CONCEPTO 11333 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
| Para: | XXXXX |
| De: | Carolina Ospina Villegas - Coordinadora Grupo Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos - Dirección Jurídica - 1-0020 |
| Asunto: | Concepto conflictos de interés Administradores del Fondo de Vivienda del SENA en la revisión, trámite y aprobación de préstamos de vivienda. |
Mediante comunicación electrónica de fecha 11 de febrero de 2026 radicada con el número 01-92026-009612 solicita concepto sobre el alcance de la declaración de conflicto de intereses en el marco de las convocatorias del Fondo Nacional de Vivienda del SENA.
Concretamente, se requiere determinar si una vez declarado el impedimento por el Administrador de Vivienda que se postula a la convocatoria, el Director Regional debe designar a un funcionario ad hoc únicamente para evaluar la solicitud de este servidor, o si por el contrario, el funcionario designado debe asumir de manera integral la revisión, estudio, análisis y consolidación de todas las solicitudes presentadas en la Regional correspondiente.
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
En este punto resulta necesario reiterar que el Grupo Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos de la Dirección Jurídica del SENA no se pronuncia ni resuelve asuntos o casos de carácter particular y concreto, por lo que en el caso objeto de consulta, se hará un análisis de carácter general a la luz de las normas aplicable al caso.
ANÁLISIS
1°. La Ley 1952 de 2019 mediante la cual se expidió el Código General Disciplinario, frente al conflicto de intereses, prevé:
"ARTÍCULO 44. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido".
Sobre el conflicto de intereses, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 27 de enero de 2005, expresó:
"La jurisprudencia de esta Sala tiene dicho que de esa disposición se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo, es decir, particular y concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto, y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa de esta Corporación cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de procesos de pérdida de la investidura de los congresistas." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia con radicación número 440012331000200400684 01 del 27 de enero de 2005, consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Planeta).
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto 1572 de 2004 con ponencia del consejero Flavio Rodríguez Arce señaló:
"(...) El conflicto de intereses: Es una institución de transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.
2.1 Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.
2.2 Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación.
2.3 Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión - para el caso, la motivación del voto -. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál
fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de la ley.[1]" (Subrayado y negrillas fuera de texto).
Acorde con lo expresado por el Consejo de Estado, el Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública en Concepto 129991 de 2023 sobre el conflicto de intereses señaló:
"(...) De acuerdo con lo expresado por Consejo de Estado, el conflicto de interés se estructura cuando el servidor público con su actuación se favorezca a sí mismo o a sus parientes. El constituyente quiso evitar, al prever la ocurrencia del conflicto de intereses, que el servidor público con su accionar haga prevalecer su interés personal o familiar sobre el general. Busca acabar con las ventajas personales distintas a las que se predican de la generalidad. Esta figura es aplicable a todos los servidores públicos, sin importancia de su nivel o grado, el cual opera con el fin de impedir que el interés general propio de la función pública sea utilizado para un provecho particular. Tal circunstancia debe ser analizada por las partes interesadas y por la administración, para determinar si se presenta el conflicto de interés en relación con la situación presentada en su consulta.
Por consiguiente, en respuesta a su interrogante, se considera que, en caso de considerarlo procedente, el servidor público relacionado en su comunicación, deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tengan interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, de acuerdo con los lineamientos que se han dejado indicados en este concepto..." ( Negrillas y subrayado fuera de texto)
En la "Guía Práctica para el trámite de Conflictos de Intereses en la Gestión Administrativa" elaborada por la Corporación Transparencia por Colombia se define el Conflicto de Intereses y el conflicto como tal:
"(...) El conflicto de intereses surge cuando un servidor público tiene un interés privado que podría influir, o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales, porque le resulta particularmente conveniente a él, o a su familia, o a sus socios cercanos."(https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/Publicaciones/gestionpublica/Gui a-4-Conflicto-intereses.pdf )
Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expedido por la Ley 1437 de 2011 establece expresamente las causales de impedido y recusación:
"ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público.
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado.
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado.
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.
12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa.
13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver.
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición."
Por su parte, el artículo 12 ibidem señala el trámite ue debe seguirse en caso de que un servidor público se declare impedido o sea recusado por estar incurso en alguna de las causales previstas en el citado artículo 11:
"ARTÍCULO 12. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo".
