CONCEPTO 17489 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
| Para: | XXXXX |
| De: | Carolina Ospina Villegas - Coordinadora Grupo Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos - Dirección Jurídica - 1-0020 |
| Asunto: | Permisos sindicales - asignación de recursos para contratación de prestación de servicios |
Mediante comunicación electrónica de fecha 23 de febrero de 2026 radicada con el número 01-92026-013527 solicita concepto jurídico con el propósito de sustentar y justificar las asignaciones de recursos que se solicitan a esa dependencia, necesarios para la toma de decisiones que garanticen la protección de los derechos sindicales en el marco del relacionamiento 2026 y las necesidades del servicio público que han sido elevadas en los diferentes requerimientos.
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
ANÁLISIS
1°. PERMISOS SINDICALES
En desarrollo del artículo 39 de la Constitución Política, el artículo 416-A del Código Sustantivo del Trabajo dispuso que "Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las centrales sindicales".
Por su parte, la Ley 411 de 1997 por medio de la cual se aprobó el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, adoptado en la reunión 64a de la conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978" en su artículo 6 prevé:
"ARTICULO 6o.
1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.
2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado".
Ahora bien, sobre el tema de los permisos sindicales de los sindicatos de servidores públicos, el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" establece en su artículo 2.2.5.5.18:
"ARTÍCULO 2.2.5.5.18. Permiso sindical. El empleado puede solicitar los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión, en los términos establecidos en el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito."
A su turno, el Decreto 720 de 2024 por medio del cual modificaron los artículos 2.2.2.5.1 al 2.2.2.5.4 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a los permisos sindicales, establece:
"ARTÍCULO 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales y servidores públicos sindicalizados. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan permisos sindicales remunerados, razonables y de acuerdo al grado de la organización, proporcional al número de afiliados y necesarios para el cumplimiento de su gestión, teniendo en cuenta la estructura nacional y territorial con que cuente la organización sindical, lo anterior sin perjuicio de los permisos ya concedidos para los dirigentes de las organizaciones sindicales.
"ARTÍCULO 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual gozarán los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones; juntas directivas, subdirectivas, comités seccionales, comisión de reclamos y afiliados de los sindicatos, así como para los delegados previstos en los estatutos para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.
(...) "ARTÍCULO 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al nominador o al servidor público que éste delegue para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución.
Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo 2.2.2.5.1. de este Decreto, en el marco de la Constitución Política, atender oportunamente y no entorpecer las solicitudes que sobre permisos sindicales soliciten las organizaciones sindicales de los servidores públicos, so pena de las consecuencias disciplinarias que genere tal omisión.
PARÁGRAFO. Igualmente se podrá otorgar permiso sindical a los afiliados y dirigentes de las organizaciones sindicales de servidores públicos elegidos para que los representen en jornadas de capacitación y formación relacionada con su actividad sindical.
"ARTÍCULO 2.2.2.5.4. Términos para el otorgamiento de permisos sindicales. Los permisos sindicales deberán ser solicitados por escrito por el Presidente o Secretario General de la organización sindical, como mínimo con ocho (8) días de antelación a la fecha para la cual se solicita el permiso, cuando se trate de delegados previstos en los estatutos sindicales para las asambleas sindicales, la negociación colectiva y los procesos de capacitación y formación y, de cuatro (4) días previos a la fecha para la cual se solicita el permiso cuando se trate de directivos, a efectos de que la entidad pública pueda autorizarlos.
El nominador o la autoridad responsable dará respuesta de fondo mediante acto administrativo motivado, el cual indicará el nombre del servidor a quien se le otorga el permiso, la finalidad y el término de su duración según corresponda
La única razón por la que se puede negar o limitar el permiso sindical es demostrando que con la ausencia del servidor público se afectará la debida prestación del servicio que debe prestar la entidad a la que pertenece, sin que sea posible en forma alguna superar la ausencia..." (Negrillas y subrayado fuera de texto)
Respecto a los permisos sindicales de los servidores públicos, la Corte Constitucional en Sentencia T-063 de 2014 expresó:
"(...) el empleado que solicite tal beneficio debe hacerlo bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con la finalidad de que no se configure un abuso del derecho; y por el otro, el empleador así como está facultado para conceder el permiso, también lo está para tomar la decisión contraria, siempre y cuando '[exponga] los argumentos que razonadamente lo obligan a adoptar esa decisión, para que así se justifique la limitación del ejercicio legítimo del derecho que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores'".
