CONCEPTO 12697 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-0020
Bogotá D.C.
Señor (a)
XXXXX
| Asunto: | Respuesta petición radicada con el número 7-2026-087201 de 12 de febrero de 2026 - Retén Social prepensionados vinculados con contrato de prestación de servicios |
Mediante correo electrónico radicado con el número 7-2026-087201 de fecha 12 de febrero de 2026, en el ejercicio del derecho de petición, solicita información sobre los lineamientos institucionales y criterios aplicables a contratos de prestación de servicios (OPS) y certificación sobre procedencia o no de la figura de retén social o protección especial.
A continuación procedemos a dar respuesta a las peticiones en el orden en que fueron planteadas:
A. Sobre retén social o protección especial
1. Informar de manera expresa si la figura de retén social, estabilidad laboral reforzada o protección especial laboral aplica a contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios (OPS).
2. En caso afirmativo, remitir copia de los actos administrativos, lineamientos o directrices que lo regulen.
3. En caso negativo, expedir certificación formal de inexistencia de dicha protección para esta modalidad contractual.
RESPUESTA:
1. En la Constitución Política vigente la noción de servidor público aparece en diferentes preceptos superiores (artículos 6, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 129), de donde surge la idea de la asignación y cumplimiento de funciones estatales por una persona natural, a través de un vínculo jurídico que implica subordinación laboral.
Según el artículo 123, "son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios".
El artículo 125 a su turno establece: "Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley"
Así pues, dentro del género "servidor público", conforme con la Constitución, se encuentran diferentes especies como son: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Ahora bien, la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública, en su artículo 1o señala: "Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad".
El mismo artículo prevé que, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política y en la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.
2°. Conforme con lo previsto en el artículo 32 numeral 3o de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2o numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007, el contrato de prestación de servicios es una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la administración o funcionamiento de una entidad pública que tiene como objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía e independencia del contratista, que tiene una vigencia temporal y que no genera prestaciones sociales por tratarse de un contrato y no de una relación laboral[1]. (Ver también artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015)
Sobre la naturaleza del contrato de prestación de servicios, Colombia Compra Eficiente mediante Documento: C-276 de 2025 señaló:
"(...) A partir de las disposiciones citadas, así como de la reciente Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 9 de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, es posible señalar las siguientes características del contrato de prestación de servicios: i) Solo puede celebrarse para realizar "actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad", es decir, que hagan parte de su giro ordinario o quehacer cotidiano. ii) Respecto del tipo de personas que pueden ser contratadas, admite que se suscriba con personas naturales o jurídicas. Sin embargo, cuando se celebre con personas naturales la entidad estatal debe justificar, en los estudios previos, que las actividades "no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados". iii) Si bien se celebran para obtener la prestación personal de un servicio, se diferencian del contrato de trabajo en que quien celebra el contrato de prestación de servicios debe mantener autonomía e independencia en la ejecución de la labor, lo que significa que no debe existir subordinación ni dependencia, que es uno de los elementos constitutivos del vínculo laboral (…)"
De este modo, el contrato de prestación de servicios es un contrato que resulta claramente diferenciable del contrato de trabajo y de allí por qué desvirtúe la generación de una relación de trabajo o el reconocimiento, con base en él, de prestaciones sociales y exija que se suscriba por el término estrictamente necesario.
Conviene anotar que las personas vinculadas bajo la modalidad de contrato de prestación no tienen la condición o calidad de servidores públicos: empleados públicos o trabajadores oficiales.
Los empleados públicos de carrera; con nombramiento provisional; de libre nombramiento y remoción; de período fijo y temporales se vinculan a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, es decir, se requiere nombramiento mediante acto administrativo y tomar posesión del cargo.
Los trabajadores oficiales se vinculan a las entidades públicas mediante la celebración de contrato de trabajo que se rige por lo dispuesto en la Ley 6 de 1945 y el Decreto 1083 de 2015 que compiló el Decreto 2127 de 1945.
