RESOLUCIÓN 40406 DE 2026
(agosto 5)
Diario Oficial No. 53.588 de 12 de agosto de 2026
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se delimita el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo, del departamento de La Guajira, denominado “Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira”.
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 5o del Decreto número 381 de 2012, el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023, y el Decreto número 977 de 2024 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2o de la Constitución Política, establece como fines esenciales del Estado, el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8o de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 25 de la Constitución Política, establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Que el artículo 38 de la Constitución Política señala que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.
Que el artículo 64 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023, reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, señalando que: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa (…)”.
Que el artículo 65 de la Constitución Política establece que: “(…) La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras (…)”.
Que el artículo 79 de la Constitución Política, indica que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Que el artículo 113 de la Constitución Política señala que “(…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
Que el artículo 208 de la Constitución Política establece que “(…) los ministros y directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en sus respectivas dependencias. Bajo la dirección del presidente de la República, les corresponde formular las políticas de sus despachos, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley (…)”; en tal sentido, es una facultad del Ministerio de Minas y Energía liderar y ejecutar las políticas y acciones de su área como lo es la de “(…) dirigir y coordinar el sector minero energético nacional (…)”.
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”.
Que los artículos 287 y 288 de la Constitución Política, determinan que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, conforme a la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, que han de ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Que el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política precisa que: “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas (…)”.
Que el artículo 332 de la Constitución Política, determina que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
Que de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1o del Acto Legislativo 3 de 2011, “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los Servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.(…)”.
Que el artículo 6o de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.
Que el artículo 1o de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), determina que el aprovechamiento de los recursos mineros se debe realizar: “(…) en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”.
Que por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, cuyo objetivo es:
“sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se materializa en cinco (5) transformaciones de las cuales resultan relevantes en el proceso de creación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, las siguientes: “1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua”. Sus objetivos centrales son la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación. Este enfoque funcional orienta procesos de planificación territorial participativos, asegurando la incorporación de las voces de quienes habitan en los territorios; (…) y, “4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática”. Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, siendo intensivas en conocimiento e innovación, respetando los derechos humanos, y construyendo resiliencia ante los choques climáticos.
Que, con estas transformaciones, se busca una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad, aumentando la riqueza de manera incluyente. Esto implica dejar atrás progresivamente la dependencia de actividades extractivas y avanzar hacia una economía reindustrializada, soportada en las potencialidades territoriales y en armonía con la naturaleza.
Que el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023, creó los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, como “ (…) un instrumento de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional para alcanzar la sustentabilidad de las regiones donde se desarrollan operaciones y proyectos mineros, promover la asociatividad entre mineros y mineras de pequeña escala, así como la industrialización a partir de minerales estratégicos, el desarrollo de nuevas alternativas productivas, la reconversión laboral, de ser necesaria, la Solución concertada de los conflictos ocasionados por la minería, y generar condiciones para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones. (…)”.
Que así mismo, el citado artículo, designó al Ministerio de Minas y Energía para coordinar con la autoridad minera, las autoridades ambientales y demás entidades competentes, la facultad de delimitar el área de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva.
Que de igual manera, en el mismo artículo se estableció que para la delimitación del área de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, los siguientes: a) el tipo de operación minera que se desarrolla, el volumen de producción y el grado de concentración minera; b) la tradición minera de las comunidades; c) la existencia de otras actividades productivas complementarias y sus oportunidades de fortalecimiento, incluyendo la posibilidad de proyectos bioeconómicos; d) el estado de deterioro, de existir, de los ecosistemas y territorios donde se ha realizado la actividad minera, su capacidad de rehabilitación y las estrategias de conservación; e) el catastro multipropósito para fomentar usos complementarios del suelo; y, f) el fomento a la industrialización y otras alternativas de adición de valor.
Que, por último, en esa misma disposición se prevé que en las áreas delimitadas de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva se promoverá el desarrollo de otras actividades productivas, aprovechando las diferentes vocaciones de los territorios a través del despliegue integral de la oferta institucional, consagrada en la normativa vigente.
