CONCEPTO 42793 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-0020
Bogotá, D.C.
Señor
XXXXX
| Asunto: | Respuesta consulta responsabilidad solidaria contratos de vigilancia y servicios generales |
Mediante correo electrónicos radicado con el número 7-2026-201283 de fecha 28 de abril de 2026 solicita la revisión y concepto jurídico de varias situaciones que se están presentando con los trabajadores contratados por las empresas contratistas de los servicios tercerizados por el SENA, como Vigilancia y Servicios Generales, teniendo en cuenta el compromiso adquirido en la reunión de relacionamiento sindical de SINDESENA con la Administración del SENA.
Para el efecto formula una serie de preguntas, las cuales serán respondidas a continuación:
PREGUNTA 1. En SENA terceriza el servicio de vigilancia y la prestación de servicios generales, mediante contratos con empresas que contratan y suministran el personal a la Entidad.
1a. ¿Existe responsabilidad solidaria del SENA o no, ante posibles reclamaciones de trabajadores con estabilidad laboral reforzada de una empresa contratista, que terminan su labor con una empresa que finalizado su vínculo con el SENA y no son contratadas por la nueva empresa que prestará el mismo servicio en la entidad?
1b. ¿Qué condiciones deberían incorporarse en los pliegos de condiciones para las licitaciones de contratos tercerizados en el SENA que suministran personal, para evitar el desconocimiento de derechos laborales y posteriores reclamaciones de trabajadores con estabilidad laboral reforzada, donde la entidad pueda ser convocada solidariamente a las pretensiones del demandante?
RESPUESTA:
1a. Sobre la solidaridad laboral, la Corte Constitucional en Sentencia C-593 de 2014 expresó:
"(...) La solidaridad laboral dispuesta en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo asegura que este mecanismo de contratación no se convierta en un método utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales, y por tanto, en el caso en que decidan contratar a través de terceros el desarrollo de funciones propias de su objeto social, de igual manera, serán responsables tal y como si hubiesen contratado directamente. Ello, a diferencia de lo señalado por el actor, desarrolla los principios constitucionales que rigen las relaciones laborales contenidas en el artículo 53, entre los que se encuentran la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el principio de favorabilidad y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Así mismo, es acorde con la jurisprudencia de la Corporación que ha considerado que los procesos de tercerización son ajustados a la Norma Superior, siempre y cuando no se utilicen como herramientas para disfrazar una verdadera relación laboral. Por el contrario, el legislador, a través del artículo 34 del Código Sustantivo, ha propendido por poner freno a estos abusos, poniendo en cabeza del beneficiario de la obra el pago de los salarios y prestaciones, cuando se presume que está utilizando al contratista independiente para ocultar una relación de subordinación con sus trabajadores. Esto ocurre cuando contrata la prestación de servicios de su objeto propio o funciones afines al mismo...". ( ver también Corte Constitucional Sentencia T-889 de 2014)
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de junio de 2009 sostuvo:"(...) en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado.". (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia No. 33082 del 2 de junio de 2009, magistrado ponente Gustavo José Gnecco Mendoza; ver también Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia No. 35874 del 19 de marzo de 2010 - magistrado ponente Gustavo José Gnecco Mendoza).
De lo anterior se infiere que el SENA, al celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia o de servicios generales, no está tercerizando dichos servicios, pues éstos no hacen parte de la misión, objeto o funciones de la Entidad.
Por tanto, aquellas actividades que están reguladas y controladas de acuerdo con leyes especiales, como ocurre con el servicio de vigilancia o servicios generales, deberán ser contratadas por la Entidad con personas jurídicas cuyo objeto principal sea la prestación de esos servicios, toda vez que constituyen actividades de apoyo y no de carácter misional.
Ahora bien, en relación con la estabilidad laboral reforzada, debemos señalar que el trabajo tiene protección constitucional por mandato del artículo 13 de la Carta Política que garantiza la estabilidad en desarrollo del principio de igualdad, en especial en personas con específicas circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta ( mujeres embarazadas, personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, aforados sindicales, madres o padres cabeza de familia, entre otros), por lo que es necesario asegurarles condiciones de estabilidad en el empleo, pues, de no contar con esta protección reforzada, se causarían graves afectaciones a sus derechos fundamentales.
Sobre las características de esta protección, la Corte Constitucional en Sentencia T-337 de 2009 señaló:
"(...) implica la titularidad del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, esto es, (i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que la autoridad laboral respectiva autorice el despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el despido pueda ser considerado eficaz. (...)"
El derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en términos de la Sentencia T-320 de 2016 proferida por la Corte Constitucional: "(i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz"".
Al existir diferentes formas de vincularse tanto en el sector público como en el sector privado, con características particulares de permanencia y retiro, la estabilidad laboral se manifiesta de manera diferente en cada una de ellas.
La Corte Constitucional en Sentencia T-434 de 2020 aclaró que la estabilidad laboral reforzada no implica una prohibición absoluta de despidos, sino que exige que cualquier terminación de la relación laboral se realice conforme con la Constitución. Se indicó que los despidos deben ser autorizados por el Ministerio del Trabajo, garantizando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las facultades del empleador.
En el caso que nos ocupa le corresponde al empleador garantizar la protección laboral de aquellos trabajadores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, dado el vínculo laboral existente en virtud del contrato de trabajo celebrado entre las partes.
1b. La actividad contractual del Estado se desarrolla en virtud de los principios de transparencia (artículo 24), economía (artículo 25) y responsabilidad (artículo 26) consagrados en la Ley 80 de 1993, así como en los postulados que rigen la función pública (artículo 209 Constitución Política), los cuales deben cumplirse conforme con los principios de planeación y selección objetiva previstos en la Ley 1150 de 2007.
Para efectos de determinar la modalidad de contratación, como bien lo señala el Manual de Contratación del SENA, adoptado mediante Resolución 1-02811 de 2025 expedida por el Director General del SENA, es preciso justificar su escogencia, teniendo en cuenta: el análisis que el área interesada debió realizar sobre la necesidad del bien, obra o servicio requeridos, la necesidad a satisfacer, el objeto a contratar, alcance y tipo de contrato, el valor o cuantía del contrato y el plazo, entre otros aspectos, lo cual debe estar acompañado de los estudios previos, estudios del sector, análisis de riesgos, apropiación presupuestal y las condiciones de la contratación que se piensa adelantar, todo ello con sujeción al principio de planeación. [Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera- radicación 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854) Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez]
Conforme con lo anterior, las entidades estatales, entre las cuales se encuentra el SENA, dada su naturaleza jurídica de establecimento público, por virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, tienen la potestad para celebrar diferentes tipos de contratos, entre los cuales se encuentran los definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo que las partes pueden acordar o convenir las cláusulas o estipulaciones contractuales según sus necesidades y conveniencia.
Para efectos de la contratación del servicio de vigilancia, debe tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto Ley 356 de 1994 "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada", el cual establece en su artículo 2o.: "(...) entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin".
Así pues, con sujeción al principio de planeación y acorde con la modalidad de selección de contratación aplicable a la contratación de los servicios de vigilancia en los términos establecidos en el Decreto ley 356 de 1994, por parte de la dependencia competente del SENA se deberán elaborar los correspondientes estudios previos - que constituyen la justificación de la contratación-, constituir las apropiaciones presupuestales (Decreto ley 111 de 1996 artículo 71) que fueren pertinentes y definir las condiciones de la contratación, con arreglo a lo contemplado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual de Contratación del SENA.
Corresponde a la dependencia competente definir en la etapa de planeación, estudios previos y en los pliegos de condiciones los mecanismos para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del contratista.
De igual manera, en el proceso de contratación se debe realizar el análisis y la administración y asignación de riesgos asociados al proceso contractual, entendidos como el conjunto de actividades dirigidas a proteger a la entidad, la cual permite identificar, evaluar, calificar, asignar y dar tratamiento a los riesgos. Por lo tanto, el supervisor o interventor debe conocer, monitorear y analizar la gestión de los riesgos, teniendo presente los resultados de la audiencia de asignación de riesgos en los procesos de licitación pública o los eventos consignados en la matriz de riesgos.
Finalmente, conviene anotar que en el SENA, tanto en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos ( Resolución 3030 de 2025 expedida por el Director General del SENA) como en el Manual de Contratación (Resolución 1-02811 de 2025 expedida por el Director General del SENA), se han proporcionado directrices, lineamientos y orientaciones a los servidores públicos para el adecuado y debido seguimiento a la ejecución de los contratos que celebren las distintas dependencias con competencia para la ordenación del gasto y la celebración de contratos y convenios. (Ver Resolución 1-02862 de 2025 "Por la cual se delegan funciones en materia de contratación y convenios estatales, ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones" expedida por el Director Geneal del SENA).
En este sentido, por ejemplo, la Directora Administrativa - Financiera del SENA expidió la Circular 47 de 2025 mediante la cual se definieron los lineamientos para llevar a cabo la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la vigencia 2025, en las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a nivel nacional.
De igual manera, la Directora Administrativa - Financiera del SENA mediante Circulares 181 y 185 de 2025 se impartieron "Orientaciones para la contratación del servicio de Aseo y cafetería bajo el Acuerdo Marco de Precios quinta generación No. CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008- 2025".
Finalmente, mediante Circular 297 de 2025 (19 de diciembre) la Directora Administrativa - Financiera del SENA impartió instrucciones encaminadas a garantizar la continuidad de los contratos del servicio de seguridad y vigilancia privada con el propósito de garantizar la continuidad, regularidad e ininterrupción del servicio al inicio de la vigencia fiscal 2026, evitando la afectación de servicios esenciales para el adecuado funcionamiento institucional.
PREGUNTA 2. Los contratos que firman las empresas contratistas para prestar los servicios de vigilancia y servicios generales a la Entidad con sus trabajadores son por obra labor, aunque el SENA hace contratos por términos definidos.
2a. ¿Siendo el servicio de vigilancia o servicios generales el objeto misional de la empresa tercerizada se estaría ante posibles violaciones en las normas laborales al realizar contratos por obra labor?
2b. ¿Podría el SENA, tener responsabilidad solidaria ante demandas exigiendo que se declaren contratos indefinidos estos contratos por obra labor?
RESPUESTA: El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 22 define el contrato de trabajo:
"ARTICULO 22. DEFINICION.
1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario".
El artículo 23 ibidem, modificado por el artículo 16 de la Ley 2466 de 2025 dispone que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran los siguientes elementos esenciales:
Prestación personal del servicio; Subordinación; Pago de salario por parte del empleador.
Tales elementos se encuentran contenidos en la relación laboral entre la persona jurídica que presta servicios de vigilancia o de servicios generales y las personas naturales contratadas, pudiéndose configurar entre las partes cualquier tipo de contrato laboral.
Serán las partes - empleador y trabajador - las que definan el tipo de contrato laboral que celebren, conforme con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2466 de 2025.
Debemos recordar que el contrato de trabajo, tal como lo establece el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se celebra entre una persona natural (trabajador) y una persona, natural o jurídica (empleador), en cuya celebración, ejecución o terminación no interviene o participa el SENA.
El SENA, por tanto, no tiene injerencia o participación en el tipo de contrato de trabajo que celebre la empresa de vigilancia o aseo con el personal de trabajadores a su servicio. Será el juez laboral competente el que defina el tipo de contrato de trabajo que debía haberse celebrado o si se presentaron violaciones a las nomas laborales.