2°. Por medio del Acuerdo 0012 de 2014, modificado y adicionados por los Acuerdos 004 de 2017, 3 de 2019, 2 de 2022 y 04 de 2025, se adoptaron las normas reguladoas del Fondo Nacional de Vivienda del SENA.
Sobre la dirección del Fondo Nacional de Vivienda del SENA, conformación de los comités de vivienda nacional y regional y sus funciones, el Acuerdo 12 de 2014 establece:
"ARTÍCULO 3o. DIRECCIÓN. La Dirección del Fondo Nacional de Vivienda del SENA, estará a cargo del Comité Nacional de Vivienda, máxima autoridad en esta materia; sus decisiones son de estricto cumplimiento por parte de la administración del SENA, de los Comités Regionales de Vivienda y de los servidores públicos de la Entidad.
Conformación:
COMITÉ NACIONAL DE VIVIENDA
El Comité Nacional de Vivienda del SENA está conformado de la siguiente manera:
1. Tres (3) miembros del Consejo Directivo Nacional, designados por este organismo, de los cuales uno será escogido entre los Consejeros representantes de las Confederaciones de Trabajadores; los tres Consejeros actuarán con voz y voto en las sesiones del Comité y uno de ellos actuará como presidente.
2. El Director Administrativo y Financiero, quien actuará con voz y sin voto.
3. El Secretario General, quien actuará con voz y sin voto.
4. El Coordinador del Grupo de Vivienda de la Secretaría General, quien actuará como Secretario del Comité Nacional de Vivienda, sin voto.
COMITÉS REGIONALES DE VIVIENDA
En cada Regional del SENA funcionará un Comité Regional de Vivienda, conformado de la siguiente manera:
1. Tres (3) miembros del respectivo Consejo Regional o Distrital designados por este organismo, de los cuales uno será escogido entre los Consejeros representantes de las Confederaciones de Trabajadores; los tres Consejeros actuarán con voz y voto en las sesiones del Comité Regional y uno de ellos actuará como presidente.
2. El Director Regional o Distrital, quien actuará con voz y sin voto.
3. El empleado público designado como administrador del Fondo de Vivienda de la respectiva Regional, quien actuará como Secretario del Comité Regional, sin voto.
"ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE VIVIENDA. Serán funciones de los Comités de Vivienda, las siguientes:
4.1. DEL COMITÉ NACIONAL DE VIVIENDA (...)
2. Aprobar o improbar las solicitudes de crédito para vivienda de los servidores públicos de la Dirección General del SENA afiliados al Fondo Nacional de Vivienda de la entidad, así como en las regionales cuando lo estime conveniente (.)
4.2. DE LOS COMITÉS REGIONALES DE VIVIENDA.
1. Aprobar o improbar las solicitudes de crédito ordinarios de vivienda presentados en la convocatoria de la respectiva vigencia por los servidores públicos de la Regional afiliados al Fondo de Vivienda del SENA, de acuerdo con las normas previstas en el presente Acuerdo.
2. Aprobar o improbar las solicitudes de cambio de modalidad de los créditos aprobados en la Regional."
"ARTÍCULO 5o. ADMINISTRACIÓN. La administración del Fondo Nacional de Vivienda del SENA en la Dirección General, estará a cargo del Coordinador del Grupo de Vivienda de la Secretaría General, y en las Regionales estará a cargo del empleado público designado por el Director Regional o Distrital como Administrador del Fondo de Vivienda de la Regional, el cual hará parte del Grupo Regional de Gestión del Talento Humano, en aquellas Regionales donde fue creado dicho grupo, y en su defecto, del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.
5.1. FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DEL FONDO DE VIVIENDA.
Los Administradores del Fondo de Vivienda del SENA en la Dirección General y de las Regionales, deberán cumplir las siguientes funciones, además de las que le asigne el Director General de la entidad o su delegado: (...)
11. Efectuar el estudio, análisis y consolidación de las solicitudes de préstamos por cada modalidad, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad del Fondo Nacional de Vivienda, y presentar al Comité de Vivienda respectivo la información consolidada de las solicitudes recibidas...".
De acuerdo con las normas reguladoras del Fondo de Vivienda del SENA, los servidores públicos vinculados antes del 2 de febrero de 1998 tienen la calidad de Afiliados. Aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que ingresaron a partir del 2 de febrero de 1998 tienen la calidad de Beneficiarios, quienes no tienen la calidad de ahorradores del Fondo, pero si pueden obtener préstamos de vivienda en sus diferentes modalidades.
