CONCEPTO 33918 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-0020
Bogotá, D. C.
Señora
XXXXX
Asunto: Respuesta a radicado No. 01-9-2026-023036. NIS No. 2026-02-109803
Respetada doctora, reciba un cordial saludo.
La Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos da respuesta a la comunicación del asunto, mediante la cual, el Grupo de Gestión de la Formación informa que se encuentra adelantando la estructuración de lineamientos operativos para la implementación de alternativas de etapa productiva, particularmente en lo relacionado con el desarrollo del contrato de vínculo formativo en unidades productivas no formalizadas, y solicita la emisión de concepto jurídico sobre algunos aspectos asociados a dicha iniciativa.
En concreto, la consulta se orienta a precisar la distribución de responsabilidades derivadas de esta alternativa, especialmente en lo relacionado con la afiliación de los aprendices al Sistema General de Riesgos Laborales y el suministro de elementos de protección personal (EPP), en los distintos escenarios de ejecución de la etapa productiva.
En atención a lo anterior, se procede a realizar el análisis jurídico correspondiente, con el fin de establecer los lineamientos normativos aplicables al caso planteado.
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
A continuación, se presenta el análisis correspondiente, no sin antes precisar que, los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
PRECEDENTES NORMATIVOS
Con el fin de realizar el análisis jurídico correspondiente, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones normativas:
- Decreto 055 de 2015
- Decreto 1072 de 2015
- Guía para el desarrollo de la etapa productiva (Formato GFPI-G-040, versión 02 de 2025) expedida por el SENA
ANÁLISIS JURÍDICO
I. Sobre la naturaleza de la etapa productiva y las alternativas definidas por el SENA
En el marco de la Formación Profesional Integral impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, la etapa productiva constituye una fase esencial del proceso formativo, en la cual el aprendiz aplica, complementa y consolida las competencias adquiridas durante la etapa lectiva, mediante su desarrollo en contextos reales o simulados de trabajo, conforme a lo previsto en la Guía para el desarrollo de la etapa productiva (Formato GFPI-G-040, versión 02 de septiembre de 2025).
En este sentido, la citada guía, al desarrollar las generalidades de la etapa productiva, señala que esta corresponde al momento en el cual el aprendiz aplica sus conocimientos en la resolución de problemas en contextos reales o simulados, fortaleciendo así sus competencias para el desempeño en el entorno productivo, tal como se establece en el numeral 7.
Con el propósito de garantizar el acceso efectivo de los aprendices a esta fase, el SENA ha previsto diversas alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. En efecto, la guía, en su numeral 8, dispone que el aprendiz puede optar por distintas modalidades, entre las cuales se encuentran:
- El contrato de aprendizaje
- El contrato de vínculo formativo
- La monitoría
- El proyecto productivo
- El vínculo laboral
- Las prácticas en la economía popular y/o campesina
Las referidas alternativas responden a la necesidad institucional de ampliar las oportunidades para el desarrollo de la etapa productiva, particularmente en aquellos contextos en los cuales la oferta de contratos de aprendizaje resulta insuficiente, permitiendo así la continuidad del proceso formativo en condiciones de equidad y acceso.
En este punto se debe mencionar que las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva abarcan modalidades que pueden estar reguladas por la normativa general, como sería el caso del contrato de aprendizaje, el vínculo formativo o el vínculo laboral, que se recogen en el concepto global de prácticas laborales. Así mismo, otras alternativas son especialmente diseñadas y reglamentadas por el SENA, específicamente por la Dirección de Formación Profesional, dentro de las posibilidades que tiene para regular aspectos del proceso de formación profesional integral y como está previsto en el Reglamento del Aprendiz adoptado mediante Acuerdo 9 de 2024.
Ahora bien, en desarrollo de dichas alternativas, la guía citada establece reglas operativas para garantizar su adecuada ejecución. Así, al abordar los aspectos previos a la etapa productiva, dispone que el centro de formación debe exigir al ente co-formador la afiliación del aprendiz al Sistema General de Riesgos Laborales, como condición necesaria para su protección frente a los riesgos derivados de la actividad formativa, conforme se indica en el numeral 9.1.