En este punto, cabe indicar que el numeral 27 del artículo 74 del Decreto ley 356 de 1994 establece como obligación de las empresas de vigilancia privada: "27. Atender los reclamos que presenten los trabajadores y explicar en forma verbal o escrita a solicitud de los mismos, las condiciones de su vinculación laboral, así como entregar copia del contrato de trabajo en los términos establecidos en la ley".
Sin embargo, en caso de considerarse la existencia de posible vulneración de los derechos laborales de los trabajadores por el tipo de contrato de trabajo, le sugerimos dirigirse a la dirección territorial o inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo del lugar de residencia del trabajador.
PREGUNTA 3. ¿Habría analogía a una sustitución patronal para los empleados, cuando una empresa de vigilancia o de servicios generales que presta los servicios al SENA, es reemplazada por otra que prestará los mismos servicios en las mismas condiciones a la Entidad?
RESPUESTA: Sobre la sustitución patronal, el Código Sustantivo del Trabajo prevé:
"ARTICULO 67. DEFINICION. Se entiende por sustitución de {empleadores} todo cambio de un {empleador} por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios.
"ARTICULO 68. MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO. La sola sustitución de {empleadores} no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes..."
Sobre el particular, la Jefe de la Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de Trabajo en Concepto 308103 del 30 de septiembre de 2009 señaló:
" (...) En conclusión la sustitución patronal consiste en el cambio es de un empleador por otro y no del objeto social, ni razón social de la empresa, por lo tanto, la empresa subsiste y del mismo modo, las obligaciones -con, los trabajadores y no se requiere autorización de los trabajadores para ello.
Asi mismo, le expresamos que la legislación laboral no ha previsto que en caso de sustitución patronal los trabajadores deban suscribir un nuevo contrato de trabajo, sometiéndose a período de prueba, por lo que consideramos que las obligaciones laborales se encuentran vigentes y el nuevo empleador podría continuar con las relaciones laborales en los términos establecidos, teniendo en cuenta que dentro de las justas causas de terminación del contrato de trabajo reguladas en el articulo 62 del C.S.T., no se encuentra la de venta de la empresa."
PREGUNTA 4. Llegan muchas quejas de extrabajadores de servicio de vigilancia y servicios generales a quienes cada que cambian de empresa que presta el servicio al SENA, firman un nuevo contrato con inicio de período de prueba y antes de culminarse éste, son despedidos aduciendo que no han superado el período de prueba, aparentemente sin el debido proceso.
4a. ¿Si un trabajador despedido en este período de prueba aduciendo falta de justa causa, podría el SENA ser convocado solidariamente ante las pretensiones del demandante y estaría el SENA obligado a acudir?
RESPUESTA: El vínculo laboral entre la persona jurídica que preste servicios de vigilancia o aseo (empleador) y el trabajador se rige por el contrato de trabajo que para el efecto hayan suscrito, conforme con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo.
Por consiguiente, el inicio o término del período de prueba, la garantía del debido proceso o la terminación del contrato se surten con ocasión de la relación laboral que exista entre el empleador y el trabajador, sin que el SENA pueda intervenir o participar en las decisiones que adopten las partes.
El contrato de trabajo puede ser terminado por el trabajador o por el empleador. Será el juez competente quien realice el control sobre la legalidad de la terminación del contrato de trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de considerarse la existencia de posible vulneración de los derechos laborales del trabajador, el afectado podrá acudir a la dirección territorial o inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo del lugar de residencia del trabajador.
Ahora, como ocurre con cualquier demanda, el SENA podría ser eventualmente convocado al proceso. Sin embargo, debemos reiterar que el SENA no interviene, participa o tiene injerencia en las relaciones laborales existentes entre el empleador y el trabajador.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el SENA, a través de la supervisión o interventoría del respectivo contrato, deberá verificar que la empresa de vigilancia o de servicios generales cumpla las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y el pago de los aportes parafiscales al Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar correspondientes.
En los anteriores términos se da respuesta concreta, congruente y oportuna a la consulta formulada.
Cordialmente,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Dirección Jurídica - Dirección General