En este fallo la Corte aclaró que ello "significa que, si bien pueden ser limitadas ciertas garantías a los servidores públicos por la función que sobre ellos está a cargo, no por esa razón debe impedirse su ejercicio al punto de restringir por completo la actividad de la organización y afectar o desnaturalizar la esencia del derecho de asociación sindical". (Ver Sentencia T-464 de 2010)
En relación con la afectación en la prestación del servicio, la Corte Constitucional en Sentencia T- 988A de 2005 señaló:
"(...) Así las cosas, en el evento de que la concesión de los permisos sindicales interfiera con el normal funcionamiento de la administración, es a las autoridades públicas a las que les corresponde adoptar medidas alternativas y efectivas para garantizar la adecuada prestación del servicio a los asociados"
En la Sentencia T-063 de 2014 la Corte sostuvo que el empleador puede negar el permiso únicamente ante la grave afectación del servicio:
"(...) Así, aunque este tribunal ha encontrado justificadas las limitaciones que se imponen a la concesión de los permisos sindicales, en tanto 'su abuso mengua la importancia de éstos y mina, en sí mismo, la eficacia y preponderancia del accionar sindical', también ha hecho énfasis en que el empleador puede negar el permiso únicamente bajo la prerrogativa de la grave afectación de las labores que debe realizar el trabajador, y siempre y cuando motive debidamente dicha denegación.
En caso contrario tal limitación resultaría desproporcionada e injustificada, y conllevaría la vulneración del derecho de asociación sindical".
Ahora, si bien los representantes de los sindicatos de servidores públicos tienen derecho al otorgamiento de permisos en los términos del Decreto 720 de 2024, que modificó los artículos 2.2.2.5.1 al 2.2.2.5.4 del Decreto 1072 de 2015, no es menos cierto que los permisos sindicales no tienen carácter permanente, circunstancia que debe tenerse en cuenta al momento de analizar su otorgamiento.
Sobre el particular, el Consejo de Estado en Sentencia del 17 de febrero 1994 señaló:
"El otorgamiento de permisos sindicales, - especialmente los transitorios o temporales -, no quebranta el principio constitucional según el cual no habrá en Colombia empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. El directivo sindical tiene que cumplir, normal y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña; los permisos sindicales no lo liberan de esa obligación, aunque en ocasiones sólo deba atender su tarea de manera parcial, para poder ejercitar en forma cabal su calidad de líder o directivo sindical. Lo uno no es incompatible con lo otro (...) Otra cosa es que se pretendiera implantar esos permisos con el carácter de permanentes; especialmente, mientras no exista norma clara y expresa al respecto (...)
Naturalmente, esos permisos temporales o transitorios deben ajustarse al estricto cumplimiento de funciones o actividades sindicales, porque de lo contrario, se afectaría injustificadamente el servicio público. Por ello, es lo deseable que en el propio acto administrativo que los conceda se hagan constar específicamente aquéllas, a fin de evitar abusos y distorsiones que nada tengan que ver con la protección y amparo del derecho de asociación sindical.
Por otra parte, la Sala quiere decir que no se ajustan a la filosofía de esta figura - en el sector público- las prórrogas indefinidas o continuas que, sin soporte alguno, convierten esta clase de permisos en permanentes." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, magistrado ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, radicado 3840)
De igual manera, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP - sobre el mismo tema ha emitido varios conceptos, algunos de los cuales destacamos a continuación:
Concepto 006741 de 2024:
"(...) Ahora bien, trayendo a su conocimiento lo considerado por la Corte Constitucional en relación a la concesión de los permisos sindicales, este alto tribunal es consistente al referirse sobre este como un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la asociación sindical, cuyo fin es permitir la ausencia al lugar del trabajo en horas laborales a los aforados, para que estos puedan cumplir con las tareas propias de la función sindical, sin embargo, ante la inminencia de la afectación del servicio por el otorgamiento de estos, el nominador podrá abstenerse de concederlos o limitarlos, justificando claro está el porqué de la negativa.