Que mediante el Decreto número 977 de 2024 “Por el cual se reglamenta el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y se adiciona el Capítulo 12, al Título V, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto número 1073 de 2015, en relación con la identificación, priorización, delimitación e implementación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva”, se establecen los principios, objetivos, criterios, mecanismos y herramientas para la identificación, priorización y delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, así como para la elaboración, implementación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico de Gestión.
Que de acuerdo con los principios que orientan la identificación, priorización, diseño y delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, estos procurarán el desarrollo equitativo de los municipios que converjan en el área delimitada, de acuerdo con su potencial productivo y, para tal efecto, su delimitación promoverá el concurso de territorios colindantes que generen sinergias en la búsqueda del desarrollo productivo y social; promoverán la implementación de programas de restauración y rehabilitación ecológica en los territorios delimitados; reconocerán la aptitud del territorio, el potencial geológico-minero, las potencialidades para el desarrollo de encadenamientos productivos, asociativos y las particularidades ambientales, culturales y económicas de las áreas geográficas involucradas; procurarán la diversificación productiva y laboral mediante la reindustrialización, el uso sostenible de la biodiversidad, actividades de economía circular e innovación; entre otros.
Que el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.12.2.1 del Decreto número 1073 de 2015, adicionado por el Decreto número 977 de 2024 establece que el Ministerio de Minas y Energía o a quien este delegue, a partir de las herramientas de ordenamiento y planeación del territorio (POT, EOT, PBOT, POMCA, entre otros), la información oficial disponible o la dispuesta por las entidades nacionales y territoriales competentes, verificará las condiciones de manera preliminar del área que conformará el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva.
Que el artículo 2.2.5.12.2.2 del mencionado decreto, igualmente señala que: “Para la identificación, priorización y la delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, se contará con la información de que trata el artículo anterior, para lo cual: 1. El Ministerio de Minas y Energía, o quien este delegue, procurará la información necesaria y solicitará por escrito la información pertinente a las diferentes entidades del orden nacional, departamental y municipal, tal como se enunció en el artículo anterior, para lo cual indicará los municipios proyectados para delimitación de un Distrito Minero Especiales para la Diversificación Productiva. 2. Cada una de las entidades requeridas procederá a compilar la información conforme su competencia y la remitirá al Ministerio de Minas y Energía, o quien él delegue. (…)”.
Que el artículo 2.2.5.12.2.3 del citado Decreto número 1073 de 2015, adicionado por el Decreto número 977 de 2024, establece que la delimitación del área de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva se adoptará mediante acto administrativo expedido por el Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces, en coordinación armónica con la autoridad minera, las autoridades ambientales y las demás carteras ministeriales concernidas.
Que la Resolución número 1006 del 30 de noviembre de 2023, “Por medio de la cual se determinan los minerales de interés estratégico para el país”, expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), estableció los criterios técnicos y de política pública para identificar y priorizar aquellos minerales fundamentales para la transición energética, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial, la reindustrialización y el abastecimiento interno. En el área del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira se ha, identificado la presencia de minerales estratégicos como el cobre, la caliza y los materiales de construcción, los cuales cuentan con antecedentes de exploración, titulación y/o explotación en el territorio.
Que así mismo, los estudios geológicos disponibles evidencian un potencial prospectivo para otros minerales estratégicos contemplados en dicha resolución, entre ellos los fosfatos, las arenas silíceas y los minerales asociados al magnesio, cuya evaluación y eventual aprovechamiento podrían contribuir a ampliar la base productiva regional. Estos recursos representan una oportunidad para promover procesos de agregación de valor, industrialización, diversificación productiva, fortalecimiento de cadenas productivas regionales y generación de nuevas alternativas económicas que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio, en concordancia con los objetivos nacionales de transición energética justa, seguridad alimentaria y transformación productiva.
