sin causa en contra del contratista, pues, como ha indicado la Corte Suprema de Justicia, esta figura exige que con su ejercicio no se pretenda violar el ordenamiento jurídico. En otras palabras, esta disposición se aplicarla únicamente cuando las partes no hubiesen celebrado un

contrato con objeto o causa ilícitos a sabiendas»¹⁰⁹.

Como, en este caso, el acta núm. 2 de mayores cantidades de obra y el otrosí núm.

1 al contrato de obra fueron suscritos contra expresa prohibición legal, estos negocios jurídicos tiene un objeto ilícito, por contravenir el derecho público de la

Nación¹1º y tratarse de leyes en cuya observancia están interesados el interés

público y las buenas costumbres¹¹¹. En consecuencia, procederá la Sala a determinar si, de acuerdo con las circunstancias concretas del caso, procede el

reconocimiento de restituciones mutuas.

Pues bien, en el acta núm. 2 de mayores cantidades de obra¹¹² que, de acuerdo con lo considerado previamente, será anulada en este asunto, fueron descritas las obras objeto del convenio, de la siguiente manera:

¹09 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 25 de noviemljre de 2004, exp. 25560.

¹¹ CÓDIGO CIVIL. "Articulo 1519. Hay un objeto ilícito en tocio Jo que contraviene al derecho público de la nación. Asf, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto". .

¹¹¹ CÓDIGO CIVIL. "Artículo 16. No podrán derogarse por convenios particúlares las leyes en cuya

observancia están interesados el orden y las buenas costumbre". ·

¹¹² Folios 139 a 141, c. 4.

1

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

El 25 de febrero de 2010, representantes del IDU, de la interventoría y del contratista suscribieron un acta de pre-recibo de obra¹¹3, en la que consignaron múltiples glosas a las obras correspondientes a los ítems que fueron objeto del acta núm. 2 de mayores cantidades; razón por la cual no fueron recibidas a satisfacción.

El 17 de marzo de 2010, representantes del IDU, de la interventoría y del contratista firmaron el acta núm. 95 provisional de recibo final de obra¹¹4, en la que dejaron constancia de que no habían sido ejecutados en su totalidad los ítems

7.3, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3 y 11.16, que fueron objeto del acta núm. 2 de mayores cantidades. Ese mismo día, fue suscrita el acta núm. 96 de terminación del contrato de obra¹¹5,en la que se hizo constar el desacuerdo existente entre la interventoría y el contratista sobre el cumplimiento del contrato.

Finalmente, el 30 de enero de 2012, representantes del contratista y de la interventoría suscribieron el acta núm. 100 de recibo final de obra¹¹6, en la que consta que fueron recibidas a satisfacción las obras correspondientes a los ítems 7.1, 7.2, 7.4, 7.7, 7.9, 9.4, 10.1, 11.3 y 11.16, en cantidades superiores a las pactadas en el acta núm. 2 de mayores cantidades, sin que se especifique la fuente

¹¹³ Copia auténtica a folios a 64 a 68, c. 4.

¹¹⁴ Copia auténtica a folios 34 a 38, c. 4.

¹¹⁵ Copia auténtica a folios 45 a 47, c. 4.

¹¹⁶ Copia auténtica a folios 48 a 63, c. 4.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

de la obligación. Las obras correspondientes a los ítems ?,3 y 10.2, a su vez, fueron recibidas a satisfacción, pero en cantidades menores a las previstas en el acta anulada (525,07 m³ y 3.938,84 Kg, respectivament )- No fueron recibidas a satisfacción, por demás, las obras correspondientes a los ítems 7.5, 7.6, 9.2, 11.1 y 11.2, pactadas en el acta núm. 2 de mayores·cantidades; y las obras correspondientes al ítem 11.18 sí lo fueron, pero este ítem no corresponde aquí al "concreto estampado", como fue definido en el acta núm. 2 de mayores cantidades, sino que corresponde a "franja remate y ajuste".

De acuerdo con la cláusula 3 del contrato de obra núm. 163 de 2006 (aptado. 4.2.2), la interventoría posteriormente hizo constar el incumplimiento de la contratista en la ejecución del ítem 3.1; incumplimiento que había sido verificado por las empresas de servicios públicos¹¹7, lo que dio lugar. a una conciliación de las cantidades definitivas entre el IDU y el consorcio contra.tista¹¹⁸. Sin embargo, este incumplimiento no guarda relación con las obras pactadás en los negocios jurídicos anulados.