3°. El artículo 12 de la Ley 790 de 2002 "Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República", estableció una protección especial:
"ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley".
Mediante el Decreto 190 de 2003 se reglamentó parcialmente la Ley 790 de 2002, cuyos artículos 1o y 12 establecen:
"ARTÍCULO 1o. Definiciones. Para los efectos de la Ley 790 de 2002 y del presente decreto, se entiende por:
(...)
1.5 Servidor próximo a pensionarse: Aquel al cual le faltan tres (3) o menos años, contados a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002, para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez".
(...)
"ARTÍCULO 12. Destinatarios. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 790 de 2002, dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública no podrán ser retirados del servicio las madres cabezas de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez, en el término de tres (3) años, según las definiciones establecidas en el Artículo 1o del presente decreto". (Negrillas y subrayado fuera de texto)
En el caso de los trabajadores del sector privado no existe norma que establezca dicha protección, tal como si acontece para los servidores públicos. Sin embargo, esta protección ha sido de creación jurisprudencial.
Así, la Corte Constitucional en Sentencia de unificación SU 003 de 2018, sostuvo:
"Acreditan la condición de "prepensionables" las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión".
En relación con el denominado "Retén Social" destacamos los siguientes pronunciamientos:
Colombia Compra Eficiente mediante Documento: C-276 de 2025 señaló:
"(...) Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-380 del 3 de noviembre de 2021 indicó que dicho principio da a lugar al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada que surge a partir de distintos mandatos constitucionales y cobija a diversos grupos poblacionales. "[...]Los titulares del derecho son, en principio las mujeres gestantes, las personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por razones de salud, los aforados de las organizaciones sindicales. En el ámbito de la función pública, a partir de la figura del retén social, el derecho también se ha desarrollado para la protección de personas próximas a pensionarse, mujeres cabeza de familia (y padres en situación de hecho análoga). [...]
La Corte Constitucional ha interpretado extensivamente el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, y explica que la condición de prepensionado, como sujeto de especial protección, no necesita que la persona que alega pertenecer a dicho grupo poblacional se encuentre en el supuesto de hecho propio de la liquidación de una entidad estatal: incluso cobija a los trabajadores del sector privado que se encuentren próximos a cumplir los requisitos para acceder a una pensión. Por tanto, la jurisprudencia señala que, si bien para los trabajadores del sector privado no existe norma expresa que determine la estabilidad laboral cuando son prepensionados, los valores y principios constitucionales deben aplicarse cuando se observe la vulneración de derechos como la seguridad social, el trabajo y la igualdad.
Las decisiones anteriormente citadas parten de la existencia de una relación laboral existente. Este aspecto se confirma en la Sentencia de la Corte Constitucional SU-003 de 2018 -con ponencia del Magistrado Carlos Bernal Pulido- cuando explica si "[...] el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente.
[...]
De acuerdo con las decisiones judiciales mencionadas en los párrafos precedentes, no existe una jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que haya definido el contenido y alcance de la estabilidad ocupacional reforzada en contratistas de prestación de servicios que tengan una condición de ser personas próximas para pensionarse, por lo que en principio deberá responderse de manera negativa la pregunta formulada". Negrillas y subrayado fuera de texto)
La Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el Retén Social aplicable a personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, expresó en Concepto 263381 de 2023:
" (...) Así las cosas, y para dar respuesta a su consulta, como quedó establecido en el artículo 12 de la Ley 190 de 2003 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional a que se ha hecho referencia, esta Dirección Jurídica considera que la calidad de prepensionado es predicable de personas vinculadas laboralmente bien con entidades u organismos de derecho público o bien con empresas del sector privado, lo cual supone que dicha eventual protección no sería aplicable a aquellas personas que aduzcan tener la calidad de prepensionado y con quienes se haya celebrado o se pretenda celebrar contratos de prestación de servicios, al tenor de lo contemplado en el numeral 3 del artículo 32_de la Ley 80 de 1993.