Que la necesidad de delimitar geográficamente el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira se fundamenta en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, el cual orienta la acción del Estado hacia la Transición Energética Justa, la Transformación Productiva, la Acción Climática y la Convergencia Regional, con el propósito de transitar de una economía dependiente de las actividades extractivas hacia una economía productiva, sostenible y reindustrializada.
Que, los días 25 y 26 de noviembre de 2024, se realizó en Riohacha la “Cumbre Minera en La Guajira. Diálogos Climáticos por la Diversificación Productiva y la Transición Energética Justa”, espacio que contó con la participación de alrededor de 300 personas integrantes de organizaciones sindicales y juveniles, autoridades étnicas, empresarios, las ONG, centros de pensamiento e instituciones educativas, autoridades locales y nacionales, entre otros, en la cual se recogieron necesidades y propuestas del territorio en torno a la dependencia a la explotación carbonífera en la región y sus consecuencias[1].
Que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) en cumplimiento de su objetivo misional, contenido en el artículo 3o del Decreto número 2121 de 2023 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)” orientado a planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos; producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas, elaboró junto con el Ministerio de Minas y Energía, el diagnóstico denominado “Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira”.
Que dicho diagnóstico fue publicado en la página web de la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME) el día 16 de mayo de 2025 y fue considerado como uno de los principales insumos para verificar, de manera preliminar, las condiciones de las áreas delimitadas y el cumplimiento de los criterios establecidos para la delimitación del distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.12.2.1 del Decreto número 1073 de 2015, adicionado por el Decreto número 977 de 2024.
Que la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía elaboró el documento técnico de vértices y sistemas de coordenadas para el “Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira”, el cual contiene su definición geográfica. Esta delimitación se fundamenta en la base de datos de entidades territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)[2] con fecha de actualización al 31 de enero de 2026. Asimismo, el cálculo de coordenadas de los vértices que lo integran se presenta en el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia (Magna Sirgas Origen Único Nacional y Geográficas GCS-Magna), conforme a lo establecido por el IGAC[3].
Que la subregión de la Baja Guajira se encuentra ubicada en el departamento de La Guajira, limita por el norte la subregión de Media Guajira, al este con la República Bolivariana de Venezuela; y al sur y suroeste con el departamento del Cesar y está conformada por diez (10) municipios (Albania, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar).
Que el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira está integrado por los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo; comprendiendo un área aproximada de 155.927,43 hectáreas, de conformidad con los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2025).
| Municipio | Veredas | Área | % con respecto al DMEDP |
| Barrancas | Papayal, San Pedro, Carretalito, Oreganal, Pozo Hondo, Guayacanal | 79.921 | 51,29% |
| Hatonuevo | Hatonuevo, Villa Martín, Sabanas, Pozo Hondo, Cotoprix. | 21.414 | 13,74% |
| Albania | Wareware, Cuestecitas, Los Remedios, Porciosa | 54.476 | 34,96% |
| Total | 155.811 | 100% | |
Tabla No 1. Municipios que conforman el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira.
Que desde la década de 1980, la explotación de carbón térmico a gran escala ha consolidado una marcada dependencia económica en el departamento de La Guajira, con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, contribuyendo a la economía nacional y consolidando una marcada dependencia a la exportación del mineral, sin que los beneficios de esta actividad hayan redundado siempre en el bienestar de la población local, en encadenamientos productivos, ni en el impulso de otros renglones económicos necesarios para promover la industrialización regional.
Que con base en los análisis territoriales, demográficos, socioeconómicos, culturales y productivos contenidos en el diagnóstico del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira, se concluye que los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo conforman un territorio con una importante diversidad étnica y cultural, una profunda tradición minera y una alta dependencia económica de la actividad carbonífera, circunstancias que hacen necesaria la implementación de estrategias de diversificación productiva, industrialización, reconversión laboral y fortalecimiento de nuevas actividades económicas, en armonía con las particularidades territoriales, sociales y culturales de sus comunidades.