En este orden de ideas, cabe inferir que las obras que fueron objeto del acta núm. 2 de mayores cantidades correspondientes a los ítems 7.1, 7.2, 7.4, 7.7, 7.9, 9.4, 10.1, 11.3 y 11.16, al ser recibidas a satisfacción en cantidades que exceden a las pactadas en dicha acta, fueron ejecutadas de acuerdo con lo estipulado. Por lo tanto -como lo ha considerado la Sala¹¹⁹-   al haberse cumplido las prestaciones

pactadas, la entidad contratante se benefició de ella y as!, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993¹2º,no hay lugar al reconocimiento de restituciones mutuas

en este asunto.

l

Por otra parte, las obras definidas en los ítems 7.3, 7.5,'7.6, 9.2, 10.2, 11.1, 11.2 y

11.18 del acta núm. 2 de mayores cantidades fueron ejecutadas parcialmente o no fueron ejecutadas. Sin embargo, estas tampoco fueron recibidas a satisfacción, por lo que, de acuerdo con la cláusula 3 del contrato de obra:núm. 163 de 2006 (aptado. 4.2.2), su pago no fue reconocido, ni se practicó prueba que demuestre lo contrario.

En consecuencia, pese a que no exista certeza sobre la ejecución de las obras específicamente pactadas en los negocios jurídicos anulados, sí resulta claro que en este caso no hay lugar al reconocimiento de restitudones mutuas, ya que estas habrían beneficiado a la entidad demandante hasta el monto reconocido, o, por no haberse ejecutado, su pago no fue reconocido, permqneciendo así inalterada la situación patrimonial de las partes contratantes.

Por lo demás, la Sala mantendrá la suma reconocida a favor del demandante en esta decisión, la cual será indexada del siguiente modo:

Va = Vh IPC Final

IPC Inicial

¹¹⁷ Folios 791 a 805, c. 6.

¹¹⁸ Folio 806, c. 6.

¹¹⁹ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2017, exp.

55102. En igual sentido: Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2021,xp. 40452.

¹20 Ley 80 De 1993. "Artículo 48. La declaración de nulidad de un contrato ,Je ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. 11 Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa i/fcita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cu_anto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público" (subrayado añadido).

?

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

Va = Valor actualizado

Vh = Valor histórico de lo reconocido en primera instancia

IPC Inicial = Indice de precios al consumidor que corresponde al mes de la sentencia de primera instancia: abril de 2015

IPC Final = Indice de precios al consumidor que corresponde al último calculado al mes en' que se profiere esta sentencia.¹²¹

En este caso:

Va= $8.297.798,7 122,63

"84 90

;

Va= $11.985.383,45

CONDENA EN COSTAS

6.1. Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación del 25 de junio de 2014¹22, el CGP entró a regir en la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 1° de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del recurso (aptdo. 2.4), por lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas.

Según el CGP, la condena en costas procede contra la "la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas de las agencias en derecho (núm. 4). Para la segunda instancia de los procesos declarativos, dicha tarifa tiene como límites entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigencias (SMMLV).

En vista de este marco normativo, la Sala reconocerá la suma de 5 SMLMV para el IDU, por agencias en derecho en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acta núm. 2 de mayores cantidades de obra, suscrita el 17 de diciembre de 2007, por los motivos señalados en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la expresión "y 2" del parágrafo primero del "OTROSf No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDU-163 DE 2006",

por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia del 29 de

¹²¹ Según la tabla "Series - 'Indice de empalme" elaborada por el DANE. En página web: https:/lwww.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

¹²² Rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

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abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que quedarán así: '

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"SEGUNDO.- Liquidar judicialmente el contrato de obra No. 163 del 29 de diciembre

de 2006, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Consorcio Ciloyd, así:

TERCERO.- En consecuencia, DECLARAR que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) deberá pagarle al Consorcio Ciloyd la suma de once millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos con cuarenta y cinco centavos ($11.985.383,45), por concepto de liquidación del contrato de obra No. 163 del 29 de diciembre de 2006, que deberá pagar una vez cobre eijecutoria el presente fallo.

CUARTO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714)

Demandante: Consorcio CILOYD

QUINTO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor de las entidades demandadas. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

SEXTO: RECONOCER personería al abogado José Bernardo Martínez Rodríguez para actuar en representación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en los términos del poder conferido a folio 606 del cuaderno principal.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

Presidente

IQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Magistrado

Ull

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