CONCEPTO 41906 DE 2026
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1-0020
Bogotá, D. C.
| Para: | XXXXX |
| De: | Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos |
| Asunto: | Respuesta a la consulta formulada mediante radicado 20-9-2026-004528, NIS 2026-02-182779 |
Respetado director:
En ejercicio de la competencia atribuida a esta Coordinación por el artículo 3, numeral 1, de la Resolución 3329 de 2025, y en atención a la consulta de la referencia, mediante la cual se solicita conceptuar sobre la "aprobación de contratos de prestación de servicios personales en SECOP II por funcionario distinto del ordenador del gasto", el Grupo Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos emite respuesta en los siguientes término:
CUESTIÓN PREVIA
De la solicitud recibida se advierte que no se pretende la emisión de un concepto como criterio general de interpretación de la ley, sino un pronunciamiento concreto sobre la validez de veinticuatro (24) contratos de prestación de servicios celebrados por una persona distinta del ordenador del gasto. Esta precisión resulta determinante para delimitar el alcance de la respuesta, pues la competencia de la Dirección Jurídica no se extiende a la decisión de situaciones particulares y concretas radicadas en cabeza de los ordenadores del gasto.
En efecto, la competencia de la Dirección Jurídica de la Dirección General del SENA se encuentra regulada por el Decreto 249 de 2004, cuyo artículo 16 establece, entre sus funciones relacionadas con asuntos contractuales, las siguientes:
5. Emitir y establecer las directrices jurídicas para la aplicación de las normas por parte de la entidad. (...) 8. Emitir lineamientos para la contratación, suscripción de convenios nacionales e internacionales, elaboración de actos administrativos, procedimientos para emisión de conceptos, gestión de procesos judiciales, cobro de obligaciones, gestión de recursos y tutelas.
A su turno, la Resolución 3329 del 29 de octubre de 2025 –por la cual se crean y se asignan funciones a los Grupos Permanentes de Trabajo en la Dirección Jurídica del SENA, se deroga la Resolución 1-00264 de 2024, y se dictan otras disposiciones– establece, respecto de la Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos, entre otras, las siguientes funciones:
1. Elaborar y absolver consultas jurídicas de carácter general, sobre asuntos que correspondan a la misionalidad del SENA. (...) 3. Definir directrices jurídicas relativas a la interpretación de las normas jurídicas que interesen a la Entidad, las cuales constituirán para todos los efectos la posición oficial del SENA. (...) 17. Asesorar a la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros de Formación en materia de Contratación Estatal, sin perjuicio de las competencias y funciones asignadas a los diferentes ordenadores del gasto de la Entidad.
Estas precisiones se efectúan para dar claridad al solicitante sobre el alcance de la respuesta: la Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos absuelve consultas y fija directrices de interpretación de carácter general, pero no le corresponde declarar la validez o invalidez de contratos determinados, ni adoptar las decisiones administrativas o contractuales que de ello se deriven, las cuales competen de manera privativa al respectivo ordenador del gasto, conforme expresamente lo reconoce el numeral 17 de la citada resolución.
Sumado a lo anterior, debe señalarse que han transcurrido más de tres (3) meses desde la celebración de los contratos en la plataforma SECOP II por persona sin competencia, asunto sobre el cual esta Coordinación ya ha emitido conceptos y asesoría, entre ellos las respuestas radicadas con los números 01-9-2026-013002 del 20 de febrero de 2026, cuyos criterios se reiteran y complementan en el presente pronunciamiento.
I. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 –sustituido por el artículo 1o de la Ley 1755 de 2015–, los conceptos jurídicos emitidos por las autoridades en respuesta a consultas formuladas en ejercicio del derecho de petición no serán de obligatorio cumplimiento ni ejecución, salvo disposición legal en contrario.
En consecuencia, los conceptos proferidos por la Dirección Jurídica del SENA constituyen orientaciones de carácter general, dirigidas a facilitar la interpretación y correcta aplicación de las normas vigentes. En tal sentido, no resuelven situaciones particulares ni suplen la competencia de las autoridades encargadas de adoptar las decisiones administrativas o contractuales que correspondan.
II. CUESTIÓN PLANTEADA
El problema jurídico central puede formularse en los siguientes términos: ¿puede sanearse la falta de competencia para celebrar un contrato estatal suscrito en la plataforma SECOP II por un funcionario distinto del ordenador del gasto?
