CONCEPTO 31738 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10020
Bogotá, D. C.
Señora
XXXXX
| Asunto: | Respuesta a 05-9-2026-014836 - NIS No. 2026-02-102047 - Auxilio funerario y empleados con nombramiento provisional |
Respetada Doctora, reciba un cordial saludo.
La Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos de la Dirección Jurídica de la Dirección General del SENA da respuesta a la comunicación del asunto, mediante la cual se solicita la emisión de concepto jurídico en relación con la procedencia del reconocimiento del auxilio por entierro de familiares a favor de servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional, en particular, frente al alcance del requisito previsto en el artículo 42 del Decreto ley 1014 de 1978 relativo a la calidad de empleados públicos permanentes de tiempo completo.
En la solicitud se plantea como interrogante si resulta procedente reconocer el auxilio funerario a servidores vinculados en provisionalidad, teniendo en cuenta el carácter transitorio de esta modalidad de vinculación, a la luz de lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto ley 1014 de 1978 y de las disposiciones que regulan la provisión de empleos públicos contenidas en el Decreto 1083 de 2015.
En atención a lo anterior, se procede a realizar el análisis jurídico correspondiente, con el fin de establecer los lineamientos normativos aplicables al caso planteado.
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
A continuación, se presenta el análisis correspondiente, no sin antes precisar que, los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
PRECEDENTES NORMATIVOS
Con el fin de realizar el análisis jurídico correspondiente, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones normativas:
- Decreto 1014 de 1978
- Sentencia C-111 de 2006, emitida por la Corte Constitucional
- Sentencia del 19 de julio de 2007 (Exp. 30165), emitida por la Corte Suprema de Justicia
- Resolución SENA 2693 de 2007, expedida por el SENA
- Sentencia T-198 de 2009, emitida por la Corte Constitucional
- Concepto 177241 de 2021, del Departamento Administrativo de la Función Pública
- Concepto 3237 de 2024, de la Dirección Jurídica del SENA
- Concepto 60512 de 2025, de la Dirección Jurídica del SENA
ANÁLISIS JURÍDICO
Antes de abordar el análisis, se recuerda que, conforme al alcance de los conceptos jurídicos, en un caso como el que se consulta, esta Coordinación no tiene competencia para emitir conceptos de viabilidad para el pago de prestaciones sociales, o resolver el asunto en particular.
En tal sentido, se expondrán los criterios generales para orientar la toma de decisiones, teniendo presente que el auxilio funerario está sujeto al cumplimiento de condiciones y requisitos que las áreas encargadas del procedimiento deben valorar según las circunstancias de cada caso en concreto.
Dicho esto, se presenta nuestro análisis en los siguientes términos.
I. Régimen jurídico del auxilio funerario de familiares en el SENA y su ámbito de aplicación subjetivo
El auxilio funerario de familiares en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA constituye una prestación de naturaleza especial, propia del régimen prestacional de sus servidores públicos, cuyo fundamento normativo principal se encuentra en el Decreto ley 1014 de 1978, norma que fija el sistema de nomenclatura, clasificación, remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la Entidad.
En ese orden, el artículo 36 del citado Decreto establece que, además de las prestaciones sociales consagradas en la ley, los empleados públicos del SENA tienen derecho a una serie de beneficios adicionales, dentro de los cuales se encuentra expresamente el auxilio por entierro de familiares, configurándolo como una prestación autónoma y diferenciada dentro del sistema prestacional general.
A su turno, el artículo 42 de la misma disposición regula de manera específica esta prestación, al disponer que: "El SENA pagará los gastos de entierro del cónyuge, los hijos o los padres de sus empleados públicos permanentes de tiempo completo, siempre que los fallecidos dependieren directa y económicamente del empleado. Este pago será equivalente al sueldo del empleado en el mes en que ocurriere el fallecimiento del familiar, sin que este auxilio sea inferior a seis mil pesos ($6.000.oo) M/CTE., por cada deceso que ocurra durante el año".