Que esta generación de impactos sociales, ambientales y económicos han producido un escenario permanente de conflictividad socioambiental, protagonizado por la movilización social y acciones judiciales que han devenido en fallos judiciales[4] que requieren ser atendidos para promover la justicia y la garantía de derechos.
Que los municipios del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira enfrentan altos desafíos en términos de pobreza, desigualdad y acceso a servicios básicos, evidenciando la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la inclusión social, la equidad y el desarrollo territorial sostenible, y por sus características, tienen la potencialidad para la diversificación productiva en sectores como la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, el turismo y la industria lo que representa una oportunidad para impulsar un desarrollo económico sostenible y reducir la dependencia de la minería, a través de la creación del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira.
Que mediante el memorando número 3-2026-027037 de 2026, la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía emitió concepto técnico mediante el cual recomendó la delimitación del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira en los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo; concluyendo que, si bien la histórica explotación de carbón a gran escala en dicho territorio ha contribuido al desarrollo económico regional y a la generación de ingresos públicos, también ha expuesto al territorio a los riesgos asociados a las fluctuaciones del mercado internacional y a complejos desafíos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, el citado concepto advierte sobre presiones en los recursos naturales y afectaciones a ecosistemas y comunidades étnicas que han sido objeto de pronunciamientos judiciales, destacando la sentencia SU-698 de 2017 de la Corte Constitucional; escenario que hace imperativo promover mecanismos de planificación y articulación institucional que contribuyan a la reconversión productiva, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de alternativas económicas complementarias.
Que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante concepto técnico-jurídico bajo el Radicado número 2026-2-002410- 027539 del 28 de mayo de 2026, emitido en respuesta a la solicitud del Ministerio de Minas y Energía, identificada con el número 2-2025-061773, informó que dentro del polígono objeto de delimitación se identificó la presencia de veinte (20) resguardos indígenas, ciento diecisiete (117) comunidades indígenas y dos (2) Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP). No obstante, dicha autoridad concluyó que, dadas las particularidades de la medida administrativa, la expedición de la resolución de delimitación del distrito no requiere agotar previamente el proceso de consulta previa, toda vez que el momento oportuno para su realización corresponde a la etapa de formulación e implementación del Plan Estratégico de Gestión (PEG), fase en la cual se concretarán las acciones, proyectos y medidas específicas susceptibles de generar afectación directa a las comunidades étnicas presentes en el territorio.
Que la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía diligenció el formulario de Abogacía de la Competencia establecido en el Capítulo 30 del Decreto número 1074 de 2015, determinando que el presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia. Por tanto, no se requiere el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con lo establecido en el Decreto número 385 de 2026, la presente resolución se publicó en la página web del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de la ciudadanía, entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 2026, los cuales fueron analizados y resueltos en la matriz establecida para el efecto.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. DELIMITACIÓN. Delimitar el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva en los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo, en el departamento de La Guajira, el cual, para efectos de la presente resolución, se denominará “Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira”, y estará constituido por una extensión de 155.927,43 hectáreas de conformidad con los datos publicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el mapa oficial (Anexo Único).
PARÁGRAFO. El Ministerio de Minas y Energía podrá estudiar la pertinencia de extender el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira a otros municipios aledaños, conforme a los criterios establecidos en el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026) y el Decreto número 977 de 2024, compilado en el Decreto número 1073 de 2015 o, en su defecto promover la conformación de distritos independientes en dichas zonas, para lo cual podrá contar con el apoyo de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y demás entidades competentes.
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira tiene como propósito orientar el desarrollo minero del territorio mediante la agregación de valor, encadenamientos productivos y reindustrialización en la actividad minera de minerales estratégicos; así como la diversificación productiva, el fortalecimiento de la asociatividad, la formalización de los mineros de pequeña escala, la adopción de buenas prácticas mineras y seguridad minera y el desarrollo de la minería sostenible.