Con todo, lo que se dejó expuesto, y abordando su caso en particular, es claro que estos permisos sindicales deben encontrarse enmarcados en la necesidad de otorgarlos en el tiempo estrictamente requerido para adelantar las gestiones de la organización sindical respectiva, interfiriendo al otorgarlo con el normal y habitual cumplimiento de las funciones del servidor, toda vez que no está dedicando la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo en el desempeño de las funciones que le fueron encomendadas.
Así entonces, y para dar respuesta a su tema objeto de consulta, en sujeción a lo dispuesto anteriormente corresponderá a la entidad analizar la duración del permiso y si fue otorgado para separarse unas horas de sus actividades laborales y una vez finalizadas deberá retomarlas. Asimismo, corresponde a la entidad decidir sobre el empleado autorizado para realizar sus actividades sindicales que decide no asistir y retomar sus labores".
Concepto 131461 de 2023:
"R/ La razonabilidad y la proporcionalidad de los permisos sindicales, en términos del Consejo de Estado, el mismo es temporal o transitorio, en tanto, debe ajustarse al estricto cumplimiento de funciones o actividades sindicales, porque de lo contrario se afectaría injustificadamente el servicio público; por ello, es lo deseable que en el propio acto administrativo que los concede se hagan constar específicamente aquellas, a fin de evitar abusos y distorsiones que nada tengan que ver con la protección y amparo del derecho de asociación sindical. Por otra parte, la Sala quiere dejar sentado que no se ajustan a la filosofía de esta figura - en el sector público -, las prórrogas indefinidas o continuas que, sin soporte alguno, convierten esa clase de permisos en permanentes.
R/ En términos del Consejo de Estado, posición acogida por este Departamento Administrativo, el permiso sindical debe ser concertado y razonado a fin de que la organización sindical atienda sus labores sindicales; sin afectar la debida prestación del servicio. Por consiguiente, si bien no hay norma que regule el término máximo de permiso sindical a otorgar, en tanto, este se otorga según lo pactado por la organización sindical y su entidad empleadora. En todo caso, conforme al ordenamiento legal, no procede la ausencia permanente; por cuanto, ante todo, es deber de los servidores públicos cumplir con las funciones asignadas en el ejercicio del empleo". (Ver también DAFP Conceptos 87181, 214681, 183021 de 2023 y 395841 de 2022)
2°. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Conforme con lo previsto en el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2o numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007, el contrato de prestación de servicios es una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la administración o funcionamiento de una entidad pública que tiene como objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía e independencia del contratista, que tiene una vigencia temporal y que no genera prestaciones sociales por tratarse de un contrato y no de una relación laboral. (Ver también artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015)
En relación con la naturaleza del contrato de prestación de servicios y las calidades de las personas que lo celebran, la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, entre otras, mediante las Sentencias C-154 de 1997, C-563 de 1998 y T-392 de 2017.
Ahora, para efectos de la celebración de contratos de prestación de servicios es necesario tener en cuenta lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público":
"ARTÍCULO 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.
Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.
Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar".
En el SENA para la vigencia 2026, mediante las Circulares 233 y 241 de 2025 se impartieron las directricsy lineamientos para la contratación de servicios personales:
Sobre las modalidades para la contratación de prestación de servicios para la vigencia 2026, debe tenerse en cuenta lo previsto en la Circular 233 de 2025 (24 de octubre) expedida por la Directora General (E) en la cual se señala:
" De conformidad con el artículo 2o - numeral 4°, literal h) de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.4.9, 2.2.12.1.4.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (administrativo o de apoyo misional diferente a instructor) se realizará mediante la modalidad de contratación directa, con la persona que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, debiendo cada ordenador del gasto de la Entidad, verificar la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesaria la obtención previa de varias ofertas, de lo cual debe dejar constancia por escrito..."