Es de precisar que la disposición en cita ha sido recogida y desarrollada en el Manual de Prestaciones Sociales adoptado mediante la Resolución 2693 de 2007, en la cual se regulan los reconocimientos económicos asociados al fallecimiento de familiares de los empleados públicos del SENA. En este instrumento se define el auxilio por funerales como un reconocimiento en dinero destinado a cubrir los gastos de entierro de determinados familiares del servidor, reiterando tanto los beneficiarios como las condiciones para el efecto, en concordancia con lo previsto en el artículo 42 del Decreto ley 1014 de 1978.
Así mismo, el manual establece los requisitos y el proceso para ese reconocimiento, y la necesidad de que el pago se formalice mediante acto administrativo motivado, previa verificación del cumplimiento de las condiciones legales y presupuestales correspondientes.
Ahora bien, en relación con el ámbito subjetivo de aplicación de esta prestación, resulta necesario interpretar el alcance de la expresión "empleados públicos permanentes de tiempo completo" contenida en el artículo 42 del Decreto ley 1014 de 1978, particularmente frente a la situación de los servidores vinculados mediante nombramientos provisionales, en período de prueba o bajo modalidades temporales.
Sobre este punto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en Concepto 177241 de 2021, precisó que el auxilio por entierro de familiares no distingue la forma de vinculación del servidor, en la medida en que la norma no establece una diferencia expresa en tal sentido, concluyendo que este beneficio resulta aplicable también a los empleados vinculados en provisionalidad, en período de prueba y temporales, siempre que se trate de servidores de tiempo completo.
Bajo la misma línea, la Dirección Jurídica del SENA, mediante Concepto 60512 de 2025, sostuvo que no existe razón jurídica que permita excluir a los servidores vinculados en provisionalidad del reconocimiento de esta prestación, al considerar que el carácter permanente del empleo se predica del cargo que integra la planta de personal y no de la modalidad de vinculación del servidor que lo ocupa. En consecuencia, tanto los servidores de carrera como aquellos nombrados en provisionalidad gozan de las mismas prerrogativas salariales y prestacionales derivadas del empleo, en tanto, desempeñen las funciones propias del mismo en condiciones de tiempo completo.
De lo anterior, se tiene que el auxilio por entierro de familiares previsto en el artículo 42 del Decreto Ley 1014 de 1978 es aplicable a todos los empleados públicos del SENA que ocupen cargos permanentes de tiempo completo, al margen de su forma de vinculación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la norma, particularmente aquellas relacionadas con el vínculo familiar y la dependencia económica del causante, aspectos que serán objeto de desarrollo en el capítulo siguiente.
Por último, en relación con este punto, consideramos pertinente observar que se trata de un asunto sobre el cual ya existen pronunciamientos tanto de esta Dirección Jurídica como del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es autoridad doctrinaria en la materia. Por tanto, en el evento de existir dudas sobre la aplicación de normas en materia salarial y prestacional, recomendamos consultar los conceptos previamente expedidos en el SENA que están disponibles a través del normograma institucional en su página web, así como la doctrina del Departamento Administrativo de la Función Pública, sin perjuicio de que en el caso de ser necesario, se solicite la asesoría previa a las áreas competentes en la materia, como en el caso, sería la Secretaría General - Grupo de Gestión del Talento Humano.
II. Alcance y acreditación de la dependencia económica como requisito para el reconocimiento del auxilio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto ley 1014 de 1978, el reconocimiento del auxilio por entierro de familiares se encuentra condicionado, entre otros aspectos, a que el cónyuge, los hijos o los padres del empleado público fallecido "dependieren directa y económicamente del empleado", lo que impone la necesidad de precisar el alcance jurídico de dicha exigencia.
En relación con este requisito, la Dirección Jurídica del SENA, mediante Concepto 3237 de 2024, ha señalado que la norma no establece una definición expresa ni una forma específica de acreditar la dependencia económica, razón por la cual su interpretación debe realizarse a partir de los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en materia de prestaciones derivadas del fallecimiento de un trabajador.
En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-111 de 2006, ha indicado que la dependencia económica no puede entenderse como una situación de carencia absoluta de ingresos o de indigencia, sino como un criterio de necesidad real, en virtud del cual el apoyo económico brindado por el causante resulta imprescindible para garantizar la subsistencia del beneficiario.