Así se desprende del artículo 61 del Acuerdo 12 de 1024, modificado por el artículo 8o del Acuerdo 2 de 2022, según el cual se entiende por "(...) "BENEFICIARIOS DEL FONDO" aquellos servidores públicos del SENA con derechos de carrera administrativa o contrato de trabajo indefinido que hayan ingresado a la Entidad a partir del 2 de febrero de 1998, quienes tendrán la posibilidad de recibir préstamos ordinarios o especiales de vivienda otorgados por este Fondo, pero no podrán ser ahorradores, ni acceder a préstamos sobre ahorros".
Sobre los préstamos ordinarios para los beneficiarios del Fondo de Vivienda, el artículo 63, modificado por el artículo 10 del Acuerdo 2 de 2022, prevé:
"ARTÍCULO 63. PRÉSTAMOS ORDINARIOS PARA BENEFICIARIOS. A los Empleados Públicos beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda del SENA se les podrá adjudicar máximo dos (2) créditos, en diferente modalidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de este Acuerdo.
A Los Trabajadores Oficiales Beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda del SENA que cumplan con los requisitos de este Acuerdo se les podrá adjudicar máximo cuatro (4) créditos, en diferente modalidad.
El monto, las modalidades, los intereses, las garantías, la capacidad de pago, el plazo, las obligaciones y los demás requisitos de estos créditos son los mismos establecidos para los Afiliados del Fondo".
Mediante Resolución 2682 de 2025 expedida por el Director General del SENA se reglamentó el Acuerdo 0012 de 2014, en cuyo artículo 4o se establecen las etapas para la adjudiación del crédito de vivienda en sus distintas modalidades:
"ARTÍCULO 4o. ETAPAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS. La adjudicación de créditos hipotecarios del Fondo Nacional de Vivienda del SENA se hará cumpliendo las siguientes etapas: (...)
3. Evaluación de solicitudes: Las solicitudes de crédito hipotecario presentadas oportunamente por los "Afiliados al Fondo" serán revisadas y puntuadas por los respectivos Administradores del Fondo de Vivienda, de conformidad con los criterios de evaluación y puntajes establecidos en el artículo 8 del Acuerdo 012 de 2014, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 004 del 2025, según la modalidad del crédito y las definiciones del artículo 55 de la presente resolución.
Las solicitudes de crédito hipotecario presentadas por los "Beneficiarios del Fondo", serán revisadas y puntuadas por los respectivos Administradores del Fondo de Vivienda teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en en el artículo 65 del Acuerdo 012 de 2014, modificado por el artículo 3 del Acuerdo 004 del 2025, según la modalidad del crédito y las definiciones del artículo 55 de la presente resolución.
En el caso de las solicitudes presentadas por los trabajadores oficiales en calidad de afiliados o beneficiarios del Fondo, los administradores de vivienda darán cumplimiento al numeral 12 del artículo 5.1 del Acuerdo 012 de 2014, modificado el artículo 15 del Acuerdo 0002 de 2022 conforme con lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención Colectiva de Trabajo del SENA.
8. Adjudicaciones: En firme los resultados de la evaluación de las solicitudes, el Comité Nacional de Vivienda y los Comités Regionales de Vivienda procederán a la aprobación de los créditos de los "Afiliados del Fondo" dentro del término establecido en la convocatoria, por modalidades, en estricto orden de puntuación en cada regional y en la Dirección General, sujeto a la capacidad de pago del solicitante y hasta agotar el presupuesto asignado.
Los créditos hipotecarios de vivienda de los "Beneficiarios del Fondo" serán adjudicados por el Comité Nacional de Vivienda, en estricto orden de puntuación nacional, hasta agotar el presupuesto anual destinado por el mismo Comité para cada modalidad en cada vigencia, sujeto a la capacidad de pago del solicitante y el cumplimiento de los demás requisitos, que serán verificados y certificados por cada regional...".
CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo antes expuesto se encuentra que el conflicto de intereses se estructura cuando el servidor público tiene interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión de actuaciones o asuntos en los que interviene o se favorezca a sí mismo o a sus parientes, es decir, cuando "tiene un interés privado que podría influir, o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales, porque le resulta particularmente conveniente a él, o a su familia, o a sus socios cercanos".
En el caso objeto de consulta, en nuestro criterio, el servidor público que actúa como Administrador del Fondo de Vivienda en las direcciones regionales y se postula para el estudio y aprobación de un crédito de vivienda, bien como afiliado o beneficiario del Fondo, deberá declararse impedido para efectuar el estudio, análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad del Fondo Nacional de Vivienda, por tener, obviamente, un interés directo en que su solicitud sea aprobada.
Manifestado el impedimento, se deberá designar por el servidor público competente un servidor público para que actúe como Administrador Ad-hoc con el fin de que realice el estudio, análisis y revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos y los documentos presentados por el servidor público impedido para la aprobación de un crédito de vivienda.
Por el contrario, consideramos que el Administrador del Fondo de Vivienda, bien como afiliado o beneficiario, NO se hallaría en el marco de un conflicto de intereses cuando deba realizar, en ejercicio de sus funciones, el estudio, análisis y verificación del cumplimiento de requisitos de las demás solicitudes de préstamos de vivienda que se hayan radicado por otros servidores públicos en la respectiva dirección regional, a menos que demuestre que él, por tener un interés directo, con su actuación podría influir en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales o podría adoptar o tomar determinaciones para su beneficio personal o de sus parientes como Administrador del respectivo Fondo de Vivienda.
Si el Administrador del Fondo de Vivienda como participante en la convocatoria para recibir créditos de vivienda considera que podría generar un conflicto de intereses al realizar la evaluación de las evidencias, requisitos y documentos dentro del proceso, ello implicaría que dicho servidor público de antemano estaría actuando con un claro interés particular que le impide actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad y en contravía de los principios éticos que su condición de servidor público le imponen la Constitución, la ley y los reglamentos.
En este punto debemos resaltar el hecho de que los Administradores del Fondo de Vivienda nacional y regional, si bien hacen parte de dichos comités en su calidad de secretario de los mismos, no tienen voto ni tienen la función de "Aprobar o improbar las solicitudes de crédito para vivienda de los servidores públicos de la Dirección General del SENA afiliados al Fondo Nacional de Vivienda de la entidad", tal como lo establecen los artículos 3o y 4o del Acuerdo 12 de 2014 y el artículo 4o numeral 8 de la Resolución 2682 de 2025.
Los administradores del Fondo de Vvienda en la Dirección Nacional y en las direcciones regionales tienen la función de "Efectuar el estudio, análisis y consolidación de las solicitudes de préstamos por cada modalidad, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad del Fondo Nacional de Vivienda, y presentar al Comité de Vivienda respectivo la información consolidada de las solicitudes recibidas", conforme con lo previsto en el numeral 11 del artículo 5o del Acuerdo 12 de 2014, en armonía con lo contemplado en el numeral 3o del artículo 4o de la Resolución 2682 de 2025.
Así pues, en caso de existir situaciones como las antes planteadas, esto es, si el servidor público, en ejercicio de sus funciones como Administrador del Fondo de Vivienda, deba adelantar actuaciones, influir o tomar determinaciones en su beneficio personal o familiar, deberá realizar el trámite establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), para lo cual deberá declararse impedido mediante escrito motivado donde demuestre y señale expresa y claramente las razones por las cuales se encuentra incurso en una de las causales establecidas expresamente en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
Pero no basta que dicha manifestación se haga frente a todo el proceso de estudio y análisis de las solicitudes de préstamos de vivienda radicadas por servidores públicos en la respectiva convocatoria, sino que el Administrador del Fondo de Vivienda debe pronunciarse para cada caso en particular, expresando los motivos que le impiden examinar cada solicitud por tener un interés particular y directo en su gestión, adjuntando las pruebas que respalden su impedimento e invocando la causal del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 en que se encontraría incurso para apartarse del estudio, análisis y revisión de cada una de las solicitudes radicadas por servidores públicos. El tema del conflicto de intereses, de por sí complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto como se señala en el Concepto 1572 de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado antes referido.
Para el efecto, se deberá consultar y aplicar el Procedimiento de Identificación y Declaración del Conflicto de Intereses - Guía GTH-P-020 - plataforma Compromiso.
Surtido lo anterior, la instancia competente deberá examinar y decidir si acepta o no el impedimento o los impedimentos formulados por el respectivo Administrador del Fondo de Vivienda.
El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.
Cordial saludo,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General
1. Concepto reiterado mediante Concepto con número de radicación No. 1.903 de 2008, Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
