Concepto 30302 de 2026 SENA

CONCEPTO 30302 DE 2026

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

1-0020

Bogotá, D. C.

Respetada Dra.

De manera atento, se emite respuesta a la solicitud del asunto, relacionada con la orientación para la ejecución de recursos destinados al pago de peajes:

"Mediante el presente, me permito respetuosamente comunicarle que, para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas del Centro, se realizan de manera permanente desplazamientos de vehículos institucionales por tramos viales en los que se requiere el pago de peaje. En atención a ello, para la presente vigencia se cuenta con recursos destinados a cubrir dicha necesidad.

No obstante, a diferencia de las vigencias anteriores, actualmente no es posible realizar la adquisición de los tiquetes de peaje directamente con la Concesión Autopistas del Caribe, toda vez que está ya no está ofreciendo dicho servicio de manera directa, sino a través de intermediarios autorizados que operan mediante dispositivos TAG instalados en los vehículos.

Según la información con la que cuenta el Centro, los operadores autorizados para prestar este servicio son Copiloto, Flypass, Openpass y Rappi. Igualmente, se ha identificado que la prestación del servicio no genera un valor adicional, de manera que únicamente se efectuaría el cobro correspondiente a la tarifa autorizada para cada peaje.

Teniendo en cuenta este panorama, y considerando que para atender esta necesidad se estima un presupuesto inicial de cinco millones de pesos ($5.000.000), de manera respetuosa solicitamos su orientación sobre la forma más adecuada de proceder para la ejecución de estos recursos, de tal manera que el trámite pueda adelantarse correctamente y sin generar inconvenientes posteriores.

El Centro advierte de manera preliminar dos posibles caminos que podrían revisarse. El primero, continuar con el trámite mediante resolución, como se ha venido realizando en vigencias anteriores. El segundo, evaluar la posibilidad de adelantar un proceso de mínima cuantía, considerando que actualmente existe diversidad de prestadores del servicio. No obstante, estas alternativas se exponen únicamente a manera de referencia, sin que se tenga claridad sobre su procedencia en las condiciones actuales.

En ese sentido, agradecemos la orientación que nos puedan brindar respecto de la ruta más conveniente y ajustada a la normatividad vigente para atender esta necesidad.

De igual manera, agradecemos nos indiquen si es posible programar una reunión para revisar este tema y despejar las dudas existentes, a fin de contar con mayor claridad para adelantar el trámite correspondiente."

I. Alcance de los conceptos jurídicos

Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comportan la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y solo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes. Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015.

En atención a la consulta, de manera comedida le informo que esta dependencia no es la competente para resolver situaciones particulares ni conceptuar sobre procedimientos de trámites o hacer aclaraciones/modificaciones a los actos administrativos proferidos por el SENA. También es pertinente indicarle que, en virtud de los principios de economía y celeridad, establecidos en la Constitución Política y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las inquietudes sobre diversas temáticas se deben aclarar al interior de la Entidad agotando el conducto regular, vale decir, acudiendo al funcionario que maneje la temática, al competente o a quien deba tomar la decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, esta coordinación, en el marco de sus competencias reglamentarias, procederá a dar respuesta a consulta con base en las normas que rigen la contratación pública.

II. Referencias Normativas

En relación con el objeto de la consulta es preciso indicar que las normas relacionadas con la presente solicitud están contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación Administrativa SENA, Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CEE). Adicionalmente C-121 de 2020 y C- 036 de 20224 de la ANCP -CCE.

III. Análisis Jurídico

Con fundamento en el contenido de las normas y soportes jurídicos citados, se procede a responder la solicitud formulada, en los siguientes términos:

De la solicitud elevada se identifica, el siguiente problema jurídico: ¿Resulta jurídicamente procedente continuar la adquisición de tiquetes de peajes mediante Resolución, o, por el contrario, debe adelantarse un proceso de contratación estatal?, y en tal caso, ¿cuál es la modalidad de selección aplicable conforme a la normatividad vigente, teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes y un presupuesto inicial de $ 5.000.000 para atender la necesidad?