3°. ACTIVIDAD CONTRACTUAL - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
La actividad contractual del Estado se desarrolla en virtud de los principios de transparencia (artículo 24), economía (artículo 25) y responsabilidad (artículo 26) consagrados en la Ley 80 de 1993, así como en los postulados que rigen la función pública (artículo 209 Constitución Política), los cuales deben cumplirse conforme con los principios de planeación y selección objetiva previstos en los artículos 2o y 13 de la Ley 1150 de 2007.
Dicha actividad contractual sea jurídica, material o técnica, ha de sujetarse a los principios que la inspiran, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, observando de paso las reglas previstas para adelantar la actuación administrativa de carácter contractual mediante las modalidades señaladas en la ley.
Conforme con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación Administrativa, el SENA puede adelantar los procesos de contratación a través de las diferentes modalidades, tales como licitación pública, que es la regla general de los procesos de contratación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o contratación de mínima cuantía.
Para determinar la modalidad de contratación, como bien lo señala el Manual de Contratación Administrativa del SENA, adoptado mediante Resolución 2811 de 2025 es preciso justificar su escogencia, teniendo en cuenta: el análisis que el área interesada debió realizar sobre la necesidad del bien, obra o servicio requeridos, la necesidad a satisfacer, el objeto a contratar, alcance y tipo de contrato, el valor o cuantía del contrato y el plazo, entre otros aspectos, lo cual debe estar acompañado de los estudios previos, estudios del sector, apropiación presupuestal y las condiciones de la contratación que se piensa adelantar, todo ello y con sujeción al principio de planeación.
Sobre el Principio de Planeación en la actividad contractual de las entidades estatales, el Consejo de Estado se pronunció en Sentencia de 29 de agosto de 2007:
" (...) La jurisprudencia de la Sala ha sostenido repetidamente, y así lo reitera ahora, que en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato;. (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria.".[Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera- radicación 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854) Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez]
Para efectos del proceso de contratación, y a la luz de lo contemplado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deberán elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y definir la lista de bienes, obras y servicios que pretenda adquirir durante el año para satisfacer sus necesidades y debe contemplar entre otros aspectos, la siguiente información: i) identificación con el clasificador de bienes y servicios, ii) valor estimado del contrato, iii) tipo de recursos, iv) modalidad de selección y v) fecha de inicio del proceso contractual.
Colombia Compra Eficiente, por conducto de la Subdirección de Gestión Contractual ha manifestado: "el Plan anual de adquisiciones es un instrumento de planificación y orientación de la contratación de las entidades públicas, establecido para identificar las necesidades de contratación, en el que se incluyen, de manera estimativa, los bienes, obras y servicios que la Administración está interesada en adquirir, pero que de ninguna manera restringe las decisiones en la contratación, que habrán de adoptarse dentro de la anualidad respectiva".(Ver Concepto 603 de 2021)
CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo antes expuesto, se encuentra que el permiso sindical hace parte de las garantías consagradas en el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 416 A del Código Sustantivo del Trabajo a favor de las organizaciones sindicales de los servidores públicos para que sus representantes puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho de asociación y libertad sindical.
Si bien los permisos sindicales hacen parte del derecho de asociación y libertad sindical, no es menos cierto que deben ser concedidos dentro de límites razonables, ser proporcionales y consultar a un criterio de necesidad, es decir, "que solo puedan ser solicitados cuando se requieran con ocasión de las actividades sindicales que ameriten el reconocimiento, a los representantes de la organización sindical, del tiempo necesario para que adelanten las gestiones tendientes al funcionamiento del sindicato", como bien lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia T-063 de 2014 antes mencionada.
Los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que deben aplicarse al momento de otorgar el permiso sindical, deben tener en cuenta por una parte que el mismo es transitorio, es decir, no tiene carácter indefinido ni permanente, y de otra parte que no se afecte la prestación eficaz del servicio y el debido funcionamiento de la administración, garantizando el ejercicio del derecho de asociación sindical.
Conviene anotar que el Decreto 1083 de 2015, en sus artículos 2.2.8.3.1 y siguientes, permite a los directivos sindicales concertar y ser evaluados en su desempeño armonizando el ejercicio de su actividad sindical con el cumplimiento de las funciones del cargo que desempeña.