En concordancia con lo anterior, la misma disposición prevé que, cuando el ente co-formador no cuente con la capacidad para asumir la afiliación y el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, el SENA podrá asumir dicha obligación, previa evaluación por parte de la Coordinación Académica del respectivo centro de formación, lo cual se encuentra igualmente previsto en el numeral 9.1 de la guía.
Tal previsión permite advertir que el SENA, además de definir las alternativas para la etapa productiva, puede asumir determinadas responsabilidades operativas orientadas a garantizar la continuidad del proceso formativo, especialmente en escenarios donde los entes co- formadores presentan limitaciones de capacidad.
Ahora bien, en este punto se debe hacer salvedad en que es así, excepto en aquellos casos donde, según la alternativa a la etapa productiva, se deban aplicar normas legales o reglamentarias vigentes.
En este orden de ideas, dicha facultad debe interpretarse con la naturaleza misma de la etapa productiva. En esa medida, de la lectura integral de la guía se desprende que todas las alternativas previstas parten de un elemento común: la existencia de un escenario de práctica o ente co-formador, entendido como el espacio en el cual el aprendiz desarrolla actividades en un entorno productivo real, en articulación con el SENA como entidad formadora.
A partir de esta premisa, se evidencia que la etapa productiva supone la concurrencia de dos sujetos claramente diferenciados: de un lado, el aprendiz, en proceso de formación; y de otro, el escenario de práctica, que proporciona el entorno productivo para el desarrollo de sus competencias.
En consecuencia, las alternativas que se estructuren para la ejecución de la etapa productiva deben preservar dicha lógica, de manera que el aprendiz desarrolle sus actividades en un entorno distinto a su propia esfera de control. Bajo esa línea, no resulta compatible con la naturaleza de la etapa productiva que el aprendiz desarrolle dicha fase en una unidad productiva de su propiedad, en calidad de responsable de la misma, como quiera que ello implicaría que asuma simultáneamente la condición de aprendiz y la de quien provee el escenario de práctica.
Lo anterior, sin lugar a duda, desdibuja la estructura de la relación formativa, en tanto elimina la distinción entre quien se encuentra en proceso de formación y quien proporciona el entorno productivo. Por tal razón, la definición de lineamientos para las alternativas de etapa productiva debe garantizar que se mantenga dicha distinción, como presupuesto necesario para la adecuada distribución de responsabilidades, particularmente en materia de riesgos laborales, aspecto que será desarrollado en el capítulo siguiente.
II. De las reglas generales en materia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en el marco de las prácticas formativas
Para el análisis de las responsabilidades asociadas a la etapa productiva, resulta necesario acudir a las reglas generales que rigen las prácticas formativas en materia de riesgos laborales, en especial, las previstas en el Decreto 055 de 2015, el cual regula la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales.
En este sentido, el artículo 4 del citado decreto establece que la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales dependerán de la naturaleza de la actividad desarrollada por el estudiante y del sujeto que asuma la responsabilidad de la práctica. Así, cuando se trate de actividades que constituyan requisito para culminar estudios o acceder a una certificación, la afiliación estará, como regla general, a cargo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse con la institución educativa para definir quién asume dicha obligación.
De manera concordante, el parágrafo 4 del artículo 4 del Decreto 055 de 2015 establece que "para el caso de la educación superior y de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando la práctica se realice en escenarios que en sí mismos no constituyan una persona jurídica, la afiliación y el pago del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales del estudiante estará a cargo de la institución de educación donde curse sus estudios", lo cual evidencia que el ordenamiento jurídico contempla supuestos excepcionales en los cuales la entidad formadora puede asumir esta obligación.
A partir de lo anterior, se identifican dos reglas fundamentales. En primer lugar, que la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales no se encuentra exclusivamente atada a la existencia de una relación laboral, sino que se predica de la realización de actividades formativas en entornos que implican exposición a riesgos. En segundo lugar, que la responsabilidad de la afiliación puede ser distribuida entre distintos sujetos, dependiendo de las condiciones en las que se desarrolle la práctica, admitiéndose incluso acuerdos entre la institución educativa y el escenario de práctica.