Para resolverlo, resulta necesario abordar los siguientes interrogantes subordinados: (i) ¿en quién radica la competencia para contratar en el SENA y es ella susceptible de subdelegación?; (ii) ¿la firma electrónica registrada en SECOP II por un funcionario distinto del ordenador del gasto perfecciona el contrato estatal?; (iii) ¿qué vicio afecta a tales contratos y es dicho vicio saneable?; (iv) ¿qué ocurre con las prestaciones efectivamente ejecutadas?; y (v) ¿qué incidencia tiene la Ley 996 de 2005 cuando los contratos se celebran dentro del período de prohibición?
III. REFERENCIAS NORMATIVAS
-Constitución Política de Colombia: artículos 6, 121, 122, 123, 209 y 211.
-Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública): artículos 11, 12, 13, 23, 24, 26, 40, 41, 44, 45, 46, 48 y 51.
-Ley 1150 de 2007: artículo 21 (que adicionó el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) y artículo 2o, numeral 4 (contratación directa).
-Ley 489 de 1998: artículos 3, 9, 11 y 12 (régimen de la delegación administrativa).
-Ley 527 de 1999: artículo 14 (validez de los contratos celebrados mediante mensajes de datos).
-Ley 996 de 2005: artículo 33 (restricciones a la contratación pública durante el período de garantías electorales).
-Código Civil: artículos 1502, 1740, 1741, 1742 y 1743.
- Decreto 249 de 2004: artículo 4 (Director General del SENA) y artículo 16 (funciones de la Dirección Jurídica).
-Resolución 2862 de 2025 expedida por el Director General del SENA Por la cual se delegan funciones en materia de contratación y convenios estatales,
ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones.
- Sentencia C-101 de 1996 de la Corte Constitucional
-Sentencia del Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de noviembre de 2015. Exp. 31.151, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
-Concepto C-836 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente
- Guía SECOP II – Gestión contractual para Entidades Estatales.
IV. ANALISIS JURIDICO
4.1 La competencia para celebrar contratos estatales: elemento esencial de validez del contrato
La competencia es la institución más importante para comprender la legalidad en el derecho administrativo. En la contratación estatal dicha aptitud se denomina competencia y constituye un presupuesto de validez del contrato. Su fundamento es constitucional: los artículos 121 y 122 de la Constitución Política disponen que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, y que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento; y el artículo 6o superior establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La competencia, en consecuencia, no se presume: debe estar expresamente atribuida.
En el ámbito contractual, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 dispone:
ARTÍCULO 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales. (...) 1.° La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.
La doctrina, recogida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-836 de 2025, distingue dos dimensiones de la competencia contractual: la competencia externa, que es la aptitud que la ley asigna a determinadas entidades para suscribir contratos estatales –incluso cuando carecen de personería jurídica–; y la competencia interna, que es la atribución que la ley hace a un determinado funcionario para expresar la voluntad de la entidad. Esta última no reside en cualquier servidor público, sino, de manera privativa, en el jefe o representante legal de la entidad, a quien corresponde la expedición de los actos precontractuales, contractuales y poscontractuales.
El artículo 209 superior ordena que la función administrativa se desarrolle, entre otros mecanismos, mediante la delegación y la desconcentración de funciones, y el artículo 211 faculta a las autoridades administrativas para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que la ley señale. En desarrollo de ese mandato, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 –adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007– dispone:
Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos públicos en los servidores que desempeñen los cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
El régimen de la delegación en general, se define en la Ley 489 de 1998, cuyos artículos 9o y 12 permiten a las autoridades transferir, mediante acto de delegación, el ejercicio de funciones a colaboradores de los niveles directivo y asesor, y someten los actos del delegatario a los mismos requisitos y recursos previstos para los del delegante. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-101 de 1996, precisó que el concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto: a partir del programa de gastos aprobado, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto.
