Concepto 23735 de 2026 SENA

CONCEPTO 23735 DE 2026

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Mediante comunicación electrónica de fecha 17 de marzo de 2026 radicada con el número -9-2026022290 solicita concepto jurídico si para determinar si en el proceso de negociación colectiva adelantado en el año 20 se infiere la existencia de irregularidades con incidencia disciplinaria o fiscal, o si corresponden a una actuación administrativa desarrollada bajo criterios de legalidad y buena fe.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.

ANÁLISIS

1°. La Ley 1952 de 2019 por la cual se expidió el Código General Disciplinario que rige a partir del 29 de marzo de 2022, modificada por la Ley 2094 de 2021, en su artículo 38 establece los deberes de los servidores públicos:

"ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

(…)

25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley..."

Por su parte, el Código General Disciplinario en el Libro IV Título I dispone:

"ARTÍCULO 86. OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992 (...)

"ARTÍCULO 87. OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva".

Frente al deber de denunciar, conviene destacar algunos apartes de lo expuesto por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación en Concepto S-2023-050039 de 2023 (2 de junio) dirigido a la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA en respuesta a consulta formulada sobre la calidad de quejosos o informantes por parte de las organizaciones sindicales cuando presentan denuncias que consideran disciplinariamente relevantes:

(...) En línea con lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del sindicato, es decir que es una "asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, o de profesiones, oficios o especialidades, similares o conexos, constituida exclusivamente para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión, sin repartición de beneficios"4., y que, según lo expuesto en su escrito, su intención es dar a conocer conductas que consideran disciplinariamente relevantes, asumiría la calidad de quejoso.

Individualizando al integrante del nivel directivo de la organización sindical, si dicho integrante es servidor público y en ejercicio de sus funciones tiene conocimiento de faltas disciplinarias, tendría la calidad de informante. Caso contrario sería quejoso. Igual tratamiento tendría si tiene un interés particular.

Tal como se mencionó con antelación, según lo previsto en el parágrafo primero del artículo 110 del CGD se indica que el quejoso no es sujeto procesal y que su intervención "se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio" y es a quien, a la luz de lo previsto en el artículo 129 de la misma normativa se le comunica la decisión de archivo y la del fallo absolutorio y consideramos, que no procede dicha comunicación, si la acción disciplinaria se originó por informe de servidor público.

Ahora bien, dado que se debe analizar cada caso y que cada investigación disciplinaria es diferente a la otra, solamente la autoridad disciplinaria competente es la que en desarrollo de la misma decide la calidad que le otorga al medio y a la persona que puso en su conocimiento el hecho que da lugar al inicio de dicha investigación."

2°. La Ley 610 de 2000 "Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías" prevé:

"ARTÍCULO 8o. INICIACION DEL PROCESO. El proceso de responsabilidad fiscal podrá iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, en especial por las veedurías ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000".

CONCLUSIÓN

De acuerdo con las normas antes indicadas, el deber de denunciar le asiste a toda persona que tenga conocimiento de un delito, de una conducta que pueda ser constitutiva de falta disciplinaria o cuando se trate de hechos que causen un daño al patrimonio del Estado en ejercicio de una gestión fiscal.

Este deber es exigible tanto a particulares como a servidores públicos, por el conocimiento de la comisión de presuntos delitos, faltas disciplinarias o conductas sobre una deficiente gestión fiscal en detrimento del patrimonio del Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y según se desprende de lo expuesto en su comunicación, el proceso de negociación colectiva con las organizaciones sindicales de empleados públicos se adelantó con arreglo a lo previsto en el Decreto 243 de 2024 con observancia del debido proceso y demás garantías previstas en la ley para este tipo de negociaciones, que condujo a la firma del Acuerdo Colectivo 2024 - 2026 entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y los sindicatos SINDESENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, COSSENA, SEASENA, SINFUSENA y SENA-USCTRAB, el cual fue adoptado mediante Resolución 1-03457 del 31 de diciembre de 2024, aclarada por la Resolución 1-01634 de 5 de junio de 2025 expedidas por el Director General del SENA.

Sin embargo, si bien la administración del SENA ha estimado que el proceso de negociación se adelantó conforme con las normas que lo regulan y con garantía de los derechos de autonomía y libertad sindical de las partes que concurrieron al mismo, consideramos que con base en la información y las pruebas aportadas por la organización sindical y con el fin de que se esclarezcan los hechos y evitar suspicacias sobre la actuación de los representantes del SENA en dicho proceso, sería recomendable que las situaciones planteadas por el sindicato se pongan en conocimiento de las autoridades competentes para que se verifique, a través del respectivo proceso, la ocurrencia de conductas que puedan ser constitutivas de falta disciplinaria o de hechos que podrían haber causado un daño al patrimonio del Estado en ejercicio de una gestión fiscal.

Ahora, y sin perjuicio de lo anterior, en nuestro criterio, la organización sindical y sus directivos que tienen la condición de servidores públicos, tienen el DEBER de denunciar las irregularidades que a su juicio se presentaron en el proceso de negociación del acuerdo colectivo, por lo que tienen la obligación de aportar las pruebas y poner los hechos irregulares en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las actuaciones disciplinarias o fiscales a que hubiere lugar y no delegarlas deber al SENA.

El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.

Cordial saludo,

CAROLINA OSPINA VILLEGAS

Coordinadora

Grupo Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos

Dirección Jurídica - Dirección General