Por lo tanto, la figura del retén social no es aplicable a los contratistas por prestación se servicios al no estar dentro de los destinatarios de la figura del retén social."( Ver también Concepto 056631 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública)
La estabilidad laboral reforzada se aplica: a las personas que tienen la condición de madres cabezas de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, personas en condición de discapacidad o con enfermedades catastróficas, ruinosas o huérfanas o con problemas de salud, personas en condición de debilidad manifiesta, mujeres en estado de embarazo y lactancia, cónyuge o compañero de la mujer en estado de embarazo (Fuero de paternidad) y las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, es decir, los servidores públicos y los trabajadores del sector privado que se encuentren próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Si bien en principio no existe un derecho que implique la estabilidad indefinida en los contratos de prestación de servicios, no es menos cierto que existe una protección reforzada para aquellas personas que, por su situación particular, se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta.
Sin embargo, los fallos judiciales proferidos mediante los cuales se ha ordenado la protección constitucional reforzada han estado referidos y dirigidos a la continuidad del contrato, supeditado en todo caso a que la entidad estatal requiera en la nueva vigencia fiscal el servicio que presta la persona, tal como se indicó en el Concepto unificador 37678 de 2020 del Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa de la Dirección Jurídica del SENA.
Conforme con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, el Decreto 190 de 2003 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y conceptos a que se ha hecho referencia, la calidad de prepensionado es predicable de personas vinculadas laboralmente bien con entidades u organismos de derecho público o bien con empresas del sector privado, lo cual supone que dicha eventual protección no sería aplicable a aquellas personas que aduzcan tener la calidad de prepensionado y con quienes se haya celebrado o se pretenda celebrar contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, al tenor de lo contemplado en el numeral 3o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Así pues, y como quiera que las disposiciones legales antes invocadas y los criterios jurisprudenciales y doctrinales atrás señalados, indican con meridiana claridad que el retén social o protección especial no es aplicable a las personas que tienen la caldiad de prepensionados vinculados por contrato de prestación de servicios al no estar dentro de los destinatarios de la figura del retén social,, razón por cual nos abstenemos de expedir certificación sobre la inexistencia de dicha protección para esta modalidad contractual respecto de los prepensionados.
Sin embargo, para efectos del proceso de contratación por prestación de servicios, las condiciones y circunstancias particulares de la persona que aduzca tener la condición de sujeto de especial protección deben ser valoradas por el servidor público y el área competente que deba decidir sobre su contratación, siguiendo las orientaciones de protección constitucional señaladas en la jurisprudencia constitucional indicada en la Circular 246 de 4 de noviembre de 2025 emanada de la Dirección Jurídica del SENA y en el Concepto Unificador 37678 de 2020 del Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa de la Dirección Jurídica del SENA, documentos que pueden ser consultados en https://normograma.sena.edu.co
B. Sobre lineamientos generales de contratación OPS
4. Remitir copia digital íntegra de: manuales, políticas, lineamientos, instructivos, circulares, protocolos, directrices internas, actos administrativos o conceptos jurídicos expedidos por la Dirección General relacionados con:
- criterios de contratación de prestación de servicios
- justificación técnica de necesidad
- límites frente a funciones permanentes
- prevención de tercerización indebida
- supervisión y control de contratistas
- racionalización del gasto o sustitución de planta por OPS
RESPUESTA: Conforme con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación, el SENA puede adelantar los procesos de contratación a través de las diferentes modalidades, tales como licitación pública, que es la regla general de los procesos de contratación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o contratación de mínima cuantía.
Para efectos de determinar la modalidad de contratación, como bien lo señala el Manual de Contratación del SENA, es preciso justificar su escogencia, teniendo en cuenta: la necesidad a satisfacer, el objeto a contratar, alcance y tipo de contrato, el valor o cuantía del contrato y el plazo, entre otros aspectos, lo cual debe estar acompañado de los estudios previos, estudios del sector, apropiación presupuestal y las condiciones de la contratación que se piensa adelantar.