En resumen, el permiso sindical debe ser concertado y razonado con el fin de que la organización sindical pueda atender sus actividades sindicales, sin afectar la debida prestación del servicio y el debido y eficaz funcionamiento de la administración, sin que ello implique el desconocimiento de los derechos y garantías de las organizaciones sindicales. (ver artículo 6o de la Ley 411 de 1997)
A este respecto, debemos recordar que "El directivo sindical tiene que cumplir, normal y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña; los permisos sindicales no lo liberan de esa obligación, aunque en ocasiones sólo deba atender su tarea de manera parcial, para poder ejercitar en forma cabal su calidad de líder o directivo sindical".
Fijadas las condiciones para el otorgamiento de los permisos sindicales, es necesario referirnos a la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios para remplazar al servidor público que goza del permiso sindical.
Como lo prevén las disposiciones legales atrás comentadas, el contrato de prestación de servicios se celebra en aquellos eventos en que la actividad de la administración no puede ser desarrollada por personas vinculadas con la entidad estatal contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual deben tenerse en cuenta lo siguiente:
- La prestación de servicios trata sobre una obligación de hacer para la ejecución de actividades en razón de la experiencia, capacitación y formación de una persona en determinada materia.
- La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y profesional, lo cual constituye el elemento esencial de este contrato.
- La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.
Con sujeción al principio de planeación y acorde con la modalidad de selección de contratación de servicios de apoyo a la gestión, por parte de la dependencia competente del SENA se deberán elaborar los correspondientes estudios previos - que constituyen la justificación de la contratación, que fueren pertinentes y definir las condiciones de la contratación, con arreglo a lo contemplado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual de Contratación del SENA.
Para el efecto, se deberá observar lo previsto en las Circulares 233 y 241 de 2025 en relación con la justificación de la necesidad de la contratación.
En este orden de ideas, consideramos que la dependencia competente no puede celebrar contratos de prestación de servicios simplemente para suplir la ausencia temporal de un servidor público, a quien se le concedió permiso sindical por un tiempo determinado para el estricto cumplimiento de actividades sindicales, pues de no ser así, se afectaría injustificadamente el servicio público, tal como previamente se expuso.
De esta suerte, la viabilidad jurídica para la asignación de recursos adicionales destinados a la contratación de servicios personales en regionales y centros de formación profesional, con el propósito de contratar personal que cubra la ausencia temporal de servidores públicos con permiso sindical, será procedente:
Si el proceso de contratación de prestación de servicios bajo la modalidad de contratación directa de que tratan la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 cuenta con la justificación de la necesidad de la contratación, las apropiaciones presupuestales respectivas, su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.
Si se cumplen los requisitos, procedimiento y condiciones establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1174 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones.
Si no existe personal de planta que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo o entidad. (Decreto 1068 de 2015)
Con todo, y sin perjuicio de lo anterior, es preciso que por parte de la dependencia respectiva se verifique si es posible que, mientras dure la ausencia temporal del servidor público a quien se le ha concedido permiso sindical, puedan asignarse funciones también temporales a otro servidor público de la misma área, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, pues como bien se desprende de lo expresado por el Consejo de Estado en el fallo ante dicho, riñen con la filosofía del permiso sindical "las prórrogas indefinidas o continuas que, sin soporte alguno, convierten esa clase de permisos en permanentes".
En el caso de la contratación de instructores como antecedente para la eventual contratación de personas que remplacen a los dirigentes con permiso sindical, debe tenerse en cuenta que las condiciones para su contratación, además de las previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tienen unas particularidades propias: Por un lado, la inclusión y registro previo de los aspirantes en el Banco de Instructores, y por otro lado, la misión que la Ley 119 de 1994 le otorgó al SENA para brindar y garantizar la formación profesional integral en el marco de sus objetivos y funciones.
Finalmente, es importante que se tenga en cuenta las restricciones que en materia de contratación directa ha impuesto la Ley 996 de 2005 denominada Ley de Garantías Electorales en razón al proceso electoral que actualmente se adelanta en el país. Para el efecto, debe revisarse y darse cumplimiento a las directrices y lineamientos indicados en la Circular 134 de 2025 emanada de la Dirección Jurídica.
El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.
Cordial saludo,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General