Para el caso particular del SENA, la competencia para contratar radica originariamente en el Director General, conforme al artículo 4o del Decreto 249 de 2004, y fue delegada mediante la Resolución 2862 de 2025 modificada por la Resolución 584 de 2026 en los Directores Regionales y en los Subdirectores de Centro de Formación, en los siguientes términos:
Artículo 4o. Delegación de la ordenación del gasto y de la celebración de contratos y convenios en las Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro. Delegar la ordenación del gasto y la competencia para realizar todo tipo de contratos y convenios, y las actuaciones contractuales y convencionales que de ellos se deriven, independiente de su naturaleza y cuantía, dentro del área de su jurisdicción, para el desarrollo de las funciones asignadas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan en el marco funcional de cada área, así:
a) En los Subdirectores de Centro de Formación. Los contratos del respectivo Centro de Formación, así como los convenios que no se hayan delegado a otros servidores dentro de la presente resolución.
b) En los Directores Regionales. Los contratos de la respectiva Regional, así como los convenios que no se hayan delegado a otros servidores dentro de la presente resolución.
c) En las Regionales en las que el Director Regional cumpla funciones de Subdirector de Centro, éste suscribirá los contratos y convenios del Centro de formación que no se hayan delegado a otros servidores, dentro de la presente resolución. Cuando el Subdirector de Centro cumpla funciones de Director Regional, éste suscribirá los contratos y convenios de la Dirección Regional que no se hayan delegado a otros servidores, dentro de la presente resolución.
Parágrafo 1. Los directores regionales y los subdirectores de centro, no tendrán competencia para suscribir convenios de cooperación técnica nacional e internacional, convenios marco, ni convenios o contratos con las instituciones bancarias y financieras para el recaudo de los aportes y otros servicios financieros.
Parágrafo 2. La Dirección Administrativa y Financiera emitirá concepto previo, para la suscripción de aquellos contratos relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, a cualquier título.
Parágrafo 3. La delegación establecida en este artículo comprende la competencia para suscribir contratos y convenios destinados a garantizar la adquisición de bienes y servicios que se requiera a través de la segmentación por zonas geográficas o que tengan carácter transversal para la entidad o que sean de uso nacional y/o regional, de acuerdo con la asignación que realice la Dirección General para el efecto mediante acto administrativo o asignación presupuestal, independientemente del área de jurisdicción del delegatario. El ejercicio de esta función delegada deberá ceñirse a los principios de la función administrativa, los principios de las actuaciones contractuales de las Entidades estatales y los valores de la moralidad y ética pública.
De este modo, en las Regionales y Centros de Formación la competencia para celebrar contratos – incluidos los de prestación de servicios– corresponde, en calidad de competencia delegada, a los respectivos Directores Regionales y Subdirectores de Centro, y a ningún otro funcionario.
4.2. La prohibición de subdelegar la competencia delegada
Tratándose de una competencia que los Directores Regionales y Subdirectores de Centro ejercen en virtud de delegación, aquellos no pueden, a su vez, transferirla a otros funcionarios. Así lo prohíbe de manera expresa el artículo 11 de la Ley 489 de 1998:
ARTÍCULO 11. Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación: (...) 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación.
En consecuencia, no opera –ni siquiera de manera temporal, ocasional o circunstancial– una transferencia de la competencia del Director Regional o del Subdirector de Centro hacia otros servidores para la suscripción de contratos a través de la plataforma SECOP II. Cualquier acto que pretenda esa transferencia carece de fundamento legal y no habilita al funcionario receptor para expresar válidamente la voluntad de la entidad. La eventual existencia de instrucciones verbales, encargos informales o autorizaciones de hecho no muda esta conclusión, pues la competencia, por ser materia de orden público, solo puede provenir de la ley, el reglamento o un acto de delegación válidamente expedido.
4.3. El perfeccionamiento del contrato estatal y la firma electrónica en SECOP II
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Esta disposición debe interpretarse armónicamente con el artículo 14 de la Ley 527 de 1999, que reconoce la validez y la fuerza obligatoria de los contratos celebrados mediante mensajes de datos, siempre que se satisfagan los requisitos de integridad, autenticidad y disponibilidad del documento electrónico. Cuando se utiliza la plataforma SECOP II, que permite la gestión integral y la firma electrónica del contrato dentro del sistema, se entiende cumplido el requisito de constar por escrito.
Ahora bien, el perfeccionamiento del contrato no depende únicamente de que conste por escrito: exige, además, que la voluntad de la entidad sea expresada por el servidor competente. El contrato estatal solo se perfecciona, entonces, cuando concurren dos elementos: que la voluntad provenga del ordenador del gasto o de su delegatario expreso, y que conste por escrito –físico o electrónico. La Guía SECOP II – Gestión contractual para Entidades Estatales es inequívoca al señalar que corresponde al ordenador del gasto suscribir el contrato electrónico en la plataforma, lo que reafirma que la firma electrónica válida por parte de la entidad estatal es, única y exclusivamente, la que realice el ordenador del gasto facultado para ello, ya sea por mandato legal o reglamentario, o por acto de delegación.