De acuerdo con lo antes expuesto, y con sujeción al principio de planeación[2] y a las necesidades de la entidad estatal, la contratación deberá hacerse a través de las modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 a que antes se hizo mención.
Para la selección de la modalidad de contratación por la cuantía, se deben verificar los valores aplicables al SENA para la menor y mínima cuantía, así como las causales que permiten la contratación directa, procedimientos cuya escogencia deben estar debidamente justificadas. (Ver Manual de Contratación del SENA)
En resumen, con el fin de determinar la modalidad de selección, se deberán elaborar los correspondientes estudios previos, constituir las apropiaciones presupuestales que fueren pertinentes y definir las condiciones de la contratación, con arreglo a lo contemplado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual de Contratación del SENA.
A tono con lo anterior, y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, dada su nauraleza jurídica de establecimiento público, por virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el SENA está facultado legalmente para celebrar diferentes tipos de contratos, entre los cuales se encuentran los contratos de prestación de servicios, los cuales están definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo que las partes pueden acordar o convenir las cláusulas o estipulaciones contractuales según sus necesidades y conveniencia.
Para el efecto, y tal como sucede con las demás modalidades de contratación, en la contratación de prestación de servicios se deben elaborar los Estudios Previos que corresponden al análisis que el área interesada debe realizar sobre la necesidad del bien, obra o servicio requeridos, la necesidad técnica, los soportes y condiciones del contrato a celebrarse con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado: objeto, obligaciones generales, obligaciones específicas, plazo, valor y forma de pago (honorarios), garantías y demás estipulaciones. (Ver Manual de Contratación Administrativa del SENA)
De otra parte, en la Circular 3-2025-000233 de 24 de octubre de 2025 emitida por la Dirección General del SENA por la cual se impartieron directrices y lineamientos para el proceso de contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2026 se señaló: "La contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no podrá realizarse a través de Cooperativas o Pre - cooperativas de Trabajo Asociado, ni de otra modalidad que implique intermediación".
Para efectos de lo antes indicado, se podrá consultar las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como el Decreto 1082 de 2015 en cualquiera de los buscadores de Internet disponibles.
Así mismo, el Manual de Contratación Administrativa del SENA se puede consultar en la página: www.sena.edu.co en el vínculo "Transparencia" ( parte superior izquierda de la página) donde se despliega el ítem Normativa que contiene toda la información relacionada con la normatividad interna y externa de interés para la entidad; determina su alcance, su aplicación y el impacto que tienen en el desarrollo de las funciones del SENA.
2.1. Normatividad de la entidad
- 2.1.1. Leyes.
- 2.1.2.Decreto único Reglamentario, Decretos no compilados y otras normas del sector Trabajo
- 2.1.3. Normativa aplicable
- 2.1.4. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial
- 2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales
- 2.1.5.a Políticas y lineamientos sectoriales
- 2.1.5.b Manuales
- 2.1.5.c Otros lineamientos y manuales que le aplique
- 2.1.6. Agenda Regulatoria
De igual manera, en la página www.sena.edu.co o en los buscadores de internet se encuentra_el Normograma SENA, donde se puede consultar la Normatividad aplicable al SENA, según el año que se busca, así como los conceptos jurídicos requeridos, bien por orden cronológico o por orden temático: https://normograma.sena.edu.co.
De otra parte, a continuación se relacionan los principales lineamientos y directrices impartidos desde la Dirección General del SENA dirigidos a Secretaria General, Directores de Área y Jefes de Oficina de la Dirección General, Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación Profesional en relación con la contratación de prestación de servicios para la vigencia 2026:
Circular 3-2025-000233 de 24 de octubre de 2025 emitida por la Dirección General del SENA por la cual se impartieron directrices y lineamientos para el proceso de contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2026.