En primer lugar, la Ley 80 de 1993 establece los principios, reglas y procedimientos que rigen la contratación de las entidades estatales, incluyendo el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Entre los principios rectores de la contratación estatal se destaca la transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva, con el fin de buscar el cumplimiento de los fines estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos.

Por otro lado, la Ley 1150 de 2007 establece medidas orientadas a fortalecer la eficiencia y la transparencia en la contratación estatal, y regula las diferentes modalidades de selección de contratistas, entre ellas, la licitación pública, la selección abreviada, mínima cuantía, el concurso de méritos y la contratación directa.

Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 compila y reglamenta aspectos sustanciales del sistema de compras públicas, incluyendo la planeación contractual, la elaboración de estudios previos, el análisis de riesgos, las modalidades de selección, los acuerdos marco de precios y los procedimientos aplicables a la contratación de mínima cuantía.

Ahora bien, la mínima cuantía es una modalidad de selección en la cual la entidad estatal realiza una convocatoria pública para recibir ofertas de bienes o servicios cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad^[1]. Esta modalidad fue creada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, cual adicionó el numeral 5o al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableciendo que el factor determinante para llevar a cabo tal procedimiento es la cuantía independientemente de su objeto.

De igual manera se caracteriza por procedimientos ágiles y simplificados. En este contexto, se debe garantizar la publicidad de la invitación, la recepción de ofertas y la adjudicación al proponente que ofrezca el menor precio, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos.^[2]

En ese sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la mínima cuantía es un procedimiento de selección "exceptivo", porque es una excepción adicional a la regla general constituida por la licitación pública, pero se parece a esta en que también es un llamado general a presentar ofertas, efectuado por la entidad estatal interesada en contratar, aunque es distinta en otros aspectos, como su conducencia y su procedimiento; lo primero, porque solo procede por razón de una cuantía específica, y lo segundo, porque sus requisitos, etapas y términos son característicos. En efecto, a partir de la mencionada norma legal que consagra la modalidad y prevé sus reglas, así como de los artículos 2.2.1.2.1.5.1. al 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015.^[3]

Según lo señalado en la solicitud, para el desarrollo de las actividades del Centro se requiere el pago permanente de peajes, para lo cual se cuenta con recursos en la presente vigencia. No obstante, actualmente no es posible adquirir los tiquetes de manera directa con la Concesión Autopistas del Caribe, dado que este servicio se presta a través de intermediarios autorizados que operan mediante dispositivos TAG instalados en los vehículos.[4]

En este contexto, se identifican como operadores disponibles Copiloto, Flypass, Openpass y Rappi.

Así mismo, se ha establecido que la prestación del servicio no genera costos adicionales, por lo que el cobro se limita a la tarifa oficial correspondiente a cada peaje.

En consecuencia de lo anterior, cuando en el mercado se evidencia la existencia de una pluralidad de oferentes capaces de satisfacer una necesidad contractual, la entidad estatal se encuentra en la obligación de adelantar un proceso de selección de carácter competitivo, incluso tratándose de necesidades de bajo valor, en aplicación de los principios que rigen la contratación estatal, en especial los de transparencia, selección objetiva, economía y libre concurrencia.

En este sentido, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece el principio de transparencia, el cual exige que la selección del contratista se realice a través de procedimientos que garanticen la publicidad, la igualdad de oportunidades y la libre participación de los interesados.