No obstante, el mismo artículo 4 es claro en establecer que, en ningún caso, las obligaciones de afiliación y pago de aportes pueden trasladarse al estudiante, lo cual reafirma su condición de sujeto de protección dentro del sistema y excluye la posibilidad de que asuma directamente cargas propias del aseguramiento en riesgos laborales.
Ahora, el citado artículo en su literal d) permite la distribución de la obligación de afiliación, también introduce un elemento de especial relevancia para el análisis del caso que nos ocupa, consistente en que dicha distribución se encuentra asociada a la responsabilidad en la ejecución de la práctica y a la coordinación de las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo.
El referido aspecto resulta determinante, en la medida en que permite diferenciar entre la obligación de afiliación al sistema y las responsabilidades derivadas de la gestión del riesgo. En efecto, el hecho de que una entidad asuma la afiliación y el pago de aportes no implica, por sí mismo, que sea la responsable del control de las condiciones materiales en las que se desarrolla la actividad formativa.
En consecuencia, la interpretación del artículo 4 del Decreto 055 de 2015 conduce a establecer que, aun cuando sea posible que la institución educativa asuma la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en determinados escenarios -como ocurre cuando el lugar de práctica no cuenta con capacidad jurídica o económica suficiente-, no supone la asunción automática de las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo, las cuales se encuentran vinculadas al entorno donde se ejecuta la actividad.
Bajo este orden, y en concordancia con lo expuesto en el capítulo precedente, la posibilidad que el SENA asuma la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en ciertas alternativas de etapa productiva no puede interpretarse como una transferencia integral de responsabilidades propias del escenario de práctica, sino como una medida orientada a garantizar la continuidad del proceso formativo y la protección del aprendiz frente a los riesgos derivados de su actividad.
III. Sobre la noción de ente co-formador y la condición del SENA como entidad formadora
Para definir la distribución de responsabilidades en el marco de la etapa productiva, resulta necesario precisar la noción de ente co-formador y su diferencia frente al rol que cumple el SENA como entidad formadora.
En este sentido, el Decreto 1072 de 2015, al señalar los elementos estructurales de las prácticas laborales, dispone en su artículo 2.2.6.3.1.1 que el escenario de práctica laboral es a través del cual la entidad pública o privada recibe al practicante en un entorno laboral real para el desarrollo de actividades formativas, precisando que, en los esquemas de formación dual, dichos escenarios tienen la calidad de co-formadores.
De manera concordante, el artículo 2.2.6.3.1.3 del mismo decreto dispone que la práctica laboral tiene un carácter formativo y debe desarrollarse en escenarios de trabajo real, en armonía con las necesidades del escenario de práctica, estableciendo expresamente que, en los modelos de formación dual, la empresa actúa como co-formadora en el proceso formativo.
A partir de las citadas disposiciones, se advierte que la noción de co-formador se encuentra asociada, en el ordenamiento jurídico, a la entidad o escenario en el cual se desarrolla materialmente la práctica, en tanto es allí donde el aprendiz interactúa con el entorno productivo y aplica sus competencias en condiciones reales.
Lo anterior, se ve reforzado por la Guía para el desarrollo de la etapa productiva (Formato GFPI- G-040, versión 02 de septiembre de 2025), la cual, en el numeral 5 - Definiciones, establece que el co-formador es "la entidad, empresa, institución u organización que recibe al aprendiz e integra su proceso formativo al entorno laboral, en articulación con el SENA como entidad formadora", precisando además que ambas partes estructuran conjuntamente el plan de trabajo, los mecanismos de seguimiento y las estrategias pedagógicas.
Dicho esto, se desprende un elemento central para el análisis: el co-formador es el sujeto que aporta el entorno productivo real en el cual se desarrolla la etapa práctica, mientras que el SENA conserva su condición de entidad formadora, encargada de estructurar, orientar y evaluar el proceso formativo.