De igual forma, busca articular la actividad minera con los sistemas agropecuarios y agroindustriales, promover alternativas económicas y procesos de diversificación productiva, mejorar la gestión socioambiental y facilitar mecanismos de prevención y solución concertada de los conflictos derivados de la actividad minera, garantizando condiciones que contribuyan al bienestar comunitario, la seguridad alimentaria, promoviendo la calidad de vida y la organización del territorio alrededor del agua.
ARTÍCULO 3o. CONFORMACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. La Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira, estará conformada por los siguientes organismos y entidades:
1. La (el) ministra (o) de Minas y Energía o su delegada (o);
2. La (el) ministra (o) de Interior o su delegada (o);
3. La (el) ministra (o) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegada (o);
4. La (el) ministra (o) de Defensa Nacional o su delegada (o);
5. La (el) ministra (o) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegada (o);
6. La (el) ministra (o) de Comercio, Industria y Turismo o su delegada (o)
7. La (el) ministra (o) de Salud y Protección Social o su delegada (o)
8. La (el) directora (or) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o su delegada (o);
9. La (el) presidenta (e) de la Agencia Nacional de Minería (ANM) o su delegada (o);
10. La (el) directora (or) de la Agencia Nacional de Tierras o su delegada (o);
11. La (el) directora (or) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o su delegada (o);
12. La (el) directora (or) de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias o su delegada (o)
13. La (el) directora (or) del Servicio Público de Empleo (SPE) o su delegada (o);
14. La (el) directora (or) del Instituto Humboldt o su delegada (o);
15. La Defensora (or) del Pueblo Regional de la Guajira o su delegada (o);
16. La (el) directora (or) de Parques Nacionales Naturales de Colombia o su delegada (o);
17. La (el) directora (or) del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) o su delegada (o);
18. La (el) directora (or) Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) o su delegada (o);
19. La (el) directora (or) del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancoldex) o su delegada (o);
20. La (el) directora (or) del Banco Agrario de Colombia S. A., o su delegada (o);
21. La (el) gobernadora (or) del departamento de La Guajira o su delegada (o);
22. Un (a) delegado (a) de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) (o);
23. Un (a) delegado (a) de la Cámara de Comercio de La Guajira; (o);
24. Un (a) delegado (a) de la Comisión Regional de Competitividad de la Guajira; (o);
25. Un (a) representante de la Universidad Pública de La Guajira; (o);
26. Un (a) representante de las Universidades Privadas de la Guajira; (o);
27. El alcalde del municipio de Barrancas La Guajira o su delegado (a);
28. La alcaldesa del municipio de Albania La Guajira o su delegada (o);
29. El alcalde del municipio de Hatonuevo La Guajira o su delegado (a).
PARÁGRAFO 1o. Los organismos y entidades públicas que conforman la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira deberán designar mediante acto administrativo a sus delegados, quienes deben ser servidores públicos de los niveles directivos y asesores, que tengan capacidad de decisión para la toma de decisiones de la mesa, de conformidad al artículo 9o y siguientes de la Ley 489 de 1998.
PARÁGRAFO 2o. A las sesiones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira deberá convocarse a dos (2) representantes de cada mesa de trabajo temática o zonal que se conformen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4, quienes llevarán sus conclusiones para considerar su pertinencia en el Plan Estratégico de Gestión (PEG) al que se refiere el artículo 6o de la presente resolución. En el evento que en las mesas de trabajo temáticas o zonales exista participación de organizaciones o comunidades étnicas, uno (1) de los dos (2) representantes deberá ser designado por estas, para los fines previstos en este parágrafo.
ARTÍCULO 4o. CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO TEMÁTICAS O ZONALES. Una vez instalada la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira, y con el propósito de propiciar escenarios de participación de la ciudadanía, como destinataria del Plan Estratégico de Gestión, los organismos y las entidades que hacen parte de ella, en su primera sesión, conformarán las mesas de trabajo temáticas o zonales previstas en el artículo 2.2.5.12.3.2 del Decreto número 1073 de 2015, adicionado por el Decreto número 0977 de 2024, las cuales guardarán relación con el contexto territorial, la vocación productiva del territorio y las condiciones socioambientales y culturales.