Ahora bien, el procedimiento jurídico recomendado para la ejecución de recursos públicos destinados al pago de peajes mediante intermediarios autorizados a través de dispositivos TAG comprende las siguientes etapas: i) identificar la necesidad y justificar la imposibilidad de adquirir el servicio directamente con la concesión, así como la idoneidad del operador tecnológico seleccionado; ii) definir la modalidad de selección aplicable, de manera que, si no existe un Acuerdo Marco de Precios, se deberá acudir a la modalidad de mínima cuantía cuando el valor no exceda el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la entidad, o a la selección abreviada de menor cuantía, según corresponda; iii) estructurar el presupuesto oficial del contrato, elaborar los estudios previos, incluyendo el análisis del mercado y la identificación de riesgos; iv) expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP); v) adelantar la publicación de la invitación y la recepción de ofertas; vi) realizar la evaluación de las propuestas y la respectiva adjudicación; y vii) suscribir el contrato, con la exigencia de las garantías a que haya lugar.

Para el caso en concreto, la modalidad de selección de mínima cuantía resulta procedente, en la medida en que permite garantizar la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso, aun tratándose de una contratación de bajo valor y toda vez que el presupuesto con el que cuenta la entidad para satisfacer la necesidad objeto de consulta se encuentra dentro los rangos de la mínima cuantía establecidos por la circular No. 0010 de 2026 que hace referencia a las cuantías para la contratación publica del SENA vigencia 2026. En efecto, esta modalidad asegura condiciones de publicidad, concurrencia y selección objetiva, al permitir la participación de múltiples proveedores y la escogencia de la oferta más favorable conforme a los requisitos establecidos por la entidad.

De acuerdo con la normatividad vigente, lineamientos y conceptos de Colombia Compra Eficiente, particularmente aquellos relacionados con la aplicación de la modalidad de mínima cuantía, se ha establecido que cuando el valor del contrato no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, esta modalidad resulta procedente con independencia del objeto contractual, siempre que no exista causal de contratación directa. Así mismo, dicha modalidad, aunque simplificada, mantiene la obligación de garantizar la selección objetiva del contratista, la evaluación de ofertas y la participación de oferentes, lo cual resulta especialmente relevante cuando, como en el caso analizado, existe pluralidad de proveedores en el mercado.

IV. Conclusión.

En atención a la situación expuesta, es importante precisar que el cambio en el esquema de pago de peajes, pasando de una adquisición directa con la concesión a un modelo operado mediante intermediarios autorizados con dispositivos electrónicos TAG, implica una modificación en la naturaleza de la necesidad a satisfacer.

En efecto, actualmente no se trata únicamente del pago de una tarifa regulada, sino de la contratación de un servicio que incluye la provisión de dispositivos, la gestión del recaudo electrónico y la administración de los pagos de peajes, el cual es ofrecido por diversos operadores en el mercado, tales como Copiloto, Flypass, Openpass y Rappi.

Así las cosas, se estima jurídicamente viable y recomendable adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, en aplicación de los principios de transparencia, economía y selección objetiva, dado que en la actualidad existe pluralidad de oferentes y una oferta estructurada de servicios. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente, atendiendo el valor estimado de la necesidad y las condiciones del mercado.

Cordialmente,

CAROLINA OSPINA VILLEGAS.

Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos

Dirección Jurídica

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>

1. Respecto a las cuantías para la contratación pública del SENA - Vigencia 2026 se ha expedido circular 010, donde establece las cuantías para diferentes modalidades de selección, para el caso de la mínima cuantía, quedo que para contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad, la cual se estableció en $ 175.090.500 para la vigencia 2026.

2. Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía 2024 - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

3. C-121 de 3 de marzo de 2020 - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

4. Al respecto, el Ministerio del Transporte mediante Resolución No. 20213040035125 del 11 de agosto de 2021 y actualizaciones, "Por la cual se adecua la reglamentación del sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) y se dictan otras disposiciones". Se reglamenta el sistema para la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV), estableciendo el estándar técnico de interoperabilidad, los requisitos financieros que deben cumplir los actores (intermediarios, operador y usuario), condiciones para la utilización de la marca de interoperabilidad, entre otras. Donde se establece, que para, adquirir el TAG se debe contactar con el intermediario autorizado por el Ministerio de Transporte y escoger la opción de pago que mejor se ajuste a las necesidades del usuario.