Providencia del Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2014-00644-00_20260430 de 2026
No es nulo el Acuerdo 007 de 2009 expedido por el Consejo Directivo Nacional del SENA, por medio del cual se excluyó del derecho al servicio médico asistencial a los parientes de los funcionarios que ingresaron al SENA con posterioridad a su expedición. "[S]i bien es cierto que el Decreto 907 de 1975, en su artículo 24, autorizó que el SENA asumiera directamente o contratara con una o varias entidades públicas o privadas especializadas en seguridad social, un seguro médico asistencial para los empleados de la entidad y sus parientes, también lo es que desde ese año otorgó al Consejo Directivo Nacional de esa entidad, la facultad de reglamentar las normas internas sobre servicios médicos de sus empleados y sus parientes. Posteriormente, se expidió la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias y reglamentarias, […] a través de las cuales […] se dispuso que las dependencias de las entidades del sector público que presten servicios de salud y cuyo objeto principal no sea la prestación de dicho servicio público no pueden continuar prestándolos de manera directa, salvo que se adapten o se transformen en Empresas Sociales del Estado, toda vez que únicamente las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud están habilitadas para prestar directamente servicios de salud. […] Ahora bien, la Sala observa que la Ley 119 de 1994 […] señaló que los beneficios vigentes, como el servicio médico asistencial, entre otros, podían ser revisados por los órganos competentes del SENA, haciendo la precisión que dicha revisión debía realizarse sujetándose a las normas que los rigen, como lo es la Ley 100 y sus decretos reglamentarios. […] [L]a referida normativa establece que solo continuarán recibiendo los beneficios con el carácter de plan complementario, en la forma como lo vienen haciendo, los trabajadores vinculados a la vigencia de la Ley 100 hasta el término de la relación laboral correspondiente o durante el período de jubilación, y que los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de dicha Ley deben afiliarse al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Entidad Promotora de Salud […]. [E]l Acuerdo acusado respetó la situación de aquellos trabajadores que tenían una vinculación laboral con el SENA antes de 1o. de junio de 2009, esto es, respetó sus derechos adquiridos. […] [E]l trato diferencial […] está debidamente fundado y justificado en una norma legal, esto es, la referida Ley 100 de 1993, en tal sentido, la fecha de ingreso a la entidad demandada sí puede constituirse en un parámetro de medición para el otorgamiento del servicio médico asistencial."