PARÁGRAFO. Para la conformación de las mesas de trabajo temáticas o zonales, se garantizarán convocatorias amplias con el fin de contar con la participación de las comunidades a través de sus organizaciones y asociaciones sociales, productivas y ambientales, entre otras, sin ningún tipo de restricción en el número de participantes para su conformación en la forma en que lo determine la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la diversificación productiva de La Guajira.
ARTÍCULO 5o. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL.
Las sesiones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira se realizarán con una periodicidad máxima trimestral. La fecha y hora de las sesiones subsiguientes se fijarán de común acuerdo entre los miembros que conforman la mesa al finalizar cada sesión.
PARÁGRAFO 1o. La primera sesión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional será convocada por la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía quien enviará las citaciones correspondientes, indicando la hora, el lugar y el orden del día, con una antelación no menor a quince (15) días calendario, hasta que la mesa designe a la Secretaría Técnica.
PARÁGRAFO 2o. La asistencia de los organismos y entidades a las sesiones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira es de carácter obligatorio. La inasistencia por parte de alguno de los integrantes dará lugar a la aceptación de la totalidad de las decisiones que allí se adopten, salvo que se haga un pronunciamiento expreso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, que justifique la posición que asume y que, en todo caso, podrá ser replanteada en la siguiente sesión.
PARÁGRAFO 3o. La Mesa de Trabajo Interinstitucional estará presidida por el Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural (ART) brindarán apoyo al Ministerio de Minas y Energía para convocar de manera efectiva a los organismos y entidades que la conforman, y harán seguimiento al cumplimiento de las decisiones que se adopten de conformidad con los mecanismos que se definan en su reglamento interno.
PARÁGRAFO 4o. Una vez instalada la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira, sus integrantes definirán su propio reglamento.
ARTÍCULO 6o. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN. La Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira deberá diseñar y adoptar el Plan Estratégico de Gestión que contenga el análisis de la dinámica socioeconómica, productiva y los determinantes del ordenamiento territorial, la previsión de diálogos territoriales, así como el inventario de la oferta institucional a cargo de entidades y organismos que la conforman, de acuerdo con sus competencias, que estén encaminadas a lograr los objetivos y propósitos de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva previstos en los artículos 2.2.5.12.4.1 al 12.2.5.12.4.11 del Decreto número 1073 de 2015.
Para el diseño del Plan Estratégico de Gestión del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva al que se refiere el inciso anterior, se vinculará la participación y concertación con Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP) y demás grupos étnicos presentes en el distrito delimitado, garantizado la inserción en el diseño y desarrollo del Plan Estratégico de Gestión de los enfoques de etnodesarrollo y de vida formulados por dichas comunidades; y para su aprobación deberá agotarse la consulta previa, conforme lo establecido en el artículo 9o de la presente resolución.
PARÁGRAFO. El Plan Estratégico de Gestión del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira tendrá en cuenta los elementos técnicos, identificados en el documento denominado “Diagnóstico del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira”, incluyendo la caracterización minera del territorio. Así mismo, deberá incorporar el análisis de las dinámicas productivas y de formalización minera, la interacción entre la actividad extractiva y los sistemas agropecuarios del distrito, y las presiones ecosistémicas sobre áreas estratégicas y microcuencas.
Igualmente, integrará las determinantes y la zonificación emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la autoridad ambiental competente, el potencial agropecuario, forestal, acuícola, agroindustrial y eco turístico definido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los insumos elaborados por las mesas de trabajo temáticas o zonales que se conformen en el distrito y la oferta institucional de las entidades que integran la Mesa de Trabajo Interinstitucional, garantizando coherencia con los objetivos de diversificación productiva, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento territorial establecidos en el Decreto número 977 de 2024.