En este orden de ideas, no resulta jurídicamente acertado equiparar al SENA con un ente co- formador, como quiera que su rol no consiste en proporcionar el entorno productivo en el que se ejecuta la práctica, sino en diseñar y dirigir el proceso de formación profesional integral. Aun en aquellos eventos en los cuales el SENA asume responsabilidades operativas, como la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, su naturaleza jurídica no se transforma ni lo convierte en el escenario de práctica.
Tal precisión no debe perderse de vista, en tanto permite delimitar con claridad las responsabilidades que corresponden a cada uno de los actores que intervienen en la etapa productiva. En efecto, mientras el SENA ejerce funciones de carácter formativo, pedagógico y de seguimiento, el ente co-formador asume las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la gestión del riesgo en el cual se desarrollan las actividades prácticas.
En consecuencia, la interpretación del Decreto 1072 de 2015 y de la guía institucional conduce a afirmar que el SENA mantiene, en todo caso, su condición de entidad formadora, y que el carácter de co-formador recae exclusivamente en la entidad, empresa o institución que recibe al aprendiz en un entorno productivo real.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que el objeto y alcance de este documento no es resolver una situación jurídica particular, sino ofrecer lineamientos generales para la interpretación y solución de las situaciones comentadas en la consulta, se responde así:
1. En relación con la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 055 de 2015 y en armonía con lo dispuesto en el numeral 9.1 de la Guía para el desarrollo de la etapa productiva, la obligación de afiliación recae, como regla general, en el ente co-formador o escenario de práctica. No obstante, en aquellos eventos en los cuales este no cuente con la capacidad para asumir dicha obligación, el SENA podrá hacerlo de manera excepcional, previa evaluación del respectivo Centro de Formación, sin que ello implique una modificación de la naturaleza de las responsabilidades derivadas de la ejecución de la práctica.
2. En cuanto a la noción de ente co-formador, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1072 de 2015 y en la Guía para el desarrollo de la etapa productiva, este corresponde a la entidad, empresa, institución u organización que recibe al aprendiz y proporciona el entorno productivo real en el cual se desarrollan las actividades formativas. En consecuencia, el SENA mantiene en todo caso su condición de entidad formadora, encargada de estructurar, orientar y hacer seguimiento al proceso formativo, sin que pueda ser equiparado al escenario de práctica, aun cuando asuma determinadas responsabilidades operativas.
3. En lo que respecta al suministro de elementos de protección personal (EPP), si bien el Decreto 055 de 2015 no establece de manera expresa a qué sujeto corresponde dicha obligación, la interpretación del marco normativo permite concluir que esta no se deriva de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, sino de la gestión del riesgo en el entorno donde se ejecuta la actividad formativa. En consecuencia, la responsabilidad de suministrar los EPP podría recaer en el ente co-formador o escenario de práctica, en tanto es quien controla las condiciones materiales en las que se desarrollan las actividades y, por ende, quien debe garantizar la implementación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
4. De otra parte, no resulta jurídicamente procedente que el aprendiz desarrolle su etapa productiva en una unidad productiva de su propiedad, en calidad de responsable de la misma, en la medida en que ello implicaría la concurrencia de las calidades de aprendiz y de quien provee el escenario de práctica, desnaturalizando la finalidad formativa de la etapa productiva y afectando la adecuada distribución de responsabilidades.
5. Finalmente, en lo que respecta a la definición de los lineamientos operativos para la implementación de las alternativas de etapa productiva, se precisa que dicha competencia corresponde a la Dirección de Formación Profesional, de conformidad con lo previsto en el Decreto 249 de 2004, en tanto es la dependencia encargada de formular políticas, definir estrategias, establecer normas, procedimientos y medios de control para los procesos de formación profesional integral. En este sentido, la Dirección Jurídica, a través del Grupo de Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos, se limita a emitir lineamientos generales de interpretación normativa, sin que le corresponda definir el contenido específico de dichos lineamientos.
Con toda atención, y manifestando nuestra disposición para cualquier aclaración que considere necesaria.
Cordialmente,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General