De la situación expuesta en la consulta y de la evidencia digital aportada se desprende que la firma de los veinticuatro (24) contratos en SECOP II corresponde a funcionarios distintos del ordenador del gasto, lo que configura una falta de competencia que impide tener por expresada la voluntad de la entidad.
4.4. La incompetencia del supervisor para celebrar contratos
La supervisión contractual, conforme a la Ley 1474 de 2011 y a los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, es una actividad de seguimiento y control sobre la ejecución del contrato; en modo alguno otorga competencia para su celebración. La función de supervisión es, por definición, posterior y externa al acto de perfeccionamiento, y obedece a una lógica de vigilancia, no de manifestación de la voluntad contractual de la entidad. Por ello, la firma electrónica del supervisor en SECOP II no suple ni convalida la manifestación de voluntad que solo puede provenir del ordenador del gasto debidamente facultado.
4.5. Efectos jurídicos: la nulidad absoluta del contrato por falta de competencia
La falta de competencia para suscribir el contrato estatal no constituye una mera irregularidad formal: vicia el contrato de nulidad absoluta. El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 dispone:
ARTÍCULO 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1.° Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2.° Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 3.° Se celebren con abuso o desviación de poder; 4.° Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 5.° Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley.
El numeral inicial del artículo 44 remite a las causales de nulidad absoluta del derecho común. El artículo 1740 del Código Civil dispone que es nulo todo acto o contrato al que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, según su especie y la calidad o estado de las partes; y el artículo 1741 califica como nulidad absoluta la producida por objeto o causa ilícita y la generada por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos en consideración a su naturaleza. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada que la falta de competencia en la suscripción de contratos sometidos al Estatuto General de Contratación los vicia de nulidad absoluta por vulneración de las normas de derecho público, en la medida en que tal vulneración configura un objeto ilícito. En palabras del propio Consejo de Estado:
En ese orden, se está en presencia de un vicio de nulidad absoluta, en tanto supone la celebración de un contrato sin la observancia de las normas de competencia de derecho público arriba referidas, es decir, existe objeto ilícito.
A criterio de esta Dirección Jurídica, la firma del trámite en SECOP II por funcionario no competente impide el perfeccionamiento del contrato y da lugar a su nulidad absoluta por falta de competencia. Ya sea que se examine el fenómeno desde la perspectiva de la inexistencia –por ausencia de un elemento esencial, cual es la voluntad válidamente expresada de la entidad– o desde la perspectiva de la nulidad absoluta del artículo 44, el resultado práctico es el mismo: el contrato así suscrito no produce los efectos jurídicos propios de un contrato válidamente celebrado.
4.6. La imposibilidad de saneamiento: la nulidad absoluta es insaneable por ratificación
Resuelto que el vicio es de nulidad absoluta, la respuesta al problema jurídico planteado se impone. El artículo 45 de la Ley 80 de 1993 establece que la nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación. A su turno, el artículo 46 del mismo estatuto dispone que únicamente los vicios de nulidad relativa pueden sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos (2) años sin que se hubiere alegado. De la lectura conjunta de ambas disposiciones se concluye, contrario sensu, que las causales de nulidad absoluta son insaneables.
La doctrina respalda esta conclusión. La expresión legal ratificar significa el saneamiento voluntario de una nulidad y la confirmación del acto viciado por ella; pero, tratándose de la competencia contractual de la Administración, dicha materia es de orden público y, por consiguiente, está excluida de toda posible ratificación o convalidación por las partes –a diferencia del saneamiento que sí procede frente a la nulidad relativa derivada de la incapacidad relativa del contratista particular (artículo 1743 del Código Civil)–. La incompetencia, por afectar el interés general y el principio de legalidad, no puede ser purgada por la voluntad de quienes intervinieron en el contrato.
De ello se derivan consecuencias prácticas inequívocas: el registro posterior del contrato en la plataforma SECOP II no subsana la incompetencia; tampoco lo hace el transcurso del tiempo –en este caso, los más de tres (3) meses transcurridos desde la suscripción–; ni la ejecución material de prestaciones; ni una eventual ratificación posterior del ordenador del gasto. Los contratos así registrados no pueden ejecutarse válidamente ni generan obligaciones exigibles a cargo de la entidad como obligaciones contractuales.