Dicha Corporación, en Sentencia T-198 de 2009, reiteró que la dependencia económica no debe entenderse como la ausencia total de ingresos por parte del beneficiario, sino como la existencia de una relación de necesidad en donde el apoyo económico del causante es relevante para garantizar su subsistencia. Lo anterior, precisando que esta condición admite distintos grados y debe evaluarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta si los ingresos del beneficiario son suficientes para su autosostenimiento o si, por el contrario, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 19 de julio de 2007 (Exp. 30165), ha sostenido que la dependencia económica no es de carácter absoluto, de manera que la percepción de ingresos adicionales por parte del beneficiario no excluye su configuración, siempre que dichos ingresos no le permitan alcanzar una autosuficiencia económica. En consecuencia, corresponde analizar en cada caso particular la situación real del beneficiario frente al apoyo que le brindaba el causante, evitando interpretaciones restrictivas o meramente formales.
En línea con lo expuesto, el Concepto 3237 de 2024 establece que, para efectos del reconocimiento del auxilio por entierro de familiares en el SENA, la dependencia económica debe establecerse mediante un análisis material de las condiciones de subsistencia del familiar fallecido, verificando si los ingresos que este percibía resultaban suficientes para su autosostenimiento, o si, por el contrario, requería del apoyo económico del servidor para garantizar su mínimo vital.
Ahora bien, en lo que respecta a la acreditación de esta condición, la Resolución 2693 de 2007 establece como requisito la presentación de declaraciones de terceros que den cuenta de la dependencia económica del familiar fallecido. No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 7 del Decreto ley 019 de 2012 prohíbe exigir declaraciones extrajuicio como requisito para el trámite de actuaciones administrativas, disponiendo que basta la manifestación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entiende rendida bajo la gravedad del juramento. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de verificación que le asisten a la administración para constatar la veracidad de la información suministrada.
Así las cosas, la dependencia económica, como presupuesto para el reconocimiento del auxilio por entierro de familiares, debe ser entendida en un sentido material y no formal, bajo un criterio de necesidad real que atienda a las circunstancias particulares de cada caso, sin que la existencia de ingresos propios del familiar fallecido o su afiliación al sistema de seguridad social constituyan, por sí solas, causales suficientes para negar el derecho, correspondiendo a la administración efectuar una valoración integral de los elementos probatorios allegados en cada situación concreta.
CONCLUSIONES
Se reitera que el objeto y alcance de este documento no es resolver una situación jurídica particular ni emitir concepto de vabilidad sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, sino ofrecer lineamientos generales para la interpretación y solución de las situaciones comentadas en la consulta. Con ese sentido, se responde así:
Integrando los criterios normativos y jurisprudenciales analizados, así como lo expuesto en los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Jurídica del SENA, se considera que el auxilio por entierro de familiares previsto en el artículo 42 del Decreto 1014 de 1978 es una prestación aplicable a los empleados públicos del SENA que ocupen cargos permanentes de tiempo completo, sin que la modalidad de vinculación (provisional, periodo de prueba o temporal) constituya un criterio de exclusión.
Su reconocimiento está condicionado a la acreditación de la dependencia económica del familiar fallecido, entendida no como ausencia absoluta de ingresos, sino como la necesidad real del apoyo del servidor para garantizar su subsistencia, de manera que su configuración debe evaluarse a partir de las circunstancias particulares de cada caso concreto.
Dicho esto, y en atención a la consulta formulada, resulta procedente entender que un servidor público del SENA vinculado mediante nombramiento provisional puede ser considerado como empleado público permanente de tiempo completo para efectos del reconocimiento del auxilio por entierro de familiares, siempre que ocupe un cargo de la planta de personal en tales condiciones y se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 42 del Decreto ley 1014 de 1978, en particular, la existencia de dependencia económica del familiar fallecido en los términos previamente desarrollados.
No obstante, según el alcance de los conceptos jurídicos, este documento sirve como criterio orientador general, no implica concepto de viabilidad sobre el reconocimiento y pago del auxilio en el caso concreto que se menciona, pues es el área responsable del procedimiento la que deberá dar solución al asunto en el marco de las normas vigentes verificando en cada caso la viabilidad del reconocimiento prestacional, con el cumplimiento de los requisitos que en ellas se establezcan.
Con toda atención, y manifestando nuestra disposición para cualquier aclaración que considere necesaria.
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora del Grupo de Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General