ARTÍCULO 7o. TEMPORALIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN. El Plan Estratégico de Gestión del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira tendrá una duración de cuatro (4) años, contados a partir de su adopción, y podrá ser prorrogado de conformidad con las características y necesidades del distrito, atendiendo en todo momento a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
ARTÍCULO 8o. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN. El Plan Estratégico de Gestión del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira integrará indicadores de resultado e impacto que permitan su seguimiento y evaluar las medidas establecidas, su eficacia y eficiencia. El Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizarán el seguimiento de las acciones propuestas y adoptarán las medidas necesarias para ajustar aquellas acciones que presenten dificultades en torno a lograr los objetivos propuestos en la presente resolución y en el artículo 2.2.5.12.4.11 del Decreto número 1073 de 2015.
ARTÍCULO 9o. GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN. De acuerdo con las competencias de cada organismo y entidades públicas que conforman la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira, se garantizará el diálogo participativo y la construcción de acuerdos con los Pueblos Indígenas, las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) y demás grupos étnicos presentes en las zonas, como un proceso permanente y una herramienta fundamental en el análisis de la dinámica socioeconómica y socioambiental, en el diseño de los Planes Estratégicos de Gestión, así como de su evaluación y seguimiento, conforme a la normatividad legal vigente.
Para la aprobación de los Planes Estratégicos de Gestión de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, se garantizará el derecho fundamental a la consulta previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), Pueblos Indígenas y el Pueblo Rrom cuando haya lugar, de acuerdo con los estándares de la Corte Constitucional en esta materia, en concordancia con el artículo 6o de la presente resolución.
ARTÍCULO 10. INFORME DE PLANIFICACIÓN MINERO-ENERGÉTICA. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en coordinación con las Direcciones de Energía Eléctrica, Formalización Minera y Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y demás entidades relevantes para lograr dicha planificación, deberán presentar un informe de planificación minero energética ante la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira, para su socialización y articulación.
ARTÍCULO 11. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN. La Agencia Nacional de Minería (ANM) deberá presentar ante el Ministerio de Minas y Energía (MME) con anterioridad a la instalación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, un plan de trabajo para la formalización por oferta, en los municipios que integran el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira con acciones diferenciadas para los sujetos de especial protección constitucional.
Asimismo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) reportará, mensualmente el avance en el proceso de formalización, titulación, control, fiscalización, depuración del catastro minero y demás labores que garanticen los objetivos del distrito, conforme a la normatividad vigente en materia de formalización minera.
ARTÍCULO 12. VIGENCIA. El presente acto administrativo rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
5 de agosto de 2026.
El Ministro de Minas y Energía,
EDWIN PALMA EGEA.
Cartografía de delimitación del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de La Guajira.
Fuente: Dirección de Minería Empresarial – Grupo de Planeación y Seguimiento Minero. Grupo de Información. Datos tomados de la plataforma Colombia en Mapas. IGAC 2025.
NOTAL AL FINAL
1. https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/finaliza-con-%C3%A9xito-lacumbre- minera-di%C3%A1logos-clim%C3%A1ticos-por-la-diversificaci%C3%B3n-productiva-y-latransici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-justa/
2. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La Base de Datos Geográfica de Entidades Territoriales contiene los límites de las entidades territoriales, producto del proceso de deslinde aprobado por el competente, fijados o modificados por estos (Asamblea departamental, Congreso de la República de Colombia) y elevado a normatividad: ordenanza, ley o decreto. Se representan sobre cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) acorde con la Ley 1447 de 2011 y su Decreto Reglamentario 1170 de 2015. Para los Distritos la definición y modificación de sus límites está estipulado en la Ley 1617 de 2013. Las Áreas No Municipalizadas, hacen parte de la división territorial, pero no son entidades territoriales (artículo 285 y 286 de la Constitución Política de Colombia, 1991).
3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Resolución número 370 del 16 de junio de 2021.
Por medio de la cual se establece el Sistema de Proyección Cartográfica Oficial para Colombia.
4. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-123-24.htm,
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=158658, https://www.corteconstitucional.gov.co/ relatoria/Autos/2025/A1571-25.htm