4.7. Incidencia de la Ley 996 de 2005: la prohibición de contratación directa en período de garantías electorales
Existe un segundo plano de análisis que la Dirección Regional debe verificar de manera ineludible: el de la eventual aplicación de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales). El artículo 33 de dicha ley prohíbe a todos los entes del Estado contratar bajo la modalidad de contratación directa durante el período de restricción asociado a determinadas elecciones, salvo las excepciones taxativamente previstas en la propia norma. Esta prohibición es de orden público y de interpretación restrictiva.
La incidencia de esta norma sobre el asunto consultado es directa, por dos razones. En primer lugar, los contratos de prestación de servicios personales y de apoyo a la gestión se celebran, por regla general, bajo la modalidad de contratación directa, conforme al artículo 2o, numeral 4, de la Ley 1150 de 2007. En segundo lugar, si los veinticuatro (24) contratos a que se refiere la consulta fueron suscritos –válida o inválidamente– dentro del período de restricción de la Ley 996 de 2005, sobre ellos recaería, además del vicio de falta de competencia ya analizado, una segunda causal de nulidad absoluta, autónoma e independiente: la de haberse celebrado contra expresa prohibición legal, prevista en el numeral 2o del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
V. CONCLUSIONES
Con fundamento en el análisis precedente, y a título de criterios orientadores de carácter general, esta Coordinación concluye:
1. La competencia para celebrar contratos estatales es un presupuesto de validez del contrato, de orden público, que debe estar expresamente atribuida por la ley, el reglamento o un acto de delegación. En el SENA radica originariamente en el Director General (artículo 4o del Decreto 249 de 2004) y fue delegada, mediante la Resolución 2862 de 2025 en los Directores Regionales y Subdirectores de Centro de Formación, quienes la ejercen como competencia delegada.
2. Por tratarse de una competencia recibida en virtud de delegación, los Directores Regionales y Subdirectores de Centro no pueden transferirla a otros funcionarios, ni siquiera de manera temporal u ocasional, conforme al artículo 11, numeral 2, de la Ley 489 de 1998. Ninguna instrucción, encargo informal o cesión de usuario y contraseña de SECOP II habilita a un servidor distinto para expresar la voluntad contractual de la entidad.
3. El contrato estatal solo se perfecciona cuando la voluntad de la entidad es expresada por el ordenador del gasto competente y consta por escrito. En SECOP II, la única firma electrónica válida por parte de la entidad es la del ordenador del gasto facultado legal, reglamentariamente o por delegación. La firma de un funcionario distinto –incluido el supervisor, cuya función es de mero seguimiento y control conforme a la Ley 1474 de 2011– no perfecciona el contrato.
4. Los contratos suscritos en SECOP II por funcionario distinto del ordenador del gasto adolecen de falta de competencia, vicio que la jurisprudencia del Consejo de Estado encuadra como nulidad absoluta por objeto ilícito (artículo 44 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1740 y 1741 del Código Civil). Según se examine el fenómeno como inexistencia o como nulidad absoluta, el resultado es el mismo: tales contratos no producen los efectos propios de un contrato válidamente celebrado.
5. La falta de competencia, por constituir causal de nulidad absoluta, es insaneable: no puede ratificarse ni convalidarse, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, ni el registro de los contratos en SECOP II, ni el transcurso del tiempo, ni la ejecución material de prestaciones, ni una eventual ratificación posterior del ordenador del gasto, subsanan la incompetencia. Los contratos así registrados no pueden ejecutarse ni generan obligaciones contractuales exigibles, y la actuación procedente es la declaratoria de su nulidad absoluta por la autoridad competente.
Si los contratos fueron suscritos dentro del período de restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 –dado que los contratos de prestación de servicios se celebran bajo la modalidad de contratación directa–, concurre una segunda causal autónoma de nulidad absoluta: la de haberse celebrado contra expresa prohibición legal (artículo 44, numeral 2, de la Ley 80 de 1993).
En los anteriores términos se atiende la consulta formulada.
Cordialmente,
CAROLINA OSPINA VILLEGAS
Coordinadora Grupo Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