Circular 241 de 31 de octubre de 2025 de la Dirección Jurídica donde se impartieron lineamientos jurídicos para la gestión contractual relacionados con: servicios personales, bienes y servicios, y prevención de la configuración de contrato realidad.
Circular 246 de 4 de noviembre de 2025 emanada de la Dirección Jurídica donde se imparten lineamientos para la contratación de sujetos con protección constitucional laboral para el año 2026, de acuerdo con precedentes jurisprudenciales.
Concepto unificado 37678 de 2020 del Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa de la Dirección Jurídica del SENA.
Estas circulares y concepto también pueden ser consultadas en la forma antes indicada.
C. Sobre aplicación territorial
5. Remitir copia de las comunicaciones, orientaciones o directrices enviadas a:
- Regional Nariño o Sede Pasto o Centro de Formación LOPE
- Despachos administrativos locales relacionadas con la contratación de prestación de servicios.
RESPUESTA: La respuesta a este punto se respondió en el punto anterior, pues los lineamientos sobre contratación están dados de manera general en las referidas circulares para todas las dependencias del SENA a nivel nacional, que incluye direcciones regionales y centros de formación profesional.
D. Información contractual consolidada (si existe)
6. En caso de existir bases de datos o reportes consolidados, remitir:
- listado de contratos OPS vigentes,
- objeto contractual, o dependencia de ejecución,
- supervisor designado.
RESPUESTA: Con la aplicación y uso obligatorio de la plataforma SECOP II administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública "Colombia Compra Eficiente", las entidades estatales adelantan los procesos de contratación mediante el uso de medios digitales y tecnologías de la información. Por esta razón se suprimió la utilización de expedientes en físico, es decir, no se utilizan carpetas con documentos en papel.
La información solicitada en este punto se encuentra publicada en bases de datos de acceso público, a las cuales puede acceder cualquier ciudadano sin necesidad de usuario o contraseña.
En particular, a través del portal de datos abiertos del Estado colombiano, es posible consultar la totalidad de los procesos contractuales adelantados por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a nivel nacional, así como los documentos asociados a cada uno de ellos, independientemente de su modalidad de selección (estudios y documentos previos, requisitos habilitantes, criterios de evaluación y asignación de puntaje, ofertas presentadas, actos administrativos de adjudicación y demás soportes del proceso).
La información puede ser consultada en el siguiente enlace: Datos Abiertos - SECOP II: https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-II-Procesos-de-Contrataci-n/p6dx- 8zbt/about data
Descripción: Registro de los procesos de compra, adjudicados o no, realizados en la plataforma SECOP II desde su entrada en operación.
De igual forma, se comparte el apartado denominado "Aprender sobre datos", dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública, en el cual el ciudadano podrá encontrar orientaciones sobre el uso de las herramientas disponibles para la consulta, análisis y aprovechamiento de la información contractual del país:
https://herramientas.datos.gov.co/herramientas/aprender-sobre-datos
En consecuencia, la información requerida es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta directa en los enlaces anteriormente indicados.
No obstante, se adjuntan los siguientes documentos: Circulares 3-2025-000233 de 24 de octubre de 2025; 241 de 31 de octubre de 2025; 246 de 4 de noviembre de 2025 y Concepto 37678 de 2020.
En los anteriores términos se da respuesta concreta, congruente y oportuna a la consulta formulada.
Cordialmente,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General SENA
1. En relación con la naturaleza del contrato de prestación de servicios y las calidades de las personas que lo celebran, la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, entre otras, mediante las Sentencias C- 154 de 1997, C-563 de 1998 y T-392 de 2017.
2. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera- Sentencia de 29 de agosto de 2007- radicación 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854) Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez:
" (...) La jurisprudencia de la Sala ha sostenido repetidamente, y así lo reitera ahora, que en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato;... (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria.".